Ley de Memoria Democrática: El llanto del franquismo

El recientemente aprobado anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática inicia su tramitación en las Cortes con la oposición de formaciones de la derecha, como PP y Vox, pero también las quejas de asociaciones memorialistas y los grupos parlamentarios independentistas de ERC y la CUP, los cuales señalan que la referida ley aún no cumple las expectativas legales y políticas.

Cabe destacar que la nueva norma contiene un amplio abanico de preceptos que van desde la anulación de sentencias del franquismo, hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos durante el Régimen.

Desde el poder ejecutivo han comenzado los procedimientos administrativos, jurídicos y políticos conducentes a su discusión en el parlamento. En este sentido las eventuales deliberaciones parlamentarias buscarán mejorar, así como ampliar la denominada Ley de Memoria Histórica del año 2007, la cual sigue vigente.

La derecha política representad por Vox ya ha anunciado públicamente que, sin conocer su contenido y sin esperar sus procesos naturales de tramitación parlamentaria, está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

En este respecto, desde el PP, Pablo Casado ya ha asegurado que en cuanto llegue al Gobierno la derogará para cambiarla por una ley de “concordia“.

Es evidente que la derecha adolece respecto a esta nueva iniciativa legislativa, ya que representa para esta un sensible repliegue político y el retroceso de un avance que se pretendía sólido, pero que en la realidad política de España no aportó algo más allá de una simple política de crispación.

De esta forma el conservadurismo español verá cómo se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y la retirada de símbolos franquistas, de lugares públicos e incorporando un régimen sancionador de la cual carecía la Ley de Memoria Histórica del 2007, al tiempo que algunos lugares podrán ser declarados “lugares de memoria democrática“.

También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la dictadura, incluidos los títulos nobiliarios. Sin duda, resulta un duro golpe para todos aquellos que veían en el franquismo un mecanismo de perpetuidad ideológica de la derecha.

Todo ello es la manifestación del comienzo de un cambio de paradigma social respecto al entendimiento del contexto histórico franquista, el cual refleja profundas contradicciones que aún resiente España por medio de aquellos elementos del franquismo que sobreviven dentro de las actuales estructuras de Estado, las grandes empresas españolas cotizantes en el IBEX 35, la iglesia católica y la monarquía.

La coalición de gobierno PSOE-UP, dirigirá esfuerzos concentrados en tres ejes: el primero consiste en poner a las víctimas en el centro de la acción política; en segundo lugar, dignificar y visibilizar las mujeres que sufrieron la represión franquista, hechos agravados en vista de su misma condición de mujer. Tercero y último, dar importancia al movimiento memorialista.

Asimismo, el referido instrumento legislativo busca impedir que se enaltezca el franquismo, contrarrestando al mismo tiempo su alcance social y cultural, siempre alineado al espectro político de la derecha y replicado por sus representaciones partidistas.

La revisión del actual marco jurídico, dirigido a hacer justicia frente a las consecuencias políticas económicas y sociales del franquismo, procura subsanar las carencias de esta ley amparándose de una reforma impulsada, tras un extenso periodo de revisión ante las Cortes.

Asimismo, dar cumplimiento a las sugerencias de la comunidad internacional en esta materia, adecuando la actual normativa a los estándares europeos. Dentro del nuevo texto se “condena y repudia el golpe de Estado de 1936 y el Régimen franquista posterior“.

De esta forma, el espíritu legislativo del parlamento debatirá en función de la obligación del Estado español, de asumir los peritajes conducentes a la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. A pesar de la existencia de una Ley de Memoria Histórica, aproximadamente unas 3.000 fosas comunes fueron descubiertas por asociaciones de voluntarios y no por el poder del Estado.

Se estima que, con la creación del nuevo marco jurídico, se impulsará la creación del Banco Nacional de ADN para proporcionar la identificación de los desaparecidos, así como la creación de una Fiscalía de Sala que investigue los delitos cometidos en esa época.

De igual forma, dentro de la nueva Ley de Memoria Democrática, destaca la resignificación del Valle de los Caídos, con la exhumación de Primo de Rivera del altar mayor de la basílica, así como la tipificación del delito de “apología del franquismo” bajo sus correspondientes supuestos jurídicos.

La nueva ley también prevé la extinción de la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que proviene del decreto ley del año 1957, y se aprobará uno nuevo que establecerá el régimen jurídico aplicable.

Sin embargo, existe una derecha política en España consecuente y ampliamente negacionista de los atroces hechos de la dictadura de Franco. En este sentido, una de las manifestaciones más recientes de insólita solidaridad hacia el franquismo se llevó a cabo el pasado 20 de julio, en el marco de un acto público el cual contó con la presencia de Pablo Casado junto a los exministros Ignacio Camuñas y Rafael Arias Salgado.

En el referido evento, Camuñas defendió abiertamente el Régimen de Franco a tal punto de señalar que las causales de la guerra civil se le adjudicaban a la II República. Dichas declaraciones fueron emitidas en el marco de la actividad denominada “Concordia, Constitución y patriotismo”.

Ignacio Camuñas, exministro del primer Gobierno de Adolfo Suárez y ex alto cargo de Vox, sentándose junto al líder del PP, Pablo Casado comentó lo siguiente: “si hay un responsable de la Guerra Civil directamente es el Gobierno de la República. Un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de una guerra civil”.

Tras las palabras del exministro, Pablo Casado aseguró que la intervención de Camuñas le había parecido “un lujo”. Posteriormente la maquinaria mediática del PP, valiéndose de un control de daños político, han salido al paso respecto a las declaraciones de Camuñas.

En pleno siglo XXI, solidarizarse con el franquismo significa admirar un conjunto de hechos cuestionables en lo político, en lo ético y en lo moral. 40 años después del final de la dictadura, sigue habiendo sombras en ese episodio de la historia reciente de España, como la ausencia de reparación a las víctimas y sus familias.

En este sentido, la revisión del actual marco jurídico dirigido a hacer justicia ante las consecuencias políticas, económicas y sociales del franquismo, deben ser revisadas a profundidad para resarcir los daños ocasionados a las víctimas del Régimen dictatorial de Franco en España.