Tercera y última parte de la entrevista realizada por elestado.net a la asambleísta de Ecuador Esther Cuesta Santana. El análisis de todos los actores que forman parte del actual escenario político y social de la nación suramericana influido por el COVID-19, se ha abordado de manera profunda en las dos anteriores entregas. En esta última se tratan aspectos más centrados en el calendario electoral y político. Para leer la primera parte de la entrevista, haga click aquí. Para conocer las respuestas de la entrevistada en la segunda parte, haga click aquí.
¿Se da el escenario para una muerte cruzada?
La muerte cruzada consta en el artículo 148 de la Constitución y le faculta al Presidente de la República a disolver la Asamblea Nacional por tres causales: arrogación de funciones, obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.
La figura podrá ser ejercida por una sola vez, en los tres primeros años del mandato de Moreno, que se cumplen el próximo 24 de mayo de 2020.
Además, la medida implica que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales, para el resto de los respectivos períodos.
En las próximas elecciones, las grandes mayorías votaremos por un gobierno cuya visión y proyecto de país sea alcanzar la justicia social con equidad para recuperar la patria a favor de todos los ciudadanos, como fue en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, liderada por el Presidente Rafael Correa.
Esto significa que el actual presidente gobernaría bajo decretos presidenciales hasta que se realice el proceso electoral, que tomaría alrededor de seis meses en organizarlo.
Por lo tanto, en la actual coyuntura, no sería adecuada políticamente la muerte cruzada. El Presidente Lenín Moreno cuenta con una aceptación muy baja, alrededor del 5%. Ha perdido el liderazgo y credibilidad.
De hecho, muchos sectores de la población le pide que de un paso al costado y renuncie él y su Vicepresidente Otto Sonnenholzner. Recordemos que éste último no fue elegido en las urnas y que el Vicepresidente Constitucional elegido por el pueblo es Jorge Glas Espinel, preso político de los poderes fácticos que gobiernan Ecuador, pues no han podido ni podrán demostrar ninguna prueba en su contra.
Una salida a esta crisis política y socio-económica podría ser que se elija nuevos mandatarios para el resto del periodo, más o menos un año, mediante el siguiente mecanismo:
- Que primero renuncie el Vicepresidente y luego, mediante una terna propuesta por la ciudadanía, sea elegido un nuevo Vicepresidente por la Asamblea Nacional del Ecuador.
- Al ser elegido el Vicepresidente, el Presidente Moreno renuncie y asuma la presidencia el Vicepresidente elegido.
- El Presidente que asuma, enviaría una terna a la Asamblea Nacional para que el Pleno de la Asamblea elija el nuevo Vicepresidente.
¿Pueden las fuerzas progresistas ganar unas elecciones a la presidencia?
Sin lugar a duda, y 00 que permita una gobernabilidad hacia un mismo fin: el buen vivir de los ciudadanos. En estos últimos tres años, los ecuatorianos hemos experimentando el modelo más excluyente, el neoliberal, el cual prioriza al capital sobre el ser humano.
Por ello, en las próximas elecciones, las grandes mayorías votaremos por un gobierno cuya visión y proyecto de país sea alcanzar la justicia social con equidad para recuperar la patria a favor de todos los ciudadanos, e implemente nuevamente políticas públicas de inversión en salud, educación, empleo y desarrollo social, como fueron en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, liderada por el Presidente Rafael Correa.
>>Rafael Correa volverá, y con él la esperanza del Ecuador<<
Lo que nos recordó este gobierno que traicionó su plan de gobierno con el cual ganó la Presidencia, y se alió sin reparos a los poderes fácticos, es que nunca en la historia de América Latina un gobierno neoliberal ha sacado de la pobreza a su pueblo. Más bien lo ha sumido en más pobreza, desnutrición, miseria y migración. Por ello, tenemos la certeza que construyendo una gran coalición de todas las fuerzas progresistas, el pueblo ecuatoriano será nuevamente quien gobierne en el próximo periodo 2021-2025.
¿Qué medidas se están promoviendo desde la asamblea?
En la Asamblea Nacional estamos debatiendo dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo con el carácter de urgente: la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.
Estos dos proyectos de ley no tienen ninguna relación entre sí, pues cada uno tiene distintos fines. El primero, mal llamado proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, de humanitario no tiene nada pues su fin es meramente recaudatorio.
Entendemos que la crisis producto del COVID-19, nos exige alternativas reales y justas, que nos permitan salir adelante. Sin embargo, estas leyes están dirigidas a cumplir en gran parte con la receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El segundo, el proyecto de Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas tiene un objetivo de cambio en la planificación del Estado con fines favorables al Fondo Monetario Internacional y de reforma estructural neoliberal, que de urgente no tiene nada, pues su implementación iniciaría a partir del 2022, es decir deja de manos atadas al próximo gobierno.
El último informe de la Ley mal llamada “humanitaria”, que esperamos favorezca a los trabajadores y a quien menos tiene, será probablemente aprobado el 8 de mayo en la Comisión de Desarrollo Económico, que pasará luego al debate definitivo en el Pleno de la Asamblea Nacional y allí decidiremos si aprobarlo o archivarlo.
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, propone que el mayor peso recaudatorio recaiga en los trabajadores con el 65% de la contribución (aproximadamente $900 millones) al reducir los salarios de funcionarios públicos y privados por 9 meses, mientras se espera que las empresas contribuyan con cerca de $500 millones (35% de la contribución), recaudando por una sola vez, el 5% de las utilidades a partir de $1 millón de dólares de empresas, a distribuir del año fiscal 2019.
Así, mientras hay una tabla de porcentajes de reducción de salarios mensuales desde $601, no hay tabla de proporcionalidad y progresividad en las contribuciones de empresas. Es decir, una empresa que tuvo utilidades de $1 millón o $50 millones de dólares en 2019, igual contribuye con el 5% de esas utilidades. Por lo tanto, esta ley no es equitativa ni proporcional ni humanitaria. O sea, ¡quién menos tiene, más paga!
Mientras el resto de países del mundo desarrolla políticas públicas para incentivar y apoyar la micro, pequeña y mediana industria, para mantener empleos, para establecer un ingreso mínimo vital a todas las familias, el gobierno ecuatoriano, en esta ley, propone incentivar acuerdos entre el empleador y el trabajador en cuanto a horarios, salarios, tipos de contratación, sin la mediación del Estado como garante de derechos, cuando hay una evidente desigualdad de poder en las relaciones laborales, y no se prohíben despidos, pero sí se permite la flexibilización laboral.
Los proyectos de ley remitidos por el gobierno, a la Asamblea Nacional no considera créditos a una tasa de interés preferenciales para reactivación económica especialmente de las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).
Entendemos que la crisis producto del COVID-19, nos exige alternativas reales y justas, que nos permitan salir adelante. Sin embargo, estas leyes están dirigidas a cumplir en gran parte con la receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobierno neoliberal pretende aprovecharse de esta crisis sanitaria para meterle la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano, dejando en manos de los legisladores la responsabilidad de aprobar leyes que poco beneficiarán al pueblo, más bien perjudican profundamente su escuálida economía familiar.
>>Los trabajadores de Ecuador habitan en el desamparo<<
Al momento, no existe consenso en la Asamblea Nacional para aprobar estas leyes. Nosotros, la Bancada de la Revolución Ciudadana, siempre estaremos en contra de dar paso a leyes que vulneren los derechos de los ecuatorianos porque son propuestas regresivas, inconstitucionales e inequitativas que no redistribuyen la riqueza del país, no crean fuentes de empleo, no incentivan la producción, no previenen la salida de divisas ni la salida de capitales a cuentas offshore, ni protege la dolarización del país. En fin, son leyes que generarán mayor pobreza y desempleo.
Es importante recordar a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país que sí existen alternativas para esta crisis. Nosotros, como Bancada de la Revolución Ciudadana, realizamos una serie de propuestas, entre ellas:
- Acuerdos con el sector privado para el sostenimiento y la generación de empleo.
- Remisión y reprogramación del pago de créditos productivos e hipotecarios a la banca (los que necesiten).
- Líneas de crédito específicas para reactivación económica y generación de empleo.
- Línea de crédito de la banca pública para emprendimientos, pequeñas y medianas empresas.
- Bajar las tasas de interés, sobre todo para crédito hipotecario, productivo y emprendimientos.
- Bajar el costo de los servicios bancarios online para promover el menor uso de efectivo.
- Frenar los despidos en el sector público.
- Piso de protección social, transferencia monetaria más paquete alimenticio y sanitario para personas en pobreza y extrema pobreza.
- Servicios básicos, exonerar las tarifas de servicios básicos por 3 meses a familias en pobreza y extrema pobreza.
- Moratoria del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIES) para el pago de hipotecas (los que necesiten).
- Aranceles (OMC) a productos importados suntuarios y con sustituto nacional para frenar la salida de dólares de la economía ecuatoriana.
- Empleo emergente de gobiernos autónomos descentralizados para obras públicas.
- Contribución del 0,9% de patrimonios mayores de $1 millón.
- Contribución del 25% del monto condonado a las 15 empresas más beneficiadas de la remisión tributaria 2018.
- Contribución del 10% sobre las utilidades de la banca obtenidas en 2019.
- Contribución de 0,0042% sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capitales existentes en Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales (cerca de 94 grupos económicos).
- Protección de estudiantes becarios, ecuatorianos en tránsito en el exterior y migrantes.
- Condonación de la Deuda Externa.
Siempre buscaremos proteger y defender los derechos de las grandes mayorías.
