Las contradicciones de Iván Duque sobre la protección ambiental

Colombia celebró el 08 de octubre la Tercera Cumbre del Pacto de Leticia. Un encuentro que se desarrolló en la capital del departamento de Amazonas y que tuvo como prioridad la protección de la selva Amazónica.

Dentro de las políticas de mitigación del cambio climático, se hace urgente la conservación de la Selva Amazónica por ser el más importante pulmón del mundo. En Colombia, el bioma Amazónico comprende un área de 483.169 km2 y representa el 41,8% del territorio nacional, por tanto la Amazonía es casi la mitad del país suramericano.

Adicionalmente, Colombia tiene cerca de 50% de los bosques tropicales del planeta y cerca de 20% de las fuentes de agua dulce del planeta. El país posee la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después de Brasil a nivel mundial.

Aunque en el evento el presidente de Colombia, Iván Duque, mantuvo con los medios de comunicación un discurso de “apoyo” al cuidado de la cuenca amazónica, manifestando que es “un deber moral proteger el planeta”, porque “ya no estamos hablando de cambio climático, sino de crisis climática”; por otro lado, el mandatario colombiano pareciera no ser consecuente con sus ideas y es que, más allá de las expectativas ante la instalación de la Cumbre es importante abordar concretamente cómo ha sido hasta ahora la política ambiental de Iván Duque en el país suramericano.

Apenas en sus primeros cuatro meses de mandato, Iván Duque recibió críticas por su inacción ante temas que prometió en su campaña presidencial tales como la sostenibilidad ambiental y la importancia de la economía naranja.

Por el contrario, Iván Duque dio respaldo abierto al fracking como mecanismo de extracción petrolera, y a las aspersiones con glifosato para tratar de reducir una superficie cocalera que en esa ocasión se acercaba a las 200.000 hectáreas (acción ineficaz en la lucha contra las drogas y que durante años han afectado a miles de colombianos quienes se han visto expuestos al desplazamiento forzado), además del daño ambiental sin precedentes que acompañó tal decisión.

En el tema ambiental, el pueblo colombiano demandaba de Iván Duque mayor compromiso y medidas contundentes tales como “la descentralización territorial, la modernización del sector agropecuario, la inversión pública, el desarrollo del tejido productivo, el mejoramiento o la creación de infraestructura o incentivos fiscales frente a los cultivos alternativos, entre otras muchas posibilidades”, tal como refiere Jerónimo Ríos Sierra en su artículo “Iván Duque: presidir sin gobernar”.

Son cada vez más elevados los riesgos que se corren en esta riqueza natural y cultural de la Amazonía como consecuencia del “incremento de deforestación, el acaparamiento de tierras, los intereses extractivos de minerales, petróleo y madera, la agroindustria, el incremento de cultivos de uso ilícito, la colonización reciente y la violación de derechos de los pueblos y comunidades que habitan la ecorregión”, afirmó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en su pronunciamiento frente al Paro Nacional del 23 de noviembre de 2019.

OPIAC agregó que “todo lo anterior se ha exacerbado de manera súbita a raíz de la falta de gobernabilidad del Presidente Iván Duque Márquez, lo que significó que para 2019 gran parte de la región permanezca invadida por grupos al margen de la ley”.

Por otra parte, Iván Duque recibió críticas desde el Congreso de la República porque nunca cuestionó a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro ante la catástrofe de la Amazonía en el año 2019, cuando un incendio consumió cientos de miles de hectáreas de selva. Cabe destacar que la postura de Bolsonaro es de defensa a los madereros y ganaderos que operan en la zona, por lo que es señalado como responsable de la tragedia.

El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, dijo: “no entiendo por qué el Gobierno Duque no le ha hecho un reclamo a Bolsonaro, ¿será porque es de derecha?”, se preguntó.

Asimismo, el presidente colombiano anunció el 14 de diciembre de 2019 la firma del Acuerdo de Escazú para “fortalece la protección ambiental”, lo concreto es que han transcurrido casi dos años desde entonces y el Acuerdo no ha sido ratificado por el gobierno sino por el contrario fue enterrado. Este compromiso buscaba disminuir y prevenir los conflictos ambientales, fortaleciendo la protección y defensa de los defensores y las defensoras ambientales, propiciando una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente y la salud, además de un mayor acceso a la justicia.

Julián Gabriel Parra De Moya en su artículo “Iván Duque, premiado por ambientalista en EE.UU. pero en Colombia nadie le cree” explica que la razón del silencio del Acuerdo de Escazú que básicamente compromete al Estado colombiano con la transparencia, el medio ambiente y la vida; es que generó incomodidad a sectores de intereses económicos como la Sociedad de Agricultores de Colombia, Asocaña y el Fondo Nacional Avícola, la Cámara de Comercio Colombo Americana, Consejo Gremial Nacional.

Como otra promesa no cumplida, en el Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, el gobierno de Iván Duque “se comprometió en un programa que conlleva la restauración de los bosques, la transformación ganadera mediante sistemas silvopastoriles, y la reforestación comercial, que se materializan, entre otras, en la siembra total de aproximadamente de 360 millones de árboles. Sin embargo, el presidente Duque rebajó esa meta a la mitad cuando anunció en Davos, durante el Foro Económico Mundial (WEF) en enero de 2020, que su gobierno plantaría 180 millones de arboles antes del final de su mandato”, así lo develó el exministro de medio ambiente, Manuel Rodríguez Becerra en su artículo “En ambiente Duque trazó metas ambiciosas a las que les falta el cómo”.

En septiembre de este año, el presidente Duque durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, aseguró que su gobierno había adelantado una lucha frontal por defender la naturaleza, el medio ambiente y los defensores sociales. Pero los datos reflejan otra realidad respecto a lo que pasa en Colombia, donde “se deforestaron en total 171.685 hectáreas en 2020, un 8% más que en 2019 y, como siempre, el Amazonas fue el territorio más afectado: 109.000 hectáreas”, como refirió Julián Gabriel Parra De Moya en su artículo “Iván Duque, premiado por ambientalista en EE.UU. pero en Colombia nadie le cree”.

Colombia tiene récord de asesinatos de activistas ambientales y el gobierno no ha logrado proteger a los líderes asesinados. La ONG Global Witness reveló que Colombia es el país más peligroso para los líderes ambientales, y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que 611 líderes y lideresas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

Asimismo, Indepaz señaló que en Colombia se presentan más de 152 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura que van en contra de los intereses de las comunidades indígenas. A la fecha Indepaz tiene documentados 116 líderes asesinados en lo corrido de 2021, de los cuales dos personas son ambientalistas, y 1.231 desde la firma del acuerdo de paz.

Iván Duque ha sido el mandatario con la más baja aprobación en toda la historia de Colombia, al tener solo 18 puntos porcentuales de respaldo en mayo de 2021, pero mientras, el presidente colombiano lleva a cuestas otra promesa gubernamental, quizás la última y es la ambiciosa meta que trazó de reducir los gases de efecto invernadero en un 51% para el año 2030, recordando que la meta de reducción establecida durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fue de un 20%.