La mejor opción para Venezuela, ¿diálogo o elecciones?

El neoliberalismo está volviendo a ganar otra batalla más en el campo de las ideas a la izquierda. La mayoría de la gente que reside fuera de Venezuela, está repitiendo que “se deben celebrar elecciones”. Para sostener esa posición, la oligarquía estadounidense ha dado diferentes argumentos: “si no es un dictador que lo demuestra convocándolas”, “si tanto apoyo tiene, que lo demuestre en unas elecciones“, “las elecciones son la manera que tiene la democracia de dirimir los problemas“, “no se trata de quitar o poner gobiernos, sino de dejar que los venezolanos se expresen“.

Fuera de cualquier otra consideración, debemos recapacitar un segundo y pensar en quiénes somos nosotros, para imponer un calendario electoral a los venezolanos. También debemos parar un segundo y reflexionar, ¿por qué solo se piden elecciones presidenciales, cuando además las últimas celebradas no tienen ni un año? ¿Acaso la Asamblea Nacional, dirigida por la oposición, no es corresponsable de la situación en Venezuela? El poder legislativo podría haber hecho leyes para proteger a los venezolanos, en vez de hacer giras mundiales para pedir sanciones que están provocando escasez de productos de primera necesidad.

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Ahora bien. Es cierto que las elecciones son una buena forma de solucionar los problemas por la vía democrática. Pero los venezolanos disponen de un contrato social en forma de Constitución Bolivariana de 1999, aprobada con un 70% de apoyo en referéndum. En ella se establece que los periodos presidenciales son de seis (6) años, y que desde la mitad del mandato, tres años (3) en adelante, todas las autoridades elegibles del Estado son susceptibles de ser revocadas por referéndum.

¿Obligar a Venezuela a romper ese contrato social en el que se basa su democracia ayudará a resolver los problemas? La respuesta es no, porque no hay una voluntad popular que lo pida. Ayer Juan Guaidó convocó a los ciudadanos a las calles y las imágenes y vídeos que cubrieron las concentraciones, dan cuenta de una respuesta marginal. Por lo tanto no se puede imponer la voluntad de una minoría a una mayoría.

La oposición además ha vulnerado la ley. Juan Guaidó se refiere al artículo 233 para justificar su intento de golpe de estado. Pero en ese artículo da la opción a que sea el vicepresidente el que asuma el cargo si el presidente falta. Y Nicolás Maduro no ha faltado de ninguna de las maneras que se recogen en el texto constitucional: no ha renunciado, no ha muerto, y no ha sido certificado como incapaz por una junta médica.

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Además, las elecciones presidenciales celebradas en mayo de 2018 tuvieron participación de la oposición. Henri Falcón (líder de la campaña electoral de Henrique Capriles en 2015) y Javier Bertucci, obtuvieron millones de votos presentando programas electorales de marcada tendencia neoliberal, sin encontrar apoyo masivo en las urnas, que dieron la victoria al chavismo representado por Nicolás Maduro.

Por lo tanto, una parte de la oposición ha observado que cometió un error al no presentarse a las elecciones, y ahora sí quiere hacerlo, pero evadiendo las consecuencias de sus errores -sin tener que esperar 5 años a las siguientes, ni 2 años para el referéndum revocatorio-, llevando a cabo para ello un golpe de estado.

No hay que descartar que la petición de las elecciones sea simplemente un cebo para revestirse de demócratas, si el golpe de estado culmina con una intervención militar. Piden elecciones los que están dando un golpe de estado, la democracia puede tener mejores amigos que unos golpistas.

Unas elecciones que no quieren la mayoría de los venezolanos, que nacerían de un golpe de estado, no parecen la mejor solución para resolver una crisis política, creada y sustentada por quienes no son capaces de conquistar al pueblo venezolano mediante los cauces democráticos.

Además de esta posible opción, también está en la mesa, gracias a los gobiernos de México y Uruguay, el diálogo. El gobierno y la oposición entablaron un diálogo en República Dominicana a finales del año 2017, que casi culmina en febrero de 2018. Los acuerdos estaban alcanzados, y el país anfitrión dispuso la mesa, con las actas, los dos asientos y los dos bolígrafos para firmar. Sin embargo, horas antes de rubricar los acuerdos alcanzados, el exSecretario de Estado de los Estados Unidos (EEUU) Rex Tillerson, llamó desde Colombia al representante de la oposición que iba a firmar en nombre de la derecha, Julio Borges, quién al colgar el teléfono expresó que no firmaba, cuando minutos antes se mostraba dispuesto.

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Esta experiencia demuestra que, sin injerencias de los Estados Unidos (EEUU), el chavismo y la oposición son capaces de llegar a acuerdos que beneficiarán a los venezolanos, ya que supondrían el fin de las últimas sanciones, del boicot interno y de la especulación con el dólar paralelo.

El diálogo deberá abrirse camino entre la manipulación mediática que sustenta la opción de las elecciones. Ya ha empezado a hacerlo, pero necesita cristalizarse, tener caras que lo apoyen, instituciones que lo defiendan y fechas que lo concreten. La primera llegará el próximo 7 de febrero en Montevideo (Uruguay), momento en el que diez países apoyados por la ONU y otras instituciones, presentarán sus planes para superar, hablando de igual a igual, el intento de golpe de estado.