Colombia vive desde noviembre del 2019 jornada de protestas en varias ciudades del país, las movilizaciones son contra las políticas del presidente, Iván Duque, y expresan el rechazo de gran parte de la población (con adhesión de sectores de la ciudadanía que hasta hace poco tiempo no participaba de protestas) a las medidas económicas del Gobierno. Rechazando además la impunidad por el exterminio de líderes sociales, los abusos del Ejército, y las escuchas ilegales. La defensa de la educación pública también es un factor determinante para la unidad de las protestas.
Desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), ahora convertida en partido político, el asesinato de líderes sociales no ha cesado en Colombia.
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Varias organizaciones políticas y defensoras de Derechos Humanos entienden que los beneficios del acuerdo de paz son evidentes en varias regiones de Colombia. Y comparten que la firma del acuerdo final tuvo un impacto positivo con relación a la reducción de cifras de varios indicadores de violencia asociada al conflicto armado.
Sin embrago, todos coinciden que a tres años del Acuerdo de Paz se constata la persistencia de la violencia sistemática en contra de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, problemática que incluye a su familia y su comunidad.
Desde finales de 2016 hasta el 2019, los números divulgados dan idea de la magnitud y sistematicidad de asesinatos a líderes sociales. Para 2018, la Defensoría del Pueblo denunció el asesinato de 164 líderes sociales, cifra que se suma a los 126 asesinatos de 2017 y a los 133 de 2016, registrados por la misma institución. Además se contabilizan 180 ejecuciones extrajudiciales contra excombatientes de las FARC-EP luego de la firma del acuerdo de paz.
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Muchos de los líderes asesinados en Colombia tenían un liderazgo múltiple, es decir, participaban en varias organizaciones sociales, a la vez que asumían de forma simultánea diversas actividades en su comunidad, con un profundo arraigo local.
Uno de los grupo de líderes afectados ha sido el de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los líderes cívico-comunales. Pero el universo de víctimas no acaba allí, los líderes indígenas, afro, los activistas de los derechos de la comunidad LGTBI+, líderes sindicalistas, y activistas ambientales también son perseguidos, desaparecidos y asesinados.
En la mayoría de los asesinatos de líderes sociales se desconoce la autoría por falta de investigación a fondo por parte de la justicia. Se presume que los autores pertenecen a grupo neoparamilitares y narcoparamilitares en un contexto de reconfiguración del paramilitarismo.
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Existe un proceso de ocultamiento de la realidad por parte del Estado colombiano, así se logra garantizar la dominación de los victimarios y de la gente que se ha beneficiado de la implementación del miedo en las comunidades, ya que viven del despojo de tierras, de la extracción ilimitada de los recursos naturales, de la explotación de los campesinos, son personas que han hecho sus fortunas con el sistema tal y como está y, por ende, esperan que las cosas no cambien. El interés es mantener el poder político y económico. La violencia es un método para que las arbitrariedades sean moneda corriente.
El exterminio de líderes sociales, ex guerrilleros, la represión y persecución a referentes estudiantiles y sindicales está dirigido a desmembrar el tejido social, debilitar los sujetos sociales y sus organizaciones para romper cualquier posibilidad de participación colectiva en sus apuestas de lucha por la paz desde los territorios, el exterminio como objetivo para terminar con los ejemplos de ciudadanos que apuestan a lo colectivo, y que transmiten valores como la solidaridad y la honestidad.
Son pocas las voces que se involucran con las violaciones de Derechos Humanos en Colombia y mucho menos, los grandes medios de comunicación en América Latina que invisibilizan la nueva oleada de exterminio y violencia sociopolítica en Colombia.
La comunidad internacional debe exigir al gobierno colombiano, y sobre todo a las autoridades competentes, resultados inmediatos en la identificación y sanción de los responsables de los asesinos de líderes sociales, además el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y también el cumplimiento de los acuerdos de paz.
