Recientemente, Pedro Sánchez prometió una ley para abolir la prostitución en España, que se posiciona como el tercer país del mundo en el que más hombres pagan por sexo, según un informe de la fundación Scelles de 2016.
Pero su declaración de que la prostitución “esclaviza a las mujeres” en el país, no fue lo que más hizo ruido con respecto a la discusión que se retomó a raíz de su discurso. Puesto que, pese a que la explotación sexual y el proxenetismo son ilegales en el territorio, la prostitución es una práctica que no está regulada por la legislación.
El Jefe del Gobierno hizo especial énfasis en las políticas introducidas por el PSOE, que a su parecer, han ayudado a erradicar estas conductas que contribuyen a las desigualdades y no permiten instaurar una sociedad verdaderamente equitativa. A su vez, manifestó que mediante dichas leyes se reducirían los casos de violencia doméstica.
Lo cierto es que en España no se reconoce como un “empleo”, como en algunos Estados se ha dejado ver a raíz de su legalización y quienes lo practican incluso pagan impuestos, pero el ordenamiento jurídico español no castiga a quienes ofrecen servicios sexuales por voluntad propia, siempre y cuando no se realice en espacios públicos.
No obstante, esto funciona aún en hoteles y otros centros de alojamiento, lo cual ha servido para calcular que alrededor de unas 350.000 mujeres se prostituyen en el país, aunque no hay cifras oficiales.
De ahí que, el PSOE quiere aprobar una ley integral bajo la cual se prohibirá la práctica y se sancionará a los clientes, de forma que se persiga la demanda y todas las formas de proxenetismo. Mientras que el movimiento feminista español prevalece la postura abolicionista, pero hay una parte que aboga por regularlo como una profesión, lo cual es inconcebible tomando en consideración que esto perpetuaría la cosificación de la mujer.
La lucha de “bandos” a ambos lados de las trincheras: quienes abogan por acabar con esta práctica y quienes quieren ejercerla libremente se ha hecho eco tras el anuncio de Sánchez. De un lado se piensa que la prohibición supone una liberación de la mujer en un sistema patriarcal, que la invalida y le quita su condición como sujeto de derechos, y del otro que la libre elección de la profesión las “empodera”.
Si en algo están de acuerdo es en la lucha contra la trata y las mafias que explotan a mujeres para satisfacer los deseos masculinos a cambio de dinero.
Unidas Podemos se hace oír
Dentro de la coalición no hay un consenso claro en torno a esta discusión. Aunque, si se han pronunciado al respecto algunos miembros de Unidas Podemos; sobre todo desde el ministerio de Igualdad que, contempla la posible ilegalización mediante una nueva norma, defiende ante todo la necesidad de sacar adelante una norma con la que se combata “todas” las violencias que se ejercen contra las mujeres, recalcó la Ministra Irene Montero.
Sin embargo, todavía no ha quedado claro si de ejecutarse el proyecto, la ilegalización se abordará mediante una ley nueva o a través de la modificación de las que ya están en tramitación parlamentaria.
La funcionaria ya ha mostrado en diversas ocasiones que la opción más efectiva y rápida a corto plazo, teniendo en cuenta que les quedan dos años de periodo legislativo, es tratar de erradicar la prostitución a través de los proyectos ya iniciados y que optimicen el proceso para dar resultados más efectivos y tajantes.
En ese orden de ideas, se enmarcan las iniciativas aprobadas y puestas en marcha por el departamento de Montero: el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la Libertad Sexual, conocido como la ley del ”solo si es sí” y la norma acordada entre PSOE y Unidas Podemos contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Por otro lado, la Ministra de Igualdad advirtió al PSOE de que el abolicionismo de la prostitución no puede ser “solo un eslogan” y debe traducirse en políticas concretas cuando se “está en las instituciones“, o con objetivos meramente egoístas desde el punto de vista de sus carreras como autoridades.
Si no, llevar a cabo el proyecto como es debido y hacerle un seguimiento adecuado para que no sea “abandonado” en cuanto se pierda la atención, puesto que realmente es imprescindible para las mujeres contar con ese soporte y promover el trabajo digno, que no implique aumentar la brecha de género y otros problemas relacionados.
Al mismo tiempo, Montero criticó que el bipartidismo estable asentado en España desde 1995 “no ha hecho nada” para perseguir la “impunidad” de la industria proxeneta y ha recordado que fue un gobierno socialista, el presidido por Felipe González, quien sacó del Código Penal la tercera locativa que supone castigar a los dueños de locales donde se ejerce la prostitución.
Por tanto, es preciso recordar que la prostitución es un problema social que afecta mayormente a mujeres, según las cifras arrojadas millones en todo el mundo, el cual crea una discriminación entre el mismo género femenino sobre: las decentes y las indecentes, las esposas y las prostitutas, las respetables y las desechables; las privadas y las públicas.
Simone de Beauvoir, filósofa francesa, sostenía que “en la prostitución se resumen al mismo tiempo todas las imágenes de la esclavitud femenina”.
