El 1 de julio del presente año, la Fiscalía General de México realizó declaraciones contundentes que cambiarían la forma de ver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre de 2014. Mediante los canales judiciales correspondientes, informaron de la orden de aprehensión en contra de 46 servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero, con acusaciones de delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Informaron que estos delitos no habían sido ni procesados ni judicializados en su debido momento por la anterior administración de la Procuraduría General mexicana. Las órdenes de aprehensión van unidas a las que se solicitaron el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de México, incluido el jefe de la investigación directa del caso por parte de la Procuraduría Tomás Zerón.
La administración anterior puso trabas en la investigación de este caso al ocultar pruebas para dar con el paradero de los desaparecidos, y que, a raíz de nuevas investigaciones realizadas por la actual Fiscalía, han dado con gran cantidad de huecos en las pesquisas realizadas en su momento.
Este suceso aún ahora golpea fuerte tanto en la sociedad mexicana como en cada uno de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos que permanecen exigiendo justicia.
La verdad histórica: impunidad
La “Verdad Histórica” es la manera en la que se denominó al Caso Ayotzinapa durante los años en los que Enrique Peña Nieto gobernaba los Estados Unidos Mexicanos.
El 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes del estado de Guerrero desaparecieron en medio de un viaje hacia la Ciudad de México, en el cual fueron interceptados por un grupo de policías y hombres armados teniendo como prosecución el secuestro de estos normalistas según la versión oficial de los hechos presentada por la, en su tiempo, Procuraduría General de la República.
Esta “Verdad Histórica” narra que, según las investigaciones que anteriormente fueron afirmadas por el Gobierno de México, estos jóvenes fueron asesinados y tirados en bolsas de basura para luego ser incinerados. Cabe destacar que para esta versión no fueron desvelados los documentos correspondientes y se asumió como el final del caso.
Tuvieron lugar cientos de protestas por parte del movimiento de padres y madres de los 43, acompañados de la colectividad mexicana, demandando que se hiciera justicia, que se ubicara a los perpetradores del crimen así como también que aparecieran los jóvenes “vivos se lo llevaron, vivos los queremos“.
Instituciones autónomas se encargaron también de hacer investigaciones, que arrojaban resultados diferentes y que deslegitimaban esa Verdad Histórica, pero sin recibir la atención del gobierno en aquel entonces.
La destrucción de esta Verdad Histórica representa una nueva esperanza para los padres de los 43 normalistas, que aún en estos tiempos de pandemia se mantienen activos con acciones en favor de alcanzar la clausura del caso.
Tomás Zerón
Además de ser el que dirigió la investigación por parte de la Procuraduría General de la República para ese tiempo, se presume que las evidencias sobre las cuales basaron la Verdad Histórica fueron amañanadas, pues se mostró un vídeo en el que se le veía en la zona del crimen, con las bolsas de cadáveres, además de la posible la implantación de pruebas que más tarde serían presentadas como legítimas para construir la Verdad Histórica. Además los otros crímenes que devienen de la desviación de los hechos y por negligencia judicial. Ahora mismo tiene orden de captura.
Posición de las familias de los desaparecidos
Aunque se muestren de acuerdo con las medidas tomadas por la Fiscalía, ven necesario romper el pacto de impunidad que se creó durante el caso para proteger a los funcionarios implicados en la investigación. Mantienen además la necesidad de exigir que los funcionarios policiales y militares que estuvieron implicados en el crimen sean llevados ante la justicia.
Se aprobó por parte de López Obrador la inclusión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes fueron los responsables en su tiempo de los resultados en contra de la Verdad Histórica sostenida por el ejecutivo de Peña Nieto.
