La intrascendencia, para España y la UE, de las garantías electorales en Venezuela

Se acercan de nuevo unas nuevas elecciones en Venezuela, motivo de disputa geopolítica desde 2015, cuando se celebraron las últimas reconocidas por Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea. Casualmente las últimas en las que ganó la oposición.

La cuestión es complicada. En las legislativas de 2015 la oposición participó tras haber hecho un boicot en 2010 por el que no participó, solo que en ese momento la correlación de fuerzas para forzar un show no estaban tan a favor como ahora.

A causa de errores de la izquierda en el poder, la derecha venezolana ganó las elecciones, pero en ellas hubo 5 diputados que alcanzaron el poder mediante el fraude. Dos chavistas y tres opositores. Los chavistas fueron expulsados, pero la oposición decidió mantener a los suyos para obligar a la justicia a determinar que la AN estuviera en desacato, para publicar en los medios de comunicación del mundo que el chavismo impedía la labor de la AN porque había perdido las elecciones.

Sin embargo, la oposición nunca tuvo en su horizonte político más objetivo que usar la AN para tumbar a Nicolás Maduro y no para elaborar leyes, como sus mismos representantes lo dijeron nada más empezar la legislatura.

La AN fue el motor del terrorismo de la guarimbas. De ahí nació la figura de Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente cuando le tocó presidir la AN por un año. Sin embargo para hacer efectivos los artículos que invocó era necesaria la renuncia o la falta del presidente del ejecutivo, y Nicolás Maduro seguía en el poder.

Ese juego de tronos urdido por EEUU le sirvió a la administración de Donald Trump para reconocer a Guaidó como presente de los venezolanos, sin importar que hubiera recibido cero votos en las últimas elecciones presidenciales de 2018 -no se presentó-, y pasar a exigir unas elecciones presenciales que se había celebrado hacía unos meses.

Juan Guaidó realizó muchas promesas. Celebrar elecciones, cumplir la constitución -lo que hubiera implicado abandonar el poder en unas semanas-, proteger los intereses del pueblo de Venezuela… Y no cumplió con ninguna de ellas, de hecho hace meses que se empezó a hablar de la corrupción tras aquel concierto en la frontera y la surgida durante su gestión de las empresas públicas que EEUU robó al Estado venezolano para dárselas a él.

Por ello, la propia oposición, votó a Luis Parra como nuevo presidente de la AN, y ahora su partido Voluntad Popular, junto con su principal aliado Primero Justicia, han decidido no seguir las instrucciones de Juan Guaidó y presentarse a las elecciones, siguiendo al resto de la oposición liderada por Parra.

La oposición se presenta a las elecciones porque han tomado parte en un diálogo impulsado por el presidente Nicolás Maduro, en el que se acordó la elección de una nueva directiva del poder electoral, manejado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Un acuerdo histórico que ha permitido que todos los sectores de la política venezolana se hayan reconocido y participen en los comicios legislativos del 6 de diciembre.

Sin embargo, renovar la AN significa perder a Juan Guaidó. Sin Juan Guaidó no hay asidero para las sanciones, puesto que no se puede castigar a un país si ya no hay disputa -aunque sea artificial- por la presidencia. Y hasta ahora la había porque Juan Guaidó sigue siendo diputado de la AN, y por lo tanto, reconocido como presidente por EEUU y sus aliados, que seguían cabalmente las peticiones de sanciones por parte de Juan Guaidó, el único que las sigue pidiendo a día de hoy.

De ahí que la administración de Donald Trump esté aplicando sanciones a políticos de la oposición como castigo por participar en las elecciones, y gobiernos de la Unión Europea como España, aliados históricos de la nación norteamericana, muestren sus dudas como un preámbulo para volver a no reconocer las elecciones.

Sin las sanciones, conocidas en el país suramericano como Medidas Coercitivas Unilaterales, la crisis inducida desaparecería en Venezuela, que podría volver a recuperar su industria y a comerciar en el mercado internacional para exportar los bienes que produce (como el petróleo) e importar los que necesita (como medicinas y alimentos). Rompiendo el argumento que impide que vuelva a ser ejemplo de otros pueblos, evitando de esa manera una nueva oleada progresista como la que Hugo Chávez inició en 1999.

Sin mencionar que los recursos hidrocarburos y naturales seguirían en manos públicas y comunitarias, en vez de en las grandes empresas privadas de EEUU y e la Unión Europea que hoy hacen negocio en, por ejemplo, Libia.

Por ello, no importa que las elecciones sean limpias. El nuevo CNE elegido por el gobierno y la oposición de manera conjunta no despeja las dudas mostradas por la ministra de exteriores de España, Arancha González Laya, ni del representante de la UE Josep Borrell; tampoco los observadores internacionales que el CNE quiere llevar al proceso.

El sistema electoral electrónico que emplea Venezuela fue calificado por el expresidente Jimmy Carter como “el mejor del mundo“, e incluso tras acabar la jornada electoral se lleva a cabo una auditoría completa, voto a voto, en presencia de la oposición y del acompañamiento electoral. Nunca ha existido discordancia entre la auditoría y los resultados ofrecidos.

Quienes formulan las dudas son los mismos que denunciaron fraude en Bolivia el año pasado para celebrar de nuevo unas elecciones que han evidenciado que Evo Morales tenía razón cuando aseveraba que el proceso electoral del año pasado fue limpio. Son los que saben que el proceso electoral en Venezuela cumple las garantías y les da igual, porque las elecciones no deben ser celebradas, -y si lo son, no reconocidas- en cuanto el resultado no sea el que quieren.

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