El avance del progresismo ecuatoriano pese a los obstáculos electorales

En Ecuador existe una persecución política contra la oposición al régimen, que se expresa mediática, social y electoralmente.

Se acercan las elecciones presidenciales y legislativas Ecuador. La expectativa crece y es conveniente hacer un recuento de los interesantes acontecimientos que rodean este evento democrático de febrero de 2021.

La denominada Unión por la Esperanza (UNES) reúne a los simpatizantes de la opción política que propone devolver a Ecuador al bienestar de la llamada “década ganada” del correísmo en gobierno, pero esta posibilidad no resulta simplemente de la ocasión electoral, es una oportunidad trabajada y construida saltando diversos obstáculos judiciales y administrativos, relacionados con el distanciamiento y posterior viraje neoliberal que el actual presidente del Ecuador hiciera al pueblo ecuatoriano que lo llevó al Palacio de Carondelet.

Ningún partido para el progresismo

En plena pandemia durante el año 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, decidió sobre la base de un informe técnico, suspender del ejercicio político al partido Fuerza Compromiso Social, por aparentemente no tener la cantidad mínima de simpatizantes que le otorgarían legitimidad como partido político.

Esta organización conforma el lugar de encuentro de quienes prefieren al correísmo después de que Lenín Moreno apartara a Alianza País de la postura antineoliberal que fue su bandera de lucha, y se aliara posteriormente con el Grupo de Lima y las demás instituciones del Consenso de Washington, traicionando a sus antiguos compañeros.

Entre ellos destacan Jorge Glas, su compañero de fórmula en 2017, y Rafael Correa, del que Moreno fue su vicepresidente durante más de una década.

La urgencia por presentar la alternativa progresista al neoliberalismo sirvió para promover una nueva alianza conformada por el Partido Centro Democrático, la todavía cuestionada por el CNE Fuerza Compromiso Social, al foro de Mujeres Ecuatorianas, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI) Fuerza Rural y Productiva, Coalición Nacional por la Patria, Frente Patriótico Nacional y SurGente.

Esa agrupación de partidos se llama Unión por la Esperanza (UNES), un polo de izquierdas que se contrapone al neoliberalismo y apela a la búsqueda de un nuevo Estado de bienestar, llevando la defensa de una economía humanista y sustentable; “un gobierno para el pueblo, como el de Rafael”, es una de sus consignas.

El túnel judicial para Rafael Correa

Acudiendo a argumentaciones bastante similares a las de las acusaciones realizadas contra otros expresidentes como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y Luis Inácio Lula Da Silva en Brasil, la justicia ecuatoriana sentenció a Rafael Correa por, presuntamente ya que no existen pruebas a día de hoy, aceptar sobornos de distintas empresas para la adjudicación de obras y de esta forma financiar al partido Alianza País.

La sentencia abarca como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio político por 25 años, una condena conveniente para las fuerzas de derecha del Ecuador, que veían como una potente amenaza las aspiraciones de Correa para lanzarse a vicepresidente como parte del binomio de la esperanza junto a Andrés Arauz.

Esta condena resulta de una serie de arbitrariedades en el proceso judicial que incluyen la emisión de dictámenes sin pruebas contundentes, y el rechazo a los alegatos de 20 recursos de casación (apelaciones), contra una sentencia previa que saca a Correa de la contienda electoral.

Sobre estos hechos, el propio Rafael Correa ha denunciado públicamente la colusión entre el juez ponente de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y el Fiscal de la causa, por lo cual parece tratarse de un caso de lawfare en el que la administración de justicia se utiliza para fines políticos y no de aplicación de la ley para garantizar al transparencia en el ejercicio político.

La persecución al liderazgo

El sonado caso de lawfare contra el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas quien aún está tras las rejas por acusaciones de corrupción forjadas desde los círculos políticos de Lenín Moreno, ha sido perseguido y privado de libertad al igual que algunos miembros de su familia y otros funcionarios.

Estas acusaciones se sustentaron en evidencias de dudosa confiabilidad obtenidas por los órganos de justicia ecuatorianos gracias a una conspiración cuyas pruebas han sido difundidas por elestado.net, y en las cuales queda comprobada la colusión de varias personas allegadas al gobierno de Lenín Moreno para construir una trama que mantiene preso a Glas desde el 2017, y que ha servido para tratar de enlodar la gestión de Rafael Correa.

Al consolidarse el lawfare contra las dos principales figuras del correísmo y parte de su círculo cercano, otros dirigentes como los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, y Carlos Viteri, tuvieron que salir de Ecuador cuando se produjeron las protestas contra Lenín Moreno en el 2019, pues ya comenzaba a construirse una acusación de sedición que los medios de comunicación de Ecuador pretendían avalar para justificar la persecución.

El régimen de Moreno ha detenido también a otros dirigentes como Virgilio Hernández exasambleista, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, la presentadora de televisión Magdalena Robles, la exalcaldesa Alexandra Arce y al asambleísta Yefri Poma.

Unión por la Esperanza podría concretar un triunfo forjado en las circunstancias más adversas. Muchos de esos obstáculos permanecen, y el desafío se acrecienta en la medida en la cual se acerca el 7 de febrero.