Furukawa en Ecuador: el neoliberalismo revive la esclavitud
La reparación material a los trabajadores de Furukawa que fueron sometidos a esclavitud moderna todavía no se concreta después de 6 meses de la sentencia.
“Furukawa nunca más”, es la proclama de los afectados y familiares de quienes sufrieron de esclavitud en Ecuador. Un juzgado constitucional declaró en abril de 2021, la existencia de una servidumbre de gleba en la vía Santo Domingo Quevedo, a dos horas de la capital del país.
La sentencia que obliga a la indemnización de 123 extrabajadores de las plantaciones de abacá pertenecientes a la empresa japonesa Furukawa del Ecuador. Esta compañía de origen japonés, sometió a condiciones infrahumanas a sus trabajadores y los mantuvo en situación de peligro, supervivencia y enfermedad.
Actualmente, los defensores de la causa de los trabajadores de Furukawa se mantienen activos en pie de lucha. La sentencia no se cumple oportunamente y los demandantes son amenazados y hostigados.
Esclavitud en pleno siglo XXI
El revuelo internacional suscitado a partir de la sentencia asoma la dimensión de la tragedia humana. Durante este proceso, varios trabajadores que formaron parte del grupo denunciante murieron sin que accedieran a la justicia. Este drama tocó la sensibilidad de quienes piensan que en el mundo la esclavitud ya no existe.
La servidumbre de gleba por definición cede toda libertad. La persona sometida a esta condición trabaja la tierra ajena sin que pueda exigir la contraprestación que los tratados mundiales sobre el trabajo reconocen.
Los familias que trabajaban para Furukawa en el cultivo de abacá debían cumplir con una cuota mínima de 3, 4 y hasta 5 toneladas de abacá, sin las cuales no existía remuneración alguna. Cabe destacar que en el cultivo y recolección del abacá existen labores que atentan contra la salud de los obreros.
Todo ello, sirvió para que Furukawa obtuviera ganancias que superan los dos millones de dólares anuales en exportaciones de abacá que efectúa a Japón, Filipinas, Indonesia, Reino Unido, España y Alemania.
Uno de los aspectos más sensibles, fue la incorporación de niños de 12 años a las peligrosas tareas de cultivo, recolección y empaquetado de abacá. Esta vulneración de derechos copó los diarios de Ecuador y también la prensa internacional.
Por otra parte, el Comité de Solidaridad con los trabajadores de Furukawa puntualizó que no solo se trata de 123 trabajadores demandantes. Las condiciones infrahumanas de trabajo y de vida alcanzaron a 1200 personas que habitaban los terrenos pertenecientes a Furukawa.
“El 80% de las personas que trabajaron en esas circunstancias son afrodescendientes”, indicó Jaqui Gallegos, comunicadora comunitaria al medio Radio la Calle.
La injusticia permanece
Esta forma de servidumbre que se creía superada por la progresividad de los derechos de los trabajadores fue descubierta en Ecuador, y aún cuando fue reconocida judicialmente y ordenada su reparación, esta no se ha hecho del todo efectiva.
El derecho que tienen quienes trabajaron la tierra a poseerla sigue sin hacerse válido. La empresa elude el cumplimiento de la sentencia basándose en un argumento de orden procedimental que debe, según opinión de su equipo jurídico, preceder a la ejecución de la indemnización.
Entre tanto, el Comité de Solidaridad con los trabajadores de Furukawa denuncia que los trabajadores han sido hostigados y criminalizados. “Se necesita que se ejecuten las acciones que en más de 200 hojas, el juez constitucional declara esclavitud moderna” Afirma Jaqui Gallegos.
La sentencia del juez constitucional ordena la indemnización de los 123 demandantes con la entrega de 5 hectáreas de tierra a cada uno de ellos, o el valor en dinero de esos terrenos. Igualmente, le corresponde a la empresa y al Estado ecuatoriano ofrecer disculpas públicas.
El reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública ya se realizó. Sin embargo, la indemnización material por el daño causado sigue sin cumplirse.
“En el caso de la reparación económica, lo que tiene que hacer el juez, como manda la sentencia constitucional, es abrir un sumario individual para cada uno de los accionantes, luego de lo que un perito hará el cálculo de la reparación económica individual”, señala Adrián Herrera, gerente general de Furukawa.
Los afectados convocan a la Asamblea Nacional
En función del retardo en la reparación de los daños provocados por la esclavitud, los trabajadores pidieron a la Comisión de Derechos Humanos que les apoyara en la búsqueda de una justicia oportuna y definitiva.
La asambleísta Paola Cabezas de la bancada UNES así como otros miembros de la Comisión visitaron los terrenos de Furukawa ubicados en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se verificó las condiciones de trabajo señaladas por los demandantes así como la existencia de 1200 trabajadores más que permanecen en servidumbre.
“Las instituciones del Estado no han cumplido con la sentencia de la Corte. Lo más preocupante es que si bien la sentencia abraza a esta 123 personas, ya tenemos información de que estamos hablando de 1200 personas adicionales que no están en la sentencia”, indicó Cabezas durante la visita.
La Asambleísta Nacional también afirmó que “no se trata de problemas laborales, esto es un tema de vulneración de Derechos Humanos, es esclavitud moderna, debe tener acciones ejemplarizadoras por parte del Estado y una sanción mucho más fuerte a Furukawa. Luego de ello, llevarlo al pleno de la Asamblea Nacional para tener una discusión más amplia al respecto y que tomemos una decisión“.
