La reivindicación ideológico-cultural de El Valle de los Caídos: Entrevista

El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, Arturo Peinado, ofrece su visión rupturista respecto a las distintas coyunturas políticas, sociales y jurídicas que transversalizan la necesaria revisión de la denominada Ley de Memoria Histórica del año 2007, la cual aún sigue vigente. Entre los temas de abordaje se encuentra la impunidad, la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

La Ley del 2007 estipula el desalojo de dicha abadía de Cuelga muros, situación que sido obstaculizada por la activa intervención de actores conservadores. Situación que también ha sido auspiciada por la falta de contundencia del Estado español para hacer valer el instrumento legal, a pesar de sus falacias reivindicativas.

Este contexto suma un criterio adicional para la reforma de la Ley del 2007, la cual, debe presentar un amplio abanico de preceptos que van desde la anulación de sentencias del franquismo hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos durante el Régimen. Asimismo, condenar y repudiar el golpe de Estado de 1936 y al Régimen franquista posterior declarando su ilegalidad.

– Han comenzado un proceso contra los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, ¿por qué?

De momento hemos registrado un escrito dirigido a la Dirección General de Patrimonio, denunciando el incumplimiento sistemático de las normas establecidas en el Decreto fundacional de 1957.

Ahí se establecía que “la Abadía Benedictina tendría derecho a permanecer en la Fundación y recibir, para el cumplimiento de los fines fundacionales, los productos de sus bienes”, en tanto cumpliera fielmente una serie de obligaciones.
Una investigación realizada por Infolibre en 2021 constató que esas obligaciones establecidas en la legislación vigente han sido incumplidas sistemáticamente por la Abadía, y como consecuencia procede expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos.
No solo criticamos la situación de privilegio e impunidad de los benedictinos del Valle, también denunciamos el incumplimiento sistemático por parte del Estado de sus obligaciones de control de la Fundación de Cuelgamuros. Es una muestra más del trato que han recibido instituciones y grupos vinculados con el franquismo, aún hoy, más de 46 años después de la muerte física del dictador.

– ¿Los monjes son uno de los bloqueos que impiden la conversión de Cuelgamuros en una institución memorialista?

Obviamente. Pudimos constatar su labor obstruccionista en todo el proceso del traslado de los restos del dictador. El Valle, levantado por decisión y a mayor gloria de quien se sublevó contra la legalidad democrática, aniquiló a sus oponentes, y cuya dictadura de cuarenta años secuestró la soberanía popular y significó crímenes de todo tipo, sigue siendo un lugar de exaltación del golpe de 1936 y de homenaje a Franco, sorteando la vigente Ley de Memoria de 2007. Además, el Valle de los Caídos se ha convertido desde hace unos años en un lugar de peregrinación del fascismo internacional.

– ¿Qué cambios y transformaciones haría el Foro por la Memoria en el Valle de los Caídos?

Defendemos que el espacio del Valle, sus instalaciones y la Basílica han de ser íntegramente reconvertidos en un centro Memorial dedicado a las víctimas del franquismo y de los fascismos europeos, con un trato preferente a la memoria de los presos políticos que construyeron el monumento como trabajadores forzados. De un lugar de exaltación fascista tiene que transformarse en un lugar de memoria como Auschwitz, la ESMA de Buenos Aires, o el Museo del Holocausto de Jerusalén. Un lugar para recordar y homenajear a las víctimas, y no a los verdugos, que es lo que sigue pasando hasta el día de hoy.
Para la conversión del Valle en un lugar de memoria democrático es imprescindible la desacralización de la Basílica y la salida de la Orden Benedictina, que realiza diariamente actos de apología y exaltación de Franco.

– ¿Creen que Patrimonio atenderá su escrito?

No lo sabemos, probablemente obtengamos un “silencio administrativo”. La denuncia que presentamos es un paso previo a la vía contencioso administrativa, si no recibimos una respuesta satisfactoria. Y las pruebas documentales de que disponemos sobre el incumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de la orden custodia, son abundantes y contundentes.
La Abadía tiene una amplia serie de obligaciones que no está cumpliendo, por ejemplo, el Centro de Estudios Sociales (CES) dejó de tener actividad en 1983, tal y como ha reconocido la propia Dirección General de Patrimonio del Estado. El Reglamento de la Fundación del Valle, de 1959, ya determinaba la posibilidad de que la Abadía perdiera su condición de beneficiaria por el incumplimiento de sus obligaciones.

– ¿Consideran que la próxima Ley de Memoria Democrática se referirá a esta cuestión de manera clara, si logra ser aprobada?

Por fin parece que las instituciones consideran necesario hacer frente y dar una solución a este legado indeseable heredado de la dictadura. En el origen de estas medidas políticas está el esfuerzo reivindicativo de algunas asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, que llevamos denunciando, frente a las puertas del Valle cada 20-N desde 2007, la pervivencia de la Basílica como lugar de memoria fascista.
El Proyecto de Ley de Memoria supone en este asunto de Cuelgamuros, como en otros temas, un claro avance con respecto a la ley de 2007, pero tenemos dudas de que sea suficiente como para permitir un uso democrático y respetuoso con las víctimas de la dictadura.
Creemos que es necesario hacer pedagogía pública de los crímenes franquistas y en consecuencia, actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos.