Metal en Cádiz: si el gobierno tuviera mayoría de UP

La huelga del metal se ha convertido en un punto de inflexión entre Unidas Podemos y el PSOE, en base al abordaje que cada una de estas organizaciones políticas tendría en esta coyuntura.

La mayoría del gobierno representada por el PSOE de Pedro Sánchez se ha caracterizado por asumir un papel represor ante las legítimas exigencias de los trabajadores del metal.

Durante los últimos años, España ha sido testigo de una dinámica de gobernabilidad PSOE-UP, dos visiones ideológicas contrapuestas, pero con un parcial esquema funcional en común. Sin embargo, el PSOE se ha caracterizado en los últimos tiempos por evidenciar un claro desenfoque ideológico-programático, basado en la incoherente defensa de los grandes capitales de la empresa privada, monarquía y posiciones políticas conservadoras.

Tal ha sido la decadencia experimentada que el PSOE ha pasado de ser el partido predominante que en su día logró ejercer la hegemonía social y política en la izquierda española, a disputar su lugar compitiendo electoralmente mediante posiciones conservadoras y a formulas neoliberales.

En este sentido, en el contexto de las protestas en Cádiz, el gobierno de Sánchez por medio de los policías antidisturbios ha intervenido para impedir que algunos manifestantes cortaran el tráfico en el puente de Carranza y cargaron contra quienes protestaban, en el mismo momento en que una tanqueta militar fue desplegada por la ciudad.

Diferentes organizaciones progresistas han reclamado que cese la represión sobre las protestas que despliegan los trabajadores del metal en Cádiz y han censurado que la única respuesta del gobierno de Sánchez sean las tanquetas.

También ha reprochado a los gobiernos central y andaluz de estar mirando para otro lado respecto a este conflicto y ha denunciado que su única contestación es únicamente la represión policial. Por su parte, Unidas Podemos pidió explicaciones a Interior por el uso, carente de la proporcionalidad lógica de la fuerza, de tanquetas en las protestas de Cádiz.

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido en el seno del Ejecutivo que la parte socialista de la coalición y el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que aclaren el criterio adoptado para desplegar estos medios.

La tolda morada, teniendo el manejo mayoritario del gobierno central, por medio de las conocidas habilidades para concertar polos opuestos de Yolanda Díaz, propiciarían escenarios de negociación en términos que el sector trabajador se considere satisfecho.

Al respecto, la ministra Díaz, desde que ocupa el Ministerio del Trabajo, ha ido equilibrando su discurso para cubrir un espectro más amplio dentro del diálogo social entre sindicatos y empleadores, demostrando una tendencia conciliadora y de concertación, la cual procura priorizar el consenso ante los discursos encendidos, buscando entendimiento de las legítimas diferencias entre los partícipes del referido diálogo.

Se destaca su capacidad de escucha y empatía en su estrategia para sacar adelante sus postulados. Prueba de ello fue su capacidad de lograr, al principio de su gestión como ministra, los acuerdos políticos conducentes a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

En este sentido, la central sindical considera fundamental que la negociación llegue a buen puerto y tenga un final victorioso para la clase trabajadora, ya que Cádiz es una de las zonas que más ha sufrido la destrucción de empleo en las últimas décadas y es vital que se logre un convenio digno para que la clase trabajadora deje de perder poder adquisitivo.

En la actualidad el sector industrial que vive un contexto marcado por una carga de trabajo naval que no vive sus mejores momentos. También Cádiz vive altas tasas de paro: un 23, 16%, lejos del 14,57% de la media nacional, según la última Encuesta de Población Activa del mes de octubre.

Es fundamental que la negociación llegue a buen puerto y tenga un final victorioso para la clase trabajadora, ya que Cádiz es una de las zonas que más ha sufrido la destrucción de empleo en las últimas décadas y es vital que se logre un convenio digno para que la clase trabajadora deje de perder poder adquisitivo.

Los sindicatos reclaman la subida del IPC, el cual que fue del 5,4% interanual el pasado octubre para este mismo año en un acuerdo de breve duración, ya que han planteado a la patronal empezar a negociar otro nuevo texto con calma a partir de enero de 2022.

Sin embargo, la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz vio inasumible la propuesta en la última negociación del pasado viernes y ofreció a los sindicatos una subida del 0,5% este año y del 1,5% en los dos siguientes.

Las legítimas posiciones de los sindicalistas consideran como prioritaria la actualización de los salarios para el presente año al IPC. Igualmente, buscan un nuevo acuerdo marco que no supere el año de vigencia para, una vez aprobado, arrancar la negociación para otro documento a partir de 2022.