Constitución del 78, anacronías y letra muerta

La Constitución del 78 fue diseñada, como toda norma programática, para ser longeva. No obstante, han pasado 44 años y se ha quedado atrás en la cobertura de las demandas de la sociedad. Al mismo tiempo, parte de su mandato es ignorado, por lo que hasta cierto punto podríamos decir que el pacto inicial se rompe.

La protección de la salud pública, el derecho a una vivienda digna, la inviolabilidad de las comunicaciones y otros derechos consagrados en la Constitución del 78, son claramente violados en la medida en que el neoliberalismo y los resabios del franquismo aplastan las mínimas garantías de la democracia.

Todo esto sin hablar de la monarquía. Un porcentaje bastante considerable de los españoles ya no desean tener un rey. Y esto sucede en parte por todas las prerrogativas que la Constitución del 78 le concede, las pocas posibilidades de ser controlado o vigilado, o en la probidad que se espera de él o ella como jefe de Estado, pues algunas veces no parecen ser las más adecuadas.

Tampoco se habla de que, probablemente, la Constitución del 78 no se trató de un pacto social. Fue un pacto de élites, tal y como acusó el 15M, lo cual explicaría el porqué de unos trozos de letra muerta y un montón de insatisfacción.

La deuda de la democracia

“Llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias”. Esta consigna de Julio Anguita sería, en un principio, la razón de ser de un pacto que debió ser realmente social, y de hecho así lo establece el mandato constitucional.

“La soberanía reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado”, indica el primer articulo de la Carta Magna del 78. Luego los poderes fácticos decidieron que la soberanía la ejerce el rey, y de ahí en adelante, todo quedó en como veremos.

El rey o la reina

La adopción de la monarquía parlamentaria nace en una contradicción y una probable estafa. La Plataforma de Medios Independientes afirma que ya un 40% de la población española prefiere una república. Se trata de un porcentaje bastante significativo, si se considera la potente arremetida cultural que los poderes mediáticos mantienen en favor de la realeza.

Obvio que no se trata de algo nuevo, cuando al propio Adolfo Suárez se le escapó en una entrevista que la monarquía fue legitimada vía legislativa en la reforma, y no fue sometida a referéndum.

“Hacían encuestas y perdíamos. Era Felipe González el que les estaba pidiendo a los otros que lo pidieran. Entonces yo metí la palabra rey y la palabra monarquía en la ley. Y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, relató Suárez.

No obstante, la trampa estaba confesada. Sin embargo, hay otros señalamientos sobre la monarquía, como que el hombre es rey antes que la mujer, y que por supuesto gozan de una inmunidad que traspasa todos los límites, como por ejemplo el de la corrupción descarada.

La violación de las cortes

Desde donde existe una representación del pueblo es desde las Cortes. No obstante, la inviolabilidad dispuesta en la Constitución del 78 es a su vez violada, o más bien ignorada, por quienes jamás dejaron de tener el control, es decir, los herederos del franquismo.

El caso de Alberto Rodríguez salta a la vista. El Tribunal Constitucional le mantiene fuera de su escaño en el Congreso de los Diputados, contraviniendo la inviolabilidad de las Cortes, y continuando un proceso de vaciamiento del orden jurídico encabezado por la Constitución del 78.

Vida y letra muerta

Una garantía que se ha comprobado que no existe es la de la vida.

Al menos, no es exigible directamente como derecho constitucional. Ello quedó demostrado a principios de 2022, cuando un Juzgado Social decidió no darle la razón a los médicos de Jaén. Estos exigían que se les respetase el derecho a la vida y a la protección durante la pandemia de la Covid-19.

El Tribunal aseguró que los médicos de Jaén no podían exigirle al Servicio Sanitario de Andalucía la dotación con material de bioseguridad, por lo que “los sanitarios tenían la obligación de sacrificar su vida e integridad”, sin la utilización de mascarillas durante la pandemia.

Aunque otros juzgados han hecho pronunciamientos contrarios a este fallo, lo claro es que no sirve demasiado invocar un derecho constitucional si sencillamente no se puede exigir su cumplimiento.

La vivienda digna

Un asunto más delicado que requiere enormes cantidades de caracteres. En España, la vivienda digna es un derecho constitucional.

“Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, reza la Constitución del 78.

Solamente en el segundo trimestre de 2022, se efectuaron 10.816 desahucios. Un 70% de ellos por impago de alquiler.

Aun cuando existe moratoria decretada por el Estado, los desalojos siguen sucediendo. Según la opinión de Amnistía Internacional, el derecho a la vivienda en España es “históricamente vulnerado”. Nada ha cambiado, ni parece que vaya a cambiar en un futuro próximo.

Consecuencias

La Constitución del 78 surgió en un proceso controlado por el franquismo y por las fuerzas más conservadoras.

Se trataba de una etapa compleja, superada actualmente por nuevas demandas sociales y políticas, por lo que el pacto social debe al menos sincerarse en favor de la mayoría.