El titular es duro lo sé, pero así lo creo. Lo que está perpetrándose contra la prefecta Paola Pabón es un atraco a la democracia para retirarla del frente de la Prefectura para la que fue electa mediante voto popular. Alguien debería analizar de una vez el exceso que comete una vez tras otra la fiscal medio capaz Diana Salazar, solicitando medidas preventivas por causas que, nunca en ningún país, darían lugar a acciones de este tipo.
>>Paola Pabón: «En Ecuador nunca antes hemos vivido una persecución de tal magnitud»<<
La prefecta permanece en prisión preventiva desde el día 15 octubre en Cotopaxi, las pruebas con las que pretenden juzgarla no se sostienen en ningún juzgado de un país demócrata: dos tweets y un whatsapp cuyas pruebas periciales aún no han conseguido demostrar, ni lo conseguirán, nada.
Es como el famoso cuaderno del caso sobornos o el pendrive del caso Glas, pruebas prefabricadas o ficticias o sin imputabilidad penal. La aniquilación política que se pretende desde el Gobierno de Moreno contra cualquiera que tenga atisbo de correísmo es alarmante.
Privando de ejercer el cargo de prefecta a Paola Pabón no se está perjudicando solo a la misma, sino que se atenta contra sus derechos de participación política y también a los derechos de elección y representación de los que la eligieron.
>>Jorge Glas, dos años de prisión fecunda<<
La dirigente no está condenada por causa alguna y no se le puede impedir su derecho político. Es de una evidencia contumaz que lo que pretenden: que se llegue al día 12 de diciembre donde se cumplirán 60 días de prisión y perdería su cargo. Eso se llama aniquilación política, destrucción del rival político (el correísmo) y utilizar la justicia a favor de parte.
Lo mismo hicieron con Jorge Glas y con los consejeros de Participación Ciudadana. Yo que siempre mostré mi afecto, mi cariño y respeto por este bello Ecuador, esta vez les muestro mi indignación a modo de regañina: había motivos para manifestarse por los subsidios y el paquetazo sí, pero a mí juicio más aún los hay por la falta de independencia judicial que hace a todos los ciudadanos vulnerables al deseo de quien los hace instrumentos particulares para alcanzar y mantener sus intereses.
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