La monarquía española, cuatro décadas sin pasar por las urnas
Algunos sectores aseveran que la monarquía española durante su mandato de 40 años acumuló una gran fortuna atribuida, en parte, a acciones ilícitas.
Sobre la ciudadanía española recae la gran responsabilidad de dirigir su destino a la luz de su legítimo derecho a la autodeterminación, este último está fundamentado en el ejercicio de una democracia colectivista basada en la configuración política, económica, social y pluricultural del pueblo español.
En 1978 España experimentó una serie de trasformaciones sistémicas que conllevaron a la convalidación de un Régimen político bipartidista, el cual, lejos de representar el nacimiento de una democracia, fungió como plataforma continuista de aquel franquismo inmerso aún en las estructuras de gobierno, los grandes consorcios económicos, la iglesia católica, las Fuerzas Armadas y en la Monarquía.
El principio democrático constituye el envoltorio necesario del ejercicio del derecho a dicha autodeterminación, porque el derecho a la democracia y el derecho a la libre determinación son dos conceptos íntimamente relacionados.
Todo ello hace necesario el desarrollo de una cultura política, que vea en la democracia el eslabón fundamental para canalizar una autentica sociedad justa. No debe considerarse a la democracia como un simple procedimiento, sino adscribirle ciertos valores y fines que ella debe perseguir.
Para el logro de los objetivos anteriormente señalados, la cohesión política y funcional de los partidos de izquierda en España es fundamental para sentar las bases de la trasformación del Estado.
A su vez, para garantizar la unión del progresismo español, es menester mancomunar acciones en torno a la necesidad de instaurar un modelo republicano que responda a las características de los actuales contextos del país.
En este orden de ideas, el acercamiento con las izquierdas regionales debe determinar los parámetros fundamentales para el reconocimiento de la igualdad entre todas las nacionalidades que hacen vida en España, tales como los gallegos, vascos, andaluces, por citar algunos ejemplos de la plurinacionalidad del territorio español.
De esta forma será viable un proyecto político conducente a la conformación de una República Plurinacional y de amplio espectro político, que aglutine a todos los sectores de la sociedad española bajo un esquema de convivencia y en el marco de un Estado de derecho eficaz.
Los nuevos tiempos de España exigen que el gobierno ejerza el poder de acuerdo al concepto de Estado de derecho y que esté sujeto a un amplio control por parte del pueblo. Cabe resaltar, que en la actualidad el espíritu republicano está ganando cada vez más fuerza en España, y con la Consulta Popular se puede vislumbrar la instauración de una República plurinacional y solidaria.
Actualmente, la ciudadanía española no elige cada cuatro años quién se ubica en la Jefatura del Estado, ya que esta se encarna en la figura vitalicia del Rey, heredándose a lo largo de toda su dinastía, la cual les cuesta a los españoles importantes recursos que podrían ser aprovechados para el beneficio colectivo. Solo la República puede generar estas condiciones consecuentes con un país que opina.
El exilio voluntario del rey emérito Juan Carlos I por los escándalos de tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude fiscal; las infantas Elena y Cristina, además de su vacunación en Dubai entre muchas otras acciones, son cuestionamientos a la legitimidad de la monarquía.
Hasta hace relativamente poco la ciudadanía española no se atrevía a reclamar públicamente, mucho menos cuestionar la conveniencia de financiar con sus impuestos una figura real que más allá de simbolizar “unidad”, pareciera ser fuente perenne de división.
El rechazo a la monarquía española comenzó a tomar mayor fuerza en 2012, cuando la nación estaba afectada por una alta tasa de desempleo y salió a la luz una imagen del rey cazando elefantes en Botswana.
El hecho, que pudo haber quedado en la intimidad de la realeza, se hizo público tras conocerse una lesión en la cadera que obligó al rey Juan Carlos I a regresar de urgencia a España. Además de su vivencia en un lujoso safari africano, existen una serie de presuntos delitos financieros en los que se ha visto envuelto el monarca en los últimos años.
Muchos afirman que durante su mandato de 40 años acumuló una gran fortuna atribuida, en parte, a acciones ilícitas. Estos hechos han generado investigaciones por parte de la fiscalía de Ginebra (Suiza), bajo la presunción de legitimación de capitales.
Adicionalmente, el Tribunal Supremo español investigó sus cuentas bancarias. Paralelamente a sus investigaciones financieras, Juan Carlos I también se ha visto implicado en escándalos extramaritales.
Una encuesta publicada a finales del 2020 por la Plataforma de Medios Independientes (PMI), a través del Instituto de Opinión 40dB reveló que, ante un hipotético referéndum, donde se consultara sobre el modelo político de preferencia para los españoles, un 40,9% apoyaría la República como sistema de organización del Estado frente a un 34,9% que se decantaría por la monarquía.
Se trata de una manifestación de descontento compuesto por dos franjas de edad claramente diferenciadas: los ciudadanos de la tercera edad, preocupados por las pensiones y demás ayudas del Estado, y por otra parte los jóvenes de entre 25-35 años con una alta cualificación académica y que se encontraban en paro o en una gran precariedad laboral.
Dos visiones de la política marcadas, una por la experiencia acumulada tras más de 40 años de un Régimen continuista de las estructuras e intereses franquistas, y la otra motivada por las contradicciones estructurales de un sistema que carece de norte social.
La institución monárquica parece no contar con el mismo crédito político que hace unos 15 o 20 años, momento en el cual parecía tener una gran valoración por parte de los ciudadanos españoles.
Ante los momentos de tribulación política de las últimas décadas, se renueva con frecuencia el debate sobre la necesidad de impulsar un proceso constituyente conducente a la transformación del Estado español bajo un esquema republicano.
En este sentido, cada generación aporta especiales fundamentos a la visión económica, política y social de un eventual proceso refundacional del Estado Español. En la actualidad, se han acumulado voces jóvenes con criterio republicano, que no formaron parte en los momentos de concertación política en el año 1978.
Toda una generación se ha desarrollado a la luz de la necesidad de un cambio de sistema, por ende, el juego democrático debe escuchar aquellas nuevas voluntades que tienen algo que decir. En este sentido, la juventud española en edad de votar se muestra claramente favorable a la República en el caso de que se celebrara un referéndum que defina el cambio del modelo de Estado.
Actualmente ya se comienza a hablar del “inicio del fin de la monarquía española”, la cual podría desaparecer durante el reinado de su hijo, Felipe VI. En su defecto, también podría tratarse de una sensible ruptura de los pilares que sostienen al sistema político español.