En Cataluña todo se veía venir. La preparación previa al juicio del Procés rezumaba un aire de sobre actuación y de imposición de ciertos dogmas que han ido repitiendo tantas veces entre los grandes medios de comunicación y algunos políticos (golpe de estado, masas tumultuarias, violencia). Cabe recordar la filtración del WhatsApp mandado por el antiguo portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó; <<Marchena, lo controlará todo (juicio a los políticos independentistas) desde atrás>>.
El hecho de que el juicio se haya retransmitido en directo en algunas televisiones públicas (hubo un seguimiento muy inferior en TV que el realizado por los medios públicos catalanes) no hizo que se vulneraran pruebas o incluso derechos.
El Presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, siguió al dedillo la instrucción previa del juez Llarena, la cual, era un copiar y pegar de las diligencias policiales del teniente coronel de la Guardia Civil Baena, alias Tácito. Este último, fue un personaje muy polémico antes y durante el juicio, ya que su perfil agresivo contra el independentismo catalán en Twitter fue descubierto y reconocido su personaje en la red por él mismo en una conversación con el diario Público. Baena vulneró la ley y nada ocurrió.
También, ha sido flagrante cómo Marchena ha obviado el testimonio tanto de policías como de ciudadanos que asistieron a la convocatoria de referéndum el pasado 1 de octubre de 2017. Marchena, con la excusa que los testimonios de ambos bandos tenían un alto componente emocional (también los policías, profesionales encargados de las gestión del orden público), ha negado la posibilidad de confrontar la versión oficial en este juicio (la violencia de las masas insurreccionales) con la de la defensa que preparó cantidad de vídeos en los que se podía comprobar la brutalidad policial gratuita contra los ciudadanos el 1 de octubre de 2017.
Esta vulneración del derecho a la contradicción de la prueba finalmente ha sido una de las claves para argumentar estas duras penas a los líderes independentistas, por auspiciar las masas a la confrontación sin tener en cuenta el origen de toda la violencia física vivida ese día.
Y así podríamos seguir argumentando vulneraciones flagrantes. Sin tener la necesidad de ahondar en todo lo que argumenta la sentencia, sí cabe decir, que esta sentencia afecta a todos los ciudadanos del Estado español ya que hace una interpretación restrictiva y alarmante del derecho no solo a la protesta sino que también afecta a la libertad de expresión -recordemos que muchas de las acusaciones de la sentencia se basan en tweets-, ya que interpreta la Sala Segunda del TSJ una nueva versión <<moderna>> del carácter delictivo de la protesta y la movilización ciudadana: “movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales”.
¿Y ahora qué?
Solo hace faltar ver lo que sucede en Cataluña para ver que esta sentencia lo estropea todo más. Miles de personas han salido a la calle indignadas con la sentencia a los líderes del Procés y por primera vez, se están viendo episodios de conflicto en las calles. Por cierto, con casos de filtración y brutalidad policial dignos de vivirse en estados de excepción.
En Cataluña se vivió las semanas previas a la publicación de la sentencia con mucha indignación, incluso con un sentimiento de humillación en muchos sectores de este país. Pedro Sánchez llegó a amenazar en sacar a pasear de nuevo el artículo 155 de la Constitución -como si de buenas a primeras se pudiera aprobar su aplicación sin justificación alguna-, para así apagar con fuego la protesta en Cataluña.
La detención de los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo también ha indignado buena parte de la sociedad catalana, y más, cuando desde Cataluña se podía ver cómo la connivencia entre medios de comunicación de estado y políticos hacía saltar por los aires la presunción de inocencia de supuestos delitos aún no comprobados, y se señalaba escandalosamente al movimiento independentista como un movimiento violento, así, de golpe, y sin ninguna justificación más que la de filtraciones intencionadas procedentes de los mandos de la Guardia Civil.
Este pasado viernes se convocó huelga general y el seguimiento ha sido otra vez muy elevado. En la educación pública más del 60% (Universidades 90%), en el comercio 80% y grandes industrias como SEAT cerraron. La Marxa per la Llibertat ha conseguido reunir miles de personas en todas las comarcas catalanas que a pie han atravesado el país para llegar, a pie, hasta el mismo centro de la capital. 525.000 personas llenaron Barcelona, sin contar los miles de personas que salieron a la calle en Girona, Lleida, Tarragona y las convocatorias en Bilbao, Madrid, Mallorca, Valencia, etc.
Está claro que Cataluña no acepta esta sentencia pero los políticos siguen empeñados en hacer solo gesticulaciones para no mover ni un dedo ante su público, en aras de la nueva convocatoria electoral, un gran error que parece que pagará caro Pedro Sanchez, según todos los sondeos.
La responsabilidad política ni está ni se la espera
Todos los partidos, en Madrid y en Cataluña, se confrontan con mensajes mediáticos porque todos están pendientes de esta nueva contienda electoral. Desde Madrid se manda un mensaje de orden a la fuerza, sin tener en cuenta las causas políticas, y desde Cataluña el Govern de la Generalitat vive una permanente crisis de autoridad que se ve incrementada por la histórica, y muchas veces absurda, competición entre partidos (JxCat y ERC).
Todos viven en sus trincheras puramente dialécticas. Y Sánchez insiste en pasar el problema catalán por la idea de que en Cataluña hay un conflicto de convivencia social. Un error de lectura que interfiere claramente en la vida política catalana y que no se atañe en nada a la realidad de este país. Cataluña es muy plural y llena de infinidad de componentes y actores cívicos que se necesita conocer para saber de que se habla cuando se habla de la sociedad catalana.
Mientras tanto la movilización social presiona y aumenta (el seguimiento y liderazgo del mundo juvenil en las movilizaciones es muy relevante) y no hay proyecto político, solo simbolismos.
Hay infinidad de razones que han llevado a vivir esta situación de callejón sin salida, y viene de lejos. Pero sí se puede hablar de un trasfondo que emana del conflicto catalán es la falta de empatía que llega hasta el insulto entre actores políticos, y un debate que presume ser complicado pero que es real y de profundo calaje político: la gestión de la convivencia de las minorías nacionales en el si del Estado español respeto a la fuerza y la mayoría política que ostentan los poderes de estado.
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