La monarquía española se hunde en el desprestigio y en la crisis más grave que ha sufrido en décadas. Muy tocada por el escándalo de las comisiones ilegales de al menos 100 millones de dólares cobradas por Juan Carlos de Borbón por intermediar entre empresas españolas y la dictadura de Arabia Saudita.
Se encuentra en muy bajas horas de apoyo popular y se juega su futuro tras cuatro décadas en las que los grandes medios de comunicación, los gobiernos del PSOE y del PP y el poder judicial (y la Constitución declarando “irresponsable jurídico” al jefe del estado), la han protegido cómplicemente y de forma permanente, han silenciado y amparado conductas muy poco éticas y algunas casi con toda seguridad delictivas.
Todos ellos son también hoy responsables de haber presentado durante décadas una imagen absolutamente falsa de la monarquía española. El escándalo de las comisiones ilegales pagadas por la dictadura feudal y teocrática de Arabia Saudita, tiranía sanguinaria y violadora de los derechos humanos de sus ciudadanos, por las obras del tren de Alta Velocidad (AVE) sobre el desierto de Arabia Saudita han mostrado la verdadera faz de Juan Carlos de Borbón y de la monarquía española.
Un jefe de estado vitalicio y corrupto que lleva décadas aprovechándose de su puesto institucional público para acumular una fortuna personal y privada inmensa en base a comisiones ilegales pagadas por multinacionales y gobiernos déspotas y tiránicos como el de Arabia Saudita. Cobró de este país 100 millones de dólares y los puso a nombres de testaferros, entre otros de su amante alemana, Corina Larsen, en bancos suizos y en fundaciones en paraísos fiscales.
Y ha cobrado durante años, al menos desde 1973, un tanto por ciento por cada barril de petróleo que España le compraba a Arabia Saudí, según ha demostrado la periodista Rebeca Quintans en su magnífico libro sobre el emérito: “Juan Carlos I: una biografía sin silencios”. Empresarios y multinacionales han recurrido a él durante años como intermediador ante gobiernos de América Latina.
Su conducta personal también ha quedado vergonzosamente al descubierto en los últimos años, tras descubrirse por ejemplo, que el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le pagaba varios picaderos para sus encuentros sexuales con señoritas en vez de llevarle al psicólogo.
Por este escándalo de corrupción del tren a la Meca, la Fiscalía suiza y la española han abierto investigaciones judiciales por gravísimos delitos que han acabado con la falsa imagen de ejemplaridad que la monarquía española supuestamente había logrado trasladar al mundo entero y han puesto en un grave aprieto judicial a Juan Carlos de Borbón.
Esto sitúa a Felipe VI en una crisis institucional gravísima y aun difícil de resolver, y donde muchos aspiramos directamente a la III República como forma legítima de acabar con la corrupción de los Borbones y de las élites españolas y de hacer avanzar una forma de estado más democrática y un gobierno más avanzado y popular.
El caso del AVE a la Meca ha dejado al rey “desnudo”, mostrando a un rey farsante, de conducta muy poco edificante y carcomido internamente por la fiebre del oro. Se ha hundido también su falsa imagen de rey campechano, construida por una Corte de aduladores durante cuarenta años de transiciones y engaños.
Nos aparece ahora como un rey caprichoso y ambicioso, consentido y mimado por casi todos durante décadas de protección estatal. Por eso han sido tantas las biografías de encargo escritas también por plumas cortesanas para ocultar la verdad escandalosa del personaje y presentarle como honesto e inmaculado.
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