La crisis que impactó en la sociedad española en 2008 es otra prueba más de la existencia de la lucha de clases. Diez años después, el número de millonarios ha crecido a un ritmo proporcional al aumento de los suicidios de los trabajadores que se quedan sin casa por el negocio de los bancos, que fueron rescatados con el dinero público emanado del esfuerzo laboral de esos mismos trabajadores.
Este proceso capitalista supone una crisis solo para los que trabajan los medios de producción en poder de la oligarquía, que los consiguió mediante robos y expolios en épocas pasadas -como por ejemplo en el franquismo– y ha logrado mantenerlos hasta hoy gracias en última instancia a una transición en 1.978 que respetó los hurtos e injusticias económicas de los golpistas aliados de Hitler.
Actualmente la crisis ha establecido un alto nivel de paro que garantiza un ejército de trabajadores desesperados por obtener una ocupación que les permita llevar una vida que ya no esperan que sea digna. Tan desesperados que aceptan contratos por horas en condiciones laborales que hubieran provocado huelgas generales hace un par de décadas.
Como una manera de sostener en el tiempo esta crisis que tan rentable está siendo para la oligarquía española, con cada vez más miembros en el Club de los Multimillonarios, se produjo una reforma en el artículo 135 de la Constitución monárquica española de 1978. La cual se hizo también a instancias de la Troika, que como uno de los entes europeos defensor del modelo capitalista, no perdonó a España el pago de la deuda.
La reforma del artículo 135 se llevó a cabo a principios de septiembre de 2011, con un acuerdo de los dos pilares más importantes del Régimen del 78, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en ese momento en el gobierno bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y el Partido Popular (PP) con un Mariano Rajoy al que le quedaban unos meses para convertirse en el presidente de España.
El concepto de la estabilidad presupuestaria metido en el nuevo artículo 135 condena a España a priorizar el pago de la deuda -una deuda provocada por la especulación de la banca privada- por encima del gasto social. Es decir, que el Estado español, con los impuestos que pagan los trabajadores -ya sabemos que los grandes empresarios no tributan en España, aunque a veces dan una migajas que suponen menos de lo que deberían haber pagado legalmente para limpiar su imagen-, gasta antes en pagar las consecuencias de las malas partidas que juegan los bancos privados, que en La Ley de Dependencia, en el Ministerio de Igualdad, en Sanidad, en Educación, en la Ley de Memoria Histórica… En definitiva, con el actual artículo 135, ningún gobierno puede realizar un cambio en favor de los sectores sociales que más están sufriendo la crisis que ya dura una década.
Un ejemplo de ello es el actual gobierno del PSOE liderado por Pedro Sánchez, su apuesta el bono social eléctrico es en la práctica un fracaso que no mejora la vida cotidiana de los que están pasando frío este invierno, porque no solo no se otorga en función de la necesidad de cada familia -lo pueden recibir también los Botín– sino porque solo cubre lo que gasta un calentador de 1kw 3,3 horas al día. El dinero que resta para cubrir otros electrodomésticos funcionando las otras 20,7 horas al día, lo reciben los acreedores del Estado que han perdido dinero jugando al capitalismo, lo recibieron también los bancos españoles que perdieron dinero mientras especulaban para enriquecerse más.
El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tiene ningún interés en derogar la reforma del artículo para desbloquear que el dinero público pueda regresar al gasto social, y así cubrir las necesidades de lo españoles. De hecho él fue uno de los redactores de la reforma y desde su escaño en el Congreso de los Diputados votó a favor de la misma, no fue uno de los poquísimos miembros del PSOE que votaron en contra o abandonaron la cámara legislativa al no poder votar la reforma por ir en contra de sus principios de izquierdas.
