Después de que el CNE de Ecuador pusiera en peligro la participación electoral de la oposición al gobierno de Lenín Moreno, la visibilidad de la persecución política contra los líderes de la Revolución Ciudadana ha cobrado visibilidad. El exilio de Gabriela Rivadeneira, la encarcelación de Jorge Glas en base a un montaje revelado por elestado.net, los juicios a Rafael Correa que no son reconocidos por la INTERPOL son solo algunos ejemplos del actual escenario político de la nación suramericana.
La abogada Pame Aguirre ha confirmado que “la persecución política en el Ecuador es el plan de gobierno de los últimos tres años. De hecho, es su política pública. El lawfare ecuatoriano sólo puede ser superado por el lawfare boliviano”. Añade además que “el Estado ecuatoriano ha desatendido su función primordial que es garantizar el buen vivir de sus ciudadanos, el acceso a la salud, a la educación, a sus derechos, para dedicarse a perseguir a sus opositores políticos“.
Existe una matriz informativa que sostiene que la Revolución Ciudadana se hace la víctima para esconder sus errores. Ante ello la parlamentaria andina profundiza en la explicación sobre la corrupción.
Expone que “han ejecutado varios tipos de persecución. La persecución administrativa, a través de la Contraloría General del Estado que ha iniciado más de 300 procesos a quienes fueron parte del anterior Gobierno. Existe también una persecución por parte del Servicio de Rentas Internas que no persigue a los grandes deudores, sino a los políticos de la Revolución Ciudadana“.
“La persecución electoral, a través del Consejo Nacional Electoral que en el 2017 nos arrebató el partido Alianza País, fundado por Rafael Correa; en el 2018 no nos permitió inscribir un nuevo partido político, a pesar de tener las firmas correspondientes“, detalla la dirigente progresista, que ha visto cómo “ahora, que logramos, mediante una alianza, tener un partido político, trataron de desaparecerlo a través de un dictamen de la Contraloría General del Estado” que ha aceptado el CNE. “La persecución electoral ha sido constante, y eso es un atentado inminente a la democracia” expresa Aguirre.
Continúa con “la persecución judicial, donde los procesos penales y las investigaciones que ha abierto la Fiscalía General del Estado, han estado dirigidas a los miembros de la Revolución Ciudadana. Han llegado al extremo de sentenciar a personas completamente inocentes, sin prueba alguna, únicamente por ser “correistas””.
En ese contexto se han cometido atropellos a los derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución de Montecristi, aprobada mediante referéndum en 2007, “los allanamientos, la prisión preventiva, los grilletes electrónicos se utilizan permanentemente contra los “correistas”“.
Sobre la persecución al expresidente Correa, Pame Aguirre se pregunta, “cómo no referirnos a los casos creados de manera burda con el único fin de sentenciar a Rafael Correa. Un cuaderno escrito mágicamente en 30 minutos de avión, o un préstamo pagado por $6.000 dólares, son las pruebas “irrefutables” del Caso Sobornos. Si no fuera porque el debido proceso y la presunción de inocencia, son derechos; estas tramas nos darían risa“.
Pame Aguirre explica que “existe otro tipo de persecución, que es igual de dolorosa y potente que las anteriores, y que atenta la opinión pública y a la democracia como tal, que es la persecución mediática, que afecta directamente al buen nombre y al derecho a la honra“.
En esa situación, que se conoce como lawfare, “los medios de comunicación han publicado todo tipo de acusaciones infundadas y han sentenciado en sus titulares y en sus textos, etiquetando de corruptos a todos quienes apoyamos a la Revolución Ciudadana“, explica la dirigente de oposición.
Continúa revelando que “este tipo de persecución que atenta a nuestra honra ha sido uno de los disuasivos para que las personas crean en la política. ¿Quién va a querer hacer política cuando van a tacharte de corrupto sin serlo? Se han violado los principios más básicos de respeto a la dignidad humana. Esta persecución de índole administrativa, judicial, política y mediática no ha dado el resultado que esperaban los perseguidores. Pues su objetivo era anularnos ante la opinión pública y disuadirnos para que nunca más queramos aparecer en una papeleta electoral“.
