Países de América Latina que más atentan contra la comunidad LGBTI (II): Colombia

En América Latina, muchos países han celebrado importantes avances en los derechos LGBTI. Sin embargo, en la actualidad persiste la intolerancia, la discriminación, la segregación, la violencia y el desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales de los colectivos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), que no permite consagrar una victoria absoluta en el tema.

Este desconocimiento, ocurre porque el ordenamiento jurídico no establece la normativa y legislación necesaria para suplir y erradicar estos fenómenos, permitiendo así la vulneración de derechos fundamentales.

Actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y las uniones civiles, pero este hecho no cambian la compleja realidad de ser LGBTI en el país suramericano.

Asimismo, hay un decreto de cambio sexo y nombre al que pueden acceder las personas trans en el registro civil, aunque presenta varios obstáculos, afirmó Lina Cuellar, Directora y Fundadora de Sentido, una organización sin ánimo de lucro que produce y aporta conocimiento sobre género, diversidad sexual y cambio social.

Danne Aro Belmon, Directora Ejecutiva de la Fundación GAAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans, explicó que tras la expedición del decreto 1227 de 2015 en el que las personas pueden corregir su sexo en el registro civil o cédula de ciudadanía, todavía hay notarías que no conocen el decreto y solicitan documentos adicionales que no deberían pedir. “El proceso no es gratuito. Para asumir nuestra identidad hay que pagar. Esa es una desventaja social y económica. Importante que esté el decreto, pero es importante que se cumpla de verdad”.

El último informe “Más que Cifras” de la Organización Colombia Diversa (una organización no gubernamental que trabaja en favor del bienestar y reconocimiento legal y social de las personas LGBT) refleja que al menos 448 personas lesbianas, gays, bisexuales y personas trans sufrieron algún tipo de violencia entre 2019 y 2020 en Colombia -incluyen asesinatos, amenazas y violencia policial en este periodo.

Se detalla que 106 personas LGBTI fueron asesinadas en 2019 y 75 en 2020 (y se acota que son cifras parciales para este último año debido a la falta de respuesta de reportes oficiales). De las 106 personas LGBTI asesinadas, la mayor cantidad de víctimas de homicidios fueron los hombres gays (44,34%) y las mujeres trans (33,02%).

El último reporte de Colombia Diversa analizó el impacto de la violencia policial y los ataques contra personas LGBTI defensoras de Derechos Humanos. En cuanto al abuso ejercido por agentes policiales, el estudio muestra un aumento del número de víctimas de violencia policial a lo largo de los últimos seis años, que en 2020 alcanzaron los 477. En este mismo sentido, la investigación reveló que hay patrones de persecución policial contra mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, habitantes de calle y migrantes venezolanas; y parejas del mismo sexo que demuestran su afecto en público. Colombia Diversa.

Respecto a los líderes y lideresas sociales LGBTI, el informe revela que 139 defensoras de Derechos Humanos fueron atacadas en 22 departamentos del país entre 2017 y 2020; de los cuales el 84% corresponden a amenazas y hostigamientos, más del 10% a homicidios y el resto a agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional.

En el país neogranadino, la labor de defensa de los derechos de esa población es poco valorada socialmente en los contextos en los que realizan su trabajo, afirmó una de las autoras del informe, María Camila Arias.

Arias, también abogada de Colombia Diversa explicó que, “estas agresiones contra líderes sociales responden a un triple riesgo: primero, por tener una identidad de género u orientación sexual diversa; segundo, por ejercer labores de defensa de Derechos Humanos; y, tercero, por defender los derechos de una población históricamente discriminada”.

La población LGBTI se encuentra desprotegida por parte del Estado, aún cuando cuenta con información suficiente para tomar acciones de prevención ante los diversos tipos de violencia que sufre este sector, no existen medidas ni programas para contrarrestarlas. En este sentido, Gustavo Pérez, coordinador del área de Derechos Humanos de Colombia Diversa aseguró que “Todo el análisis realizado en el informe fue hecho con información estatal. Si bien es parcial, es suficiente para focalizar estrategias de prevención de la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans”.

Son elevados los niveles de falencias en el Registro de la Violencia Policial contra Personas LGBTI. En las falencias de registro comienza el ciclo de impunidad que caracteriza la violencia policial.

En virtud de que la violencia policial cometida contra personas LGBTI tiene una impunidad de casi el 100%, se hace perentorio la articulación entre las políticas de seguridad generales con las de Derechos Humanos de personas LGBTI; así como investigaciones por parte de la Policía y entes de control colombiano.

Esta situación ha llevado a que muchas víctimas no denuncien formalmente estos hechos por miedo a retaliaciones de parte de la Policía. Y es que estos funcionarios tienden a no atender las solicitudes de personas LGBTI, o no las protege ante las agresiones de otras personas.

Aunque la legislación colombiana muestra algunos logros en la lucha por la igualdad como por ejemplo, en 2019, Bogotá eligió por primera vez a una mujer abiertamente lesbiana para ser alcaldesa (Claudia López), en el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia; por otra parte esto no ha sido suficiente para avanzar en la erradicación de la discriminación y violencia ya que en el mismo año, un hombre bajó y destrozó con un cuchillo una bandera arcoíris izada en el cerro Nutibara de Medellín para conmemorar el mes del Orgullo LGBT.

Aún la intolerancia es visible para la comunidad LGBTI. Cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, obtuvo su triunfo, recibió críticas de parte de algunos sectores de la población cuando besó a su pareja, la senadora Angélica Lozano, durante la celebración; situación que fue calificada de “ofensiva o retadora”.

Las acciones del Gobierno de Iván Duque han sido ausentes en este sector poblacional, en tres años de mandato de Duque no ha logrado la implementación de la política pública LGBTI. Un elemento que demuestra la falta de voluntad es que en todo su periodo de gestión, Iván Duque ha nombrado a dos personas en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pertenecientes a movimientos políticos que se han declarado abiertamente en contra de derechos de las personas LGBTI.

Adicionalmente, la Presidencia de Colombia está a cargo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en el marco del punto 3 del Acuerdo Final de Paz. Esta Comisión debe identificar los patrones de ataques contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBTI. No obstante, esta instancia bajo el mandato de Iván Duque solo ha sesionado dos veces, una en 2019 y otra en agosto de 2020, a pesar de que la Ley 154 de 2017 estipula que el Presidente de la República debe convocarla cada mes.

De las 32 gobernaciones del país, solo las gobernaciones de Arauca, Bolívar, Cesar y Putumayo reportaron acciones de prevención a favor de las personas LGBTI defensoras para el 2019. Y de forma alarmante, los departamentos con mayor número de casos de violencia en contra de defensores y defensoras LGBTI, las gobernaciones no reportaron ninguna acción de prevención y/o protección.

Sobre la educación, la UNESCO en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe- Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, afirma que la discriminación y el acoso contra estudiantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) sigue siendo generalizado en las escuelas. En Colombia, el 15% de los y las estudiantes había sido víctima de violencia escolar debido a su orientación sexual.

Si bien la ley 1620 de convivencia ayudó mucho al reconocimiento de las identidades y ciudadanías, la situación del acoso escolar por homofobia y transfobia en Colombia arroja datos delicados. Ya para el 2016, según “Sumando Libertades. Guía Iberoamericana para el abordaje del acoso escolar por homofobia y transfobia“:

• 59,4% del alumnado LGBTI nunca reportó los incidentes de acoso al personal del colegio.
• 60,1% tampoco lo reportó ni siquiera a su familia.
• 19,18% del alumnado de Bogotá afirma haber sido testigo de maltratos, discriminación, rechazo o acoso motivado por orientación sexual.
• 67% del alumnado LGBTI manifiesta sentirse inseguros en sus colegios debido a su orientación sexual.
• 21,4% reportó no haber asistido al colegio en al menos una ocasión debido a sensaciones de inseguridad o incomodidad.
• alumnado LGBTI víctima de acoso verbal: 70,8% debido a su expresión de género, 70,2% debido a su orientación sexual.

Marcela Sánchez, Directora Ejecutiva de Colombia Diversa, una Organización que defiende los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en el país, explica que para hombres y mujeres trans el tema de la libreta y servicio militar sigue pendiente. “Además está el acceso y la permanencia a lugares de trabajo. Muchos tienen miedo de perder su empleo a pesar de que esto es ilegal”.

Sobre el derecho a la salud, Danne Aro Belmont considera que debe ser ampliada la visión y la atención al respecto, “Nosotres entendemos la salud como bienestar integral: no solo consta de tratamientos quirúrgicos u hormonales, sino salud mental y emocional. Hay afectaciones diferenciales que nos tocan”.

En Colombia, queda un largo camino por la reivindicación de la diversidad sexual, con dificultades y desafíos que son importantes revisar para reflexionar, discutir y actuar; resaltando que la educación es uno de los puntos más importantes, un ejercicio que obliga a la sociedad a señalar menos y reconocer y escuchar más.