Reforma Laboral: UP acelera pero el PSOE echa el freno de mano

La derogación de la Reforma Laboral, la subida del Salario Mínimo Interpersonal, y la dignificación de las pensiones públicas y la aprobación de una nueva Ley del trabajo, son las medidas más importantes que deben ser impulsadas por el actual gobierno de coalición PESOE-UP en España.

Sin embargo, sus principales referentes, es decir, Unidas Podemos y PSOE a menudo presentan incompatibilidades en su praxis de gobierno debido a las diferentes raíces ideológicas de cada uno.

En los últimos tiempos, el PSOE ha dado claras muestras de inconsistencia en sus fundamentaciones políticas, así como en los apoyos de los cometidos plasmados en el documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, fijando una hoja de ruta para sus acciones programáticas conjuntas.

La dinámica política entre el PSOE y Unidas Podemos, si bien, ha dinamizado nuevo escenario de la vida pública española, también ha dado muestra de profundas diferencias en el marco de sus basamentos ideológicos y su praxis dentro del gobierno. Se tratan de Incompatibilidades que se han acentuado en pleno debate sobre la implementación de la reforma laboral.

En este sentido, el PSOE se ha caracterizado en los últimos tiempos por evidenciar un claro desenfoque ideológico-programático, basado en la incoherente defensa de los grandes capitales de la empresa privada, monarquía y posiciones políticas conservadoras.

Desde el inicio de la legislatura, en el Ejecutivo de coalición han tenido lugar mil y una batallas que, casi siempre, han tenido que ver con compromisos firmados en el acuerdo entre los socialistas y Unidas Podemos: las subidas del salario mínimo, la ley de Vivienda y la regulación de los alquileres, el Ingreso Mínimo Vital, entre otras medidas.

Todo ello ha desencadenado en la pérdida de su militancia, la dificultad para la consolidación de su liderazgo nacional y un acelerado declive electoral, evidencian que el PSOE presenta diversos síntomas que ponen de manifiesto el deterioro de su posición en el sistema de partidos, enfrentando su mayor y más profunda crisis desde 1979.

A pesar de la gran responsabilidad social contenida en el pacto gubernamental, el PSOE se adhirió a una obscura tradición política conservadora la cual tiene su origen en los tiempos de la dictadura franquista.

Tal y como se ha señalado, las organizaciones políticas pactantes suscribieron un documento denominado “Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España”, se trata de un texto caracterizado por la derogación parcial de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral.

Asimismo, el referido programa propone una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los poseedores de grandes fortunas, así como a las empresas que posean grandes capitales. De igual forma, neutraliza la llamada ley seguridad ciudadana y propone una fuerte subida del salario mínimo, todo ello con un acentuado discurso social.

En la actualidad, la vicepresidenta tercera del Gobierno y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien también direcciona Unidas Podemos, impulsa enérgicamente una reforma laboral, la cual espera ser aprobada antes de finales de año.

La coalición ha fijado su mirada en la necesidad de transformar el actual sistema de relaciones laborales en España, emprendiendo una serie de reformas conducentes a la protección de la clase trabajadora frente al patronato con tendencia neoliberal.

Para ello, se propone la derogación de la reforma laboral del año 2012 presentado durante la gestión de gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy. El vigente instrumento legal, presenta una serie de nociones que favorecen a las empresas en detrimento de los derechos laborales de la ciudadanía.

En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la reforma laboral se derogará en dos fases. Asimismo, no descartó elevar el coste del despido en la nueva legislación.

En la primera fase se abordarían a los asuntos considerados de urgencia, entre los cuales se encuentran:

• la derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
• la derogación de las limitaciones al ámbito temporal del convenio
• y la derogación de que sea prioridad la aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

En una segunda fase, se buscará proponer un marco legislativo distinto y que armonice con los intereses de la clase trabajadora. En este respecto, se tratará materia jurídica respecto a la contratación, las modificaciones sustanciales, o la causalidad, entre otros instrumentos legales fundamentales para consolidar la deseada Reforma Laboral.

A juicio de Yolanda Díaz, no derogar la reforma laboral del 2012 significa “seguir manteniendo la precariedad”, que haya mujeres limpiando habitaciones “por tres euros cada una de ellas” o que haya jóvenes que “no conocen el trabajo decente”.

Por su parte, el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien ha lamentado la actitud del PSOE y ha opinado que situar a la ministra socialista en la misma obedece al “nerviosismo o el miedo de la popularidad que está tomando” Díaz.

El PSOE ha encendido las alarmas por el riesgo de ser superados por la ministra de trabajo en el siguiente ciclo electoral, a tenor de lo que marca la tendencia de todas las encuestas.

De ahí que, a partir de ahora la agenda política pactada por las dos fuerzas políticas, dejará de ser una brújula para el gobierno para convertirse en un elemento de disputa en base a los intereses políticos de los de Pedro Sánchez, que cumplirán si desgastan lo suficiente la figura de Díaz para que puedan aparecer ellos como los responsables de su aplicación.