Yolanda Díaz: raíces sindicales y poder de negociación

Cuando Yolanda Díaz tomó posesión de su cargo como ministra de Trabajo, poco podía imaginar que sus políticas y decisiones alcanzarían en semanas una mayor magnitud a causa de la crisis de la COVID-19.

Abogada laboralista, exdirigente de Esquerda Unida y militante del PCE, Yolanda Díaz nació en Fene, en el seno de una histórica familia de sindicalistas, y tuvo una amplia trayectoria en la política gallega antes de trasladarse a Madrid.

En los meses que lleva al frente del ministerio, Díaz ha destacado por ser la impulsora de grandes acuerdos con los agentes sociales sin renunciar a las reivindicaciones de su antigua agenda sindical.

Su oratoria directa y clara, así como su gran conocimiento de los temas que defiende, la han convertido en un nuevo referente para sectores de izquierda. ¿Resulta exagerado decir que, por primera vez, el ministerio de Trabajo representa y defiende los intereses de los trabajadores y no de la patronal? ¿Cuáles han sido las políticas reales, más allá de la mística, del ministerio que dirige Yolanda Díaz?

Grandes pactos

Ante la sorpresa de los agentes empresariales que no esperaban capacidad de diálogo de una comunista, Díaz ha demostrado en pocos meses su alta capacidad para llegar a acuerdos, convocando mesas de negociación semanales desde que asumió la cartera. De esta forma, la ministra de Trabajo ha impulsado grandes pactos sociales, algunos de gran calado durante la crisis del coronavirus.

El primer gran pacto social se produjo con el acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros. Aunque este pacto había sido negociado con anterioridad por otros miembros del gobierno, Díaz consiguió el acuerdo definitivo con patronal y sindicatos, obteniendo la primera gran foto de unidad con los agentes empresariales.

Tras la crisis ocasionada por la COVID-19, Yolanda Díaz tuvo que gestionar políticas decisivas para el futuro de los trabajadores, afectados de forma brutal por la paralización de la economía durante la pandemia. En este sentido, volvió a la mesa de negociación para pactar la aplicación de ERTEs con patronal y sindicatos, así como sus sucesivas prórrogas.

La gestión de los ERTEs ha ocasionado alguna sombra dentro de la luz global de una medida que ha paliado la situación de muchos trabajadores que se veían abocados a un despido. El Estado ha podido rescatar a muchos trabajadores de una situación alarmante y les ha otorgado protección social gracias a un gran esfuerzo económico; un esfuerzo que ni en ésta ni en anteriores crisis han realizado los grandes empresarios.

Además de la puesta en marcha de la decisión en sí, el ministerio ha establecido medidas para dejar fuera de los ERTEs a empresas con sedes en paraísos fiscales o que repartieran dividendos entre sus accionistas. De la misma forma, ha prohibido la realización de horas extras o la contratación de nuevo personal mientras se esté en situación de ERTE. Medidas obvias desde un punto de vista ético, pero que nunca se habían evidenciado hasta ahora.

Por último, la ministra de Trabajo ha vuelto a alcanzar un acuerdo en los últimos días: el pacto para la “Reactivación Económica y el Empleo” que será decisivo para reconstruir el empleo tras el verano y ha contado, de nuevo, con la aprobación global de todos los agentes sociales.

Otras medidas

Además de estos grandes pactos sociales, el ministerio de Trabajo también ha legislado sobre otras medidas importantes: una de ellas fue la derogación del despido objetivo por baja médica. “A partir de ahora, no se podrá despedir a nadie con una causa justificada de baja por enfermedad”, llegó a decir la ministra. Una afirmación muy relevante pero no del todo cierta.

A pesar de que todo avance es bueno para el trabajador, también hay que decir que la derogación del articulo 52D del Estatuto de los Trabajadores no significa que se prohíba el despido de un trabajador de baja por enfermedad; simplemente que el despido pasa a ser improcedente, lo que supone una indemnización económica para el trabajador, pero la empresa no tiene por qué readmitirlo.

Yolanda Díaz también ha ordenado inspecciones al sector agrario para garantizar las condiciones laborales del campo, lo que ocasionó grandes críticas de las patronales agrarias pero que resultan totalmente necesarias, dadas las pésimas condiciones laborales de algunos trabajadores del sector.

Y, por último, aunque pueda parecer anecdótico, la ministra da cuenta en sus redes sociales de los accidentes de trabajo que se producen en España, unos datos a los que hasta ahora no se ha prestado la atención que se merecen a pesar de la estremecedora cifra de siniestralidad laboral de nuestro país.

Quizás hacerla visible sea el primer paso para acabar con las muertes en el trabajo a través de una legislación que dignifique las condiciones laborales de los trabajadores con la seguridad como base irrenunciable.

Lo que queda por hacer

Los próximos meses no van a ser menos importantes para Yolanda Díaz de lo que lo han sido hasta ahora. Por delante tiene la tarea de seguir negociando una prórroga más de los ERTEs y la regulación del teletrabajo, sin olvidar temas que han quedado en el tintero con la pandemia: la brecha salarial -con el desarrollo de planes de igualdad y registro salarial- la reforma laboral o la regulación de las plataformas digitales.

Muchas pruebas de fuego para una ministra de Trabajo que deberá seguir negociando con los empresarios sin olvidar sus raíces sindicales y con la vista puesta en mejorar las condiciones de la mayoría social.

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