Entrevistamos a Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria para conocer la posición del movimiento memorialista sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, entre otras cuestiones referentes a la reparación de los crímenes cometidos por el régimen fascista que gobernó España con puño de hierro desde 1.939 hasta 1.978.
¿Cómo valoran la labor en cuanto a la Memoria de los gobiernos que se han sucedido desde el franquismo?
Entendemos que uno de los elementos centrales del régimen establecido en 1977-1978 es lo que organizaciones internacionales de derechos humanos llaman el “modelo español de Impunidad”, consistente en que no se aplicó en España una “justicia transicional”, como en otros países donde se pasó de dictaduras de muy diverso tipo a regímenes democráticos.
La impunidad del franquismo no afecta sólo a la impunidad penal de ejecutores de crímenes y responsables políticos, sino también a respetar el estatus económico y social de los beneficiarios de la guerra y de la dictadura. Los gobiernos, con muy pocos matices, han sostenido y preservado este sistema de impunidad, acompañándolo de políticas activas de silencio y olvido con respecto a los crímenes cometidos, y a la resistencia antifascista durante la guerra y toda la dictadura, en sus diferentes formas.
¿Qué supuso para la recuperación de la memoria la Ley de Memoria Histórica del expresidente Zapatero?
En primer lugar hay que decir, que una Ley de Memoria no estaba en el programa electoral socialista de 2004, sino que fue una exigencia de sus socios de investidura, ERC e IU-ICV. Sucedió gracias a la presión y a la pujanza de un extenso y plural movimiento memorialista.
El objetivo final de la Ley de 2007 fue preservar en lo esencial el modelo de impunidad, intentando “domesticar” al movimiento memorialista mediante subvenciones. Obviamente la Ley fracasó, si no, no estaríamos hablando 11 años después de fosas, sentencias o de los restos de Franco.
La Ley de Memoria no anuló las sentencias franquistas; impuso un sistema de exhumaciones extrajudiciales mediante la gestión privada de subvenciones públicas; estableció unas medidas de reparación material y simbólica limitadas; pero fundamentalmente, negó el derecho a la Justicia de las víctimas del franquismo, y el derecho a la verdad de la sociedad española.
¿Qué opinan de la exhumación de los restos del dictador Franco propuesta por el presidente Pedro Sánchez?
Obviamente estamos de acuerdo, aunque nos parece insuficiente si no salen también los restos de Primo de Rivera, y no se hace una política integral sobre el futuro del Valle de Cuelgamuros. Nos tememos que esto quede en un hecho puntual, que sirva para dar una imagen de izquierdismo al Gobierno ante su electorado, explotando mediáticamente la reacción furibunda de las derechas (y de paso permita al Gobierno incumplir otras de sus promesas, en los planos social y económico, fundamentalmente).
¿Cuál es la valoración que hacen de la propuesta de IU para el Valle de los Caídos?
Es correcta y coincide en líneas generales con nuestras propuestas. Es lógico, puesto que nos hemos reunido e intercambiado criterios con ellos, y con otras fuerzas políticas y grupos institucionales, no solamente del ámbito de la izquierda, aunque las coincidencias, obviamente, se dan sobre todo con las fuerzas progresistas.
¿Cuál es su opinión sobre la posición que llama a mantener todo como está bajo el argumento de “no reabrir heridas”?
Que los que proponen eso no lo plantean para otros casos, como el del terrorismo vasco y sus víctimas. El caso de España y las víctimas del franquismo es una excepción, un paréntesis, una especie de limbo, con respecto al tratamiento que se da en el resto del mundo a las agresiones contra los derechos humanos, donde se aplica el derecho internacional para delitos que por su naturaleza son imprescriptibles.
¿Qué medidas debería tomar el gobierno para reparar lo acontecido durante la Dictadura de Francisco Franco?
Nosotros, junto a otras organizaciones en el marco del Encuentro Estatal de Colectivos de Víctimas del franquismo y de Memoria Histórica, proponemos una Ley Integral de Víctimas del franquismo, que iguale en derechos a las víctima del franquismo con respecto a otros colectivos de víctimas para las que el estado español ha legislado convenientemente, y ha reconocido su derecho a obtener Verdad, Justicia y Reparación.
En cuanto a medidas concretas, exigimos, entre otras cuestiones, la anulación de todas las sentencias represivas del franquismo, la exhumación judicializada de las fosas comunes clandestinas, la eliminación completa de la simbología y callejero que homenajea a la dictadura y a los golpistas de 1936, y la declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 para poder llevar ante los tribunales a los responsables de crímenes contra la humanidad, como ha pasado y sigue pasando en Argentina, Alemania…
¿Considera el movimiento memorialista que es necesario desarrollar un proceso constituyente para conseguir sus objetivos?
Entiendo que en un proceso de cambio de régimen se abrirían espacios para aplicar elementos de Justicia transicional, lo que no se pudo hacer en 1977, aunque será demasiado tarde para muchas víctimas y familiares. De cualquier modo, nosotros tenemos que trabajar aquí y ahora, exigiendo al Estado español en su actual forma el cumplimento del derecho internacional de los derechos humanos.
También hay que tener en cuenta que las denuncias y exigencias del movimiento memorialista, suponen un cuestionamiento frontal de los pactos de impunidad, silencio y olvido de la Transición, sin tener que proclamar públicamente nuestro republicanismo a cada minuto. La misma existencia a día de hoy de docenas de miles de desaparecidos implica un cuestionamiento del régimen del 78, y del propio Estado de derecho en España.
¿Existen ejemplos en otros países del mundo que sean una inspiración para la Federación que usted preside?
Es complicado, porque las circunstancias españolas son muy específicas: la duración del franquismo, con sus fases históricas, y sus múltiples formas de represión; el “peculiar” modo en que se pasó aquí de la dictadura a la democracia… Hay modelos de los que podemos aprender, comparándolos con nuestro caso: la victoria de los antifascistas en Europa en 1945; la Revolución de los Claveles…
Quizás de donde más enseñanza e inspiración obtenemos es de las luchas contra la impunidad en el Cono Sur americano: las organizaciones de víctimas y familiares; los activistas; el papel de la sociedad, las fuerzas políticas y los juristas en la lucha contra leyes de Punto Final; las posteriores políticas públicas de Memoria… en todos los aspectos estamos a años luz de lo que se ha conseguido allí.
¿Han encontrado apoyos en el ámbito político?
Nos hemos reunido con la mayor parte de las fuerzas políticas para explicarles nuestra propuesta de Ley de Víctimas del franquismo, con diferentes resultados. Por cierto, creo que hemos sido la única organización memorialista que se ha reunido con la dirección del PP en la Calle Génova, en una reunión distendida donde expresamos, por así decirlo, diferencias de fondo insalvables.
Con otras fuerzas tenemos desde hace tiempo una sintonía especial, como es el caso de ERC a través de Joan Tardà, que siempre ha trasladado al Congreso las propuestas del sector del movimiento memorialista más implicado en la lucha contra la impunidad. También mantenemos una colaboración permanente con Compromìs, por medio del senador Carles Mulet, con quien el año pasado presentamos una propuesta de Ley de Víctimas en el Senado, que PP, PSOE y Cs no admitieron a trámite.
Mantenemos una relación fluida tanto con Podemos como con IU, que han recogido en sus propuestas parlamentarias y programáticas, buena parte de los planteamientos del Encuentro Estatal de Colectivos, aunque no hemos sido capaces de conseguir, de momento, que las fuerzas democráticas presentaran una propuesta común. Por el contrario, han proliferado en esta legislatura múltiples iniciativas particulares, de muy diverso sentido, desde el ámbito de la izquierda y de los nacionalismos periféricos.
¿Considera que el golpe que lideró Franco contra el gobierno de la II República estuvo justificado?
Desde un punto de vista democrático, de ninguna manera. Querían arrancar de raíz, la tradición liberal y democrática, así como la propia existencia del movimiento obrero. Y para ello no ahorraron esfuerzos: algunos historiadores han utilizado conceptos como “inversión en violencia” (o en terror), para explicar la represión franquista.
El objetivo era claro, eliminar la experiencia reformista republicana, y garantizar la dominación sin contestación de la clase dominante y de los sectores más reaccionarios de la sociedad española: iglesia, ejército, latifundismo agrario… Mediante el exterminio del enemigo político.
¿Qué podría decir sobre la represión que tuvo lugar bajo el régimen fascista de Franco?
Frente a lo que se dice por el negacionismo y revisionismo tan de boga estos días, inconcebiblemente exhibido en los medios de comunicación, la represión franquista está relativamente bien estudiada, con algunos puntos negros, como los problemas de acceso a determinados archivos de la represión.
Cientos de investigadores han publicado monografías locales y comarcales; luego especialistas, generalmente en obras colectivas, han realizado un análisis comparativo e interpretativo. Al tiempo, se han estudiado las diferentes formas de represión y colectivos de víctimas: asesinatos “legales” y extrajudiciales, prisión, exilio, deportación, bebés robados, represión económica y profesional… Y progresivamente la historiografía ha pasado de intentar la cuantificación de la represión como tema central, a buscar la explicación de los cómos y los porqués.
El problema es que tenemos la Verdad, sostenida por un amplio consenso académico y científico, pero su ignorancia por el sistema educativo y la “censura” o desatención de los medios, hace muy difícil que ese conocimiento llegue al conjunto de la sociedad.
Es una gran pelea, que no sé si vamos ganando, pero que va inexorablemente unida a las posibilidades que tenemos de que en el futuro se haga efectivo el derecho a la Justicia. Y la lucha por la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo ocupa un espacio central en la defensa de una democracia real, y de los derechos humanos y civiles en nuestro país.
