Colombia: Iván Duque no garantiza el derecho territorial de los indígenas
Cuando de las comunidades indígenas se trata, el gobierno de Iván Duque recurre al exterminio y el desplazamiento como política de Estado.
El gobierno colombiano ha tensado una vez más las relaciones con los pueblos indígenas de su país, al dejar en claro que “no hay avances para la implementación de la política indígena en materia de tierras”.
Como consecuencia, la Consejería mayor, autoridades indígenas de los once pueblos, y los comisionados indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se retiraron de la discusión en la comisión mixta del decreto 1811.
La información fue dada a conocer por el CRIC, a través de un comunicado que refiere a que “no hay voluntad para implementar la política Indígena”.
Según las cifras del censo de 2018, la población indígena colombiana asciende a 1.905.617 personas que, a su vez, pertenecen a 115 pueblos originarios diferentes. Aproximadamente el 58.3% de esta población habita en 717 resguardos de propiedad colectiva.
Los indígenas de Colombia plantearon al gobierno de Iván Duque, como política de atención a la problemática de sus comunidades, uno de los sistemas más importantes llamado Autoridad territorial económico ambiental (ATEA).
No obstante, la discusión se ha detenido. Se han levantado de la mesa porque “el gobierno dilata y evade la respuesta real que queremos escuchar frente a la pregunta sobre la implementación o no de la política para nuestra comunidades“, manifestó Nini Jhoana Daza, comisionada indígena del norte del Cauca.
Los indígenas tienen vulnerada la “seguridad de la tierra para los resguardos, las garantías para que los pueblos originarios desarrollen sus planes de vida”, así como el mantenimiento de sus costumbres, su cultura; indicó el CRIC.
La autonomía se ve afectada, impidiendo la dinamización de su economía propia y sus formas de gobierno. Los indígenas colombianos perciben un incumplimiento de su constitución y donde el actual gobierno de Iván Duque no promueve la permanencia y los derechos de las comunidades indígenas.
Esta sistemática práctica de desatención se repitió en la pasada reunión de la comisión mixta en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca (UAIIN), donde el viceministro del interior Carlos Baena rechazó la propuesta de las comunidades indígenas, “solo evadió el tema, eso es indignante, sentarse en un espacio de discusión y que el interlocutor en este caso el gobierno, ni lee, ni comprende, mejor dicho, ni le interesa”, aseguró Jhoe Sauca, Autoridad indígena del pueblo Kononuko.
El Gobierno actual y sus mayorías parlamentarias avanzaron con pie firme en el desmonte de una legalidad más afín a los principios constitucionales anclados en los derechos individuales y colectivos, para sustituirla por leyes y normas de menor jerarquía como decretos, resoluciones y circulares expedidas a su acomodo gracias a las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para legislar durante el Estado de Excepción declarado en virtud de la pandemia del COVID-19, y al debilitamiento de las fuerzas de oposición en el Congreso de la República que fue reducido a la parálisis del trabajo virtual permanente so pretexto de la misma pandemia. Diana Mendoza.
En este sentido, durante 2020 “el plano declarativo y el alcance jurídico de los principios enunciados en la Constitución Política colombiana, entre ellos, el de un Estado pluriétnico y multicultural, siguieron cayendo en la corriente mundial que apaga el vigor de las democracias y, con ello, los espacios de existencia de sociedades y culturas incrustadas en nuestro Estados-nación”, aseveró la también máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural, Diana Mendoza.
La crisis humanitaria de los indígenas en Colombia es de larga data, hace más de cinco décadas, y se ha caracterizado por la violencia y consiguiente el desplazamiento interno.
Entre las principales causas de desplazamiento de estas comunidades se encuentran las disputas territoriales entre grupos armados, las amenazas contra la vida y la integridad física, la invasión de los territorios despojados por cultivos legales e ilegales, y el uso de sus territorios para la explotación de recursos como minería e hidrocarburos. ACNUR, 2011.
Según la Corte Constitucional (Auto 004), entre los principales ejes de afectación a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se encuentran:
- El reclutamiento forzado de menores y jóvenes.
- La violencia sexual y por motivos de género.
- La prostitución forzada.
- Las confrontaciones armadas.
- La instalación de minas antipersona.
- Los asesinatos selectivos de autoridades, tradicionales, maestros y promotores de salud.
- El confinamiento, entre otros.
El complejo escenario hizo que para el 2011, al menos 32 pueblos indígenas de Colombia estuvieran en peligro de extinción y hoy esa realidad no ha cambiado; continúa siendo sumamente crítica a pesar del reconocimiento de sus derechos en la carta magna ya que hay un recrudecimiento de la violencia en sus territorios tras el incumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC en noviembre de 2016, donde la presencia estatal y atención social nunca llegó.
Detrás del abandono del gobierno de Iván Duque hay una política de exterminio-genocidio de las comunidades indígenas a través del asesinato sistemático de sus líderes, se trata de la resistencia de 115 pueblos indígenas existentes en Colombia.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta noviembre de 2019, se han presentado 43.033 hechos victimizantes denunciados por las diferentes organizaciones indígenas del país. De esos, 184 corresponden a homicidios, 11.643 a desplazamiento y 25.903 a confinamiento. Solo durante el primer año de gobierno del presidente Iván Duque se reportaron 868 amenazas, 128 homicidios, 5.180 personas desplazadas y 12.549 confinadas. Cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Aida Quilqué, Consejera de Derechos Humanos de la ONIC, afirmó que en el marco del gobierno de Iván Duque han habido más muertos, más desplazados, más asesinados y más hechos victimizantes en todos los sentidos. De tal manera que eso implica que en Colombia seguramente los procesos no van a cambiar.
Este fenómeno es interpretado como una estrategia para “militarizar los territorios”, acto que es rechazado de forma contundente por los indígenas del país suramericano.
Es precisamente la ausencia de derecho territorial colectivo uno de los problemas estructurales que padecen los pueblos indígenas en Colombia. El gobierno de Iván Duque no se ha ocupado del tema del acceso y la titularidad de la tierra indígena y por tanto están desprotegidos de sus territorios ancestrales.
Por ejemplo, hoy las comunidades indígenas del Eje cafetero, la Orinoquía o la Amazonía, están “amenazadas por la acumulación y el despojo de sus tierras para la implementación de proyectos de minería, ganadería o monocultivos, situación que, asociada a la violencia, empuja a varios de estos pueblos al borde del exterminio”, tal como refiere Adrián Atehortúa en su artículo “La crisis humanitaria de los indígenas en Colombia“.
Ante todo este escenario, las comunidades indígenas afirmaron la semana pasada que se preparan para una gran movilización contra las políticas del mandatario colombiano Iván Duque.
