Artículo 135 de la Constitución: freno al gasto social
Las propuestas de UP se ven obstaculizadas frente a la modificación del artículo 135, que ahoras orienta sus objetivos hacia los intereses de la troika.
La decisión de Pablo Iglesias de retirarse de la vida política, frente al auge de la derecha en las recientes elecciones de Madrid, es un punto álgido en la situación española pues expresa los resultados de una posición histórica tomada por Unidas Podemos frente a la crisis económica de 2008, de una España que salió a manifestar de manera contundente en las calles tres años después bajo el lema “no nos representan”.
Así comenzó la historia del movimiento de indignados que se extendió por calles de varios países de Europa.
Las personas que participaban en estas protestas exigían una política social distinta a la tradicional; frente a las acciones de la derecha que aumentaba los llamados “desahucios”, la precarización del empleo, la limitación a la libertad de expresión o el aumento de los alquileres.
Reforma del artículo 135
Como mecanismo de control, el artículo 135 de la Constitución española de 1978 fue reformado en septiembre de 2011. Esta acción fue llevada a cabo por los principales defensores del Régimen del 78: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Pedro Sánchez a la cabeza y el Partido Popular (PP) con Mariano Rajoy.
De esta manera, se respondía a exigencias de la troika de la Unión Europea: la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En esta reforma se establece como prioridad que el gasto social de España vaya principalmente dirigido a cancelar las deudas de la banca privada y no a la implementación de políticas sociales, tal como establece uno de los puntos más álgidos de dicha reforma:
“Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta (…) Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión”.
La alianza PSOE – Unidas Podemos tiene dificultades a la hora de aplicar el acuerdo programático al que ambas fuerzas se comprometieron al iniciar la legislatura, como la financiación de la Ley de Dependencia, entre otras de índole social, ya que el PSOE está comprometido con la revisión neoliberal del artículo 135, y no está dispuesto a regresar a la redacción original. El freno al gasto social, seguirá.
Propuestas de Unidas Podemos
Unidas Podemos, establece como política social, dentro de las acciones más importantes, lo siguiente:
- Intervenir en el mercado del alquiler.
- Garantía económica para mujeres que padecen de violencia machista.
- Garantizar la educación pública de la población infantil y educación universitaria gratuita.
- Alcanzar un salario mínimo digno.
- Sostenibilidad de un sistema público de pensiones.
Al establecerse como un mecanismo legal la orientación del gasto público a la banca privada de manera privilegiada, se obstaculiza toda posibilidad de avanzar en una política social que pueda revertir las consecuencias estructurales de un modelo económico que no ha logrado sobreponerse de la crisis que comenzó en 2008.
