Juan Guaidó en Venezuela es ya un actor político totalmente irrelevante, no es que sus convocatorias no pasen de las 50 personas, sino que su capacidad de interpelar a la sociedad venezolana es inexistente: Nicolás Maduro ha sido capaz de conseguir que toda la oposición, incluyendo a Voluntad Popular, el partido de Guaidó, regrese a los cauces constitucionales, logrando que se reconozca tanto a su gobierno como a la institucionalidad de la República Bolivariana.
Pese a que la estrategia ensayada en Venezuela no ha funcionado, la administración de Donald Trump sigue sosteniendo un bloqueo económico, que es criminal por las más de 40 000 muertes provocadas por su despliegue, y ahora inicia la misma estrategia en la Bolivia de Evo Morales.
Lo único que cambia es a Juan Guaidó por Carlos Mesa, el candidato opositor más votado en la primera vuelta de las elecciones celebradas el pasado domingo 20 de octubre.
Estados Unidos, que hace solo un lustro dejaba que fueran sus representantes los que expresasen sus palabras, para aparecer ante la opinión pública separado de ellos, dando una impresión de que sus consideraciones eran apoyadas por agentes políticos, sociales y diplomáticos independientes del ejecutivo norteamericano, se ha adelantado a la primera línea mediática.
La poderosa nación del norte ha expresado que Bolivia debe hacer una segunda vuelta electoral, sembrando de esta manera el argumento de que el poder electoral boliviano, y por tanto el gobierno que lidera Evo Morales, no es democrático en tanto no respeta la voluntad popular. En esta reclamación ha sido acompañado por naciones como Colombia y Brasil, y foros diplomáticos como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al igual que en Venezuela, la derecha señala al poder electoral como corrupto para crear una justificación de que los presidentes electos son dictadores, ya que se sostienen el poder mediante el fraude electoral, es un ataque directo a la concepción de la soberanía nacional, elemento sin el cual no puede haber democracia.
De la misma manera que en Venezuela, no aportan pruebas del fraude, ni tampoco se aceptan las auditorías electorales hechas por los estados de manera pública, lo que sitúa a la derecha fuera de los cauces constitucionales, abriendo así la opción al golpe de estado.
En los últimos días se han producido en Bolivia manifestaciones violentas por parte de la derecha, al igual que sucedió en Venezuela de manera intermitente desde el año 2014, como una manera de provocar una represión gubernamental que justifique un derrocamiento de Evo Morales, quién ha respondido con proporcionalidad y movilizando a sus bases de manera pacífica, para impedir que se asiente el relato mediático que señale que solo sus opositores se movilizan.