Límite a los salarios altos, una medida olvidada contra precariedad

La economía en España ha sufrido un revés debido al contexto pandémico, el cual afecta de manera significativa el rendimiento productivo del país ibérico. Este aún se encuentra en la búsqueda del equilibrio económico que le permita normalizar sus aspectos laborales y neutralizar el impacto de la cultura económica neoliberal.

El neoliberalismo globalizado, así como el COVID-19 han demostrado ser un marcador de desigualdades sociales, a tal punto que en el año 2020 las fortunas de las personas más ricas del mundo se incrementaron. Dicha tendencia está reviviendo los llamados a gravar las nuevas y crecientes riqueza.

Las legislaciones progresistas alrededor del mundo, así como partidos de izquierda, activistas y académicos están presentando nuevas propuestas de cargas tributarias a millonarios y multimillonarios, con el fin de imponer un régimen impositivo directamente a sus activos en lugar de aumentar los impuestos sobre la renta, los cuales inciden negativamente en el bolsillo de la clase trabajadora.

Al considerar la desigualdad como fenómeno, resalta la variable “pobreza” en la mayoría de los planteamientos para solucionarlo. En este sentido, el contexto pandémico evidencia la necesidad de estudiar de igual forma la riqueza para identificar cómo esta se reproduce y cómo distribuirla mejor.

Existe una tendencia cada vez más creciente en los países de crear condiciones por las que las empresas locales compitan en sus correspondientes mercados, tributando al mismo tiempo a la economía interna y en la mejoría de las condiciones de vida de sus habitantes, mediante programas de responsabilidad social.

Para garantizar un sistema de igualdad de oportunidades es primordial establecer medios de control sobre las grandes fortunas, y que pongan una contención a la híper concentración de riqueza, la cual impide a las sociedades ser más cohesionadas y con una mejor redistribución de recursos.

La regulación a los grandes ingresos particulares debe emplearse como un mecanismo para la búsqueda del equilibrio económico, a su vez, que tales medidas impositivas aligeren el peso de la recaudación que recae generalmente sobre el consumo de las familias, la clase media y los trabajadores.

Esto representaría un cambio en la cultura económica de España, pero también una trasformación profunda en la cultura política, dado que la variable económica nunca ha estado apartada de las diatribas que  el poder ha impuesto a través del tiempo.

Ejemplo de ello, es el origen de la dinámica clientelar de las principales empresas españolas con régimen franquista. Compañías que han continuado expandiendo sus mercados, así como su capital durante la vigencia del Régimen del 78.

Los sectores progresistas de España reclaman romper con los tabúes del pasado. Ante esto, ven necesario plantear que quienes han sido más protegidos, ahora les toca contribuir más. No desde la solidaridad o la filantropía, sino desde la responsabilidad tributaria y social.

En este sentido, el pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Unidas Podemos representa una trascendencia importante para los españoles. No solo por dar paso al primer gobierno de coalición que se ha formado en España desde la transición democrática.

Es también el primer gran pacto de un gobierno progresista desde la llamada Transición, y se basa en un programa con un fuerte contenido social.

Las organizaciones políticas pactantes suscribieron un documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas. Se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral.

Asimismo, el referido programa propone una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los poseedores de grandes fortunas, así como a las empresas que posean grandes capitales. De igual forma, neutraliza la llamada Ley Seguridad Ciudadana y propone una subida del salario mínimo, todo ello con un acentuado discurso social.

Pero ante una acción hay una reacción, todo sistema en situación de entropía emplea mecanismo para su supervivencia. En este sentido, la resistencia al cambio de las grandes compañías españolas se ha hecho sentir. Bajo una visión neoliberal, consideran que reducir los grandes sueldos o “compensaciones” tiene un riesgo macroeconómico.

Bajo un escenario de reordenamiento del panorama de los grandes sueldos de empresas privadas, podrían generarse escenarios polémicos por parte del sector empresarial.

Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en varias entidades bancarias españolas han reabierto el debate de limitar los sueldos de los banqueros.

Los directivos de la banca española justifican los despidos con la búsqueda de una eficiencia mayor, aunque varios miembros del Gobierno no comparten este planteamiento teniendo en cuenta las altas remuneraciones de los directivos de bancos.

Desde el mismo gobierno central se han sumado voces en respuesta al incremento exponencial de las grandes fortunas, y la falta de tributación del empresariado español hacia la sociedad.

En este sentido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha manifestado su preocupación sobre los sueldos de los altos ejecutivos del sector bancario.

La vicepresidenta considera que “los salarios y bonus de los ejecutivos bancarios deben estar alineados con la evolución del sector y la economía en su conjunto“. Calviño aseguró que desde hace años el Gobierno trabaja activamente en alternativas para evitar los despidos.

Asimismo, calificó de inaceptable los elevados sueldos que cobran los directivos de banca, que en su opinión “no se corresponden en absoluto” con la situación económica del país, especialmente en entidades que están anunciando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas.

Sin embargo, su discurso, no se corresponde con los hechos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al que pertenece, que aprobó una reforma laboral en 2010 provocando una jornada de Huelga General convocada por los principales sindicatos CCOO y UGT, permitiendo que los grandes directivos puedan subirse el sueldo a la vez que congelaban el de sus trabajadores e incluso llevaban adelante despidos.

Con la llegada de Unidas Podemos al gobierno, el PSOE se ha visto forzado a girar a la izquierda en varias cuestiones, pasando del discurso a los hechos como en la cuestión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y realizando un discurso más agresivo para aparecer socialmente como la organización que lleva adelante estos cambios propuestos por UP en las negociaciones previas a la formación del gobierno.

De hecho, durante el tiempo que la coalición de centro-izquierda lleva en el poder ejecutivo, se han sucedido fuertes debates en torno al programa firmado, ya que el PSOE espera moderarlo todo lo posible para mantener su pacto con el Régimen del 78, retrasando la subida del SMI y reduciendo el nuevo monto que percibirán los y las trabajadoras, frente al empuje de Yolanda Díaz, que no quiere esperar más y espera aumentar la cantidad lo máximo posible.

Desde el inicio de la pandemia, el sector bancario ha ejecutado aproximadamente 19.000 despidos, siendo CaixaBank y BBVA las últimas entidades en anunciar una reducción de su plantilla.

Sin embargo, personajes como Carlos Torres, presidente del BBVA, recibe una paga superior a los cuatro millones de euros mientras que el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ostenta un sueldo en la actualidad cercano al 1.650.000 euros.

Desde el gobierno la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado enérgicamente que “no es comprensible” el fundamento de recortar el empleo en dicho sector teniendo una directiva que percibe salarios “que a veces no sabemos ni decir la cifra“.

En España, los salarios están limitados para el sector público. En este respecto, se establece un límite de 600.000 euros al año. En el caso del sector privado el Gobierno o el Banco de España, apenas pueden influir directamente en los sueldos de los altos cargos de CaixaBank, BBVA o el Banco Santander y otras empresas privadas con el marco jurídico actual.

Esto genera la necesidad de crear una legislación que posibilite una óptima distribución de la riqueza en un país con una profunda brecha social entre ejecutivos y trabajadores.