En las últimas semanas, no se habla de otra cosa que no sea del coronavirus, ya que las vidas de los ciudadanos han sido limitadas a causa de la pandemia. Todos están en sus casas, saliendo lo mínimo posible para conseguir doblegar al COVID-19 lo antes posible, y así regresar pronto a sus vidas.

Para ello las medidas del gobierno son capitales, puesto que organizan a la población de tal manera que logre la salida a esta crisis en el menor tiempo posible. Sin embargo la labor del ejecutivo no es simplemente erradicar el coronavirus. Ya que para ello debe hacer una apuesta decidida por la sanidad pública, en medio de la crisis del noeliberalismo, que lleva años privatizándola.

Los mayoría de los trabajadores, en casa por el confinamiento, deben seguir cobrando. Y la inyección de capital deberá ser devuelta, por lo que hay posibilidad de que, tras el coronavirus regresen los temidos recortes. Mientras tanto las empresas han despedido a un millón de trabajadores gracias a los ERTE habilitados por el gobierno, sin dejar claro si todos los que lo están sufriendo recuperarán sus puestos de trabajo.

Por ello, nuestro redactor Miquel de Toro argumenta en esta nueva entrega de la sección exclusiva de elestadonet Debate o Doma, que NO ha actuado todo lo bien que debería, mientras que Efraín Campos, secretario político del PCA Málaga, expone sus razones por las que considera que SÍ lo ha hecho bien.

Debate o Dogma: ¿Ha actuado bien el gobierno de España ante la crisis del coronavirus?

Miquel de Toro cree que NO.

“Favorecer el teletrabajo” es sólo una frase vacía, igual que “los trabajadores tienen derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral”, si no van acompañadas de sanciones a las empresas que no permitan que se apliquen esas medidas. Es necesario el cierre total de todas aquellas empresas que no sean de sectores estratégicos para hacer frente al coronavirus.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido repetidamente en televisión, con un discurso emotivo para anunciar las nuevas medidas del gobierno español en referencia a la crisis del coronavirus.

Se ha escenificado la gravedad de la situación económica. Se ha aprobado un programa de ayuda a la economía española, con una inyección total de 200.000 millones de euros, el 20% del PIB nacional. Se trata de la mayor movilización económica de la historia de España.

Esas medidas están destinadas a reforzar la protección de los trabajadores, familias y colectivos vulnerables, apoyar la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del empleo, y garantizar la liquidez de las empresas para mantener la actividad económica.

Estas son algunas de las principales medidas aprobadas por el gobierno:

Se han flexibilizado los mecanismos de ajuste temporal de las actividades para evitar despidos.

Las personas afectadas por un ERTE cobrarán desempleo, aunque no cumplan las condiciones de cotización, y no se computará el tiempo cobrado para sus prestaciones posteriores. Esta medida provocará que los ERTE se conviertan en una fórmula fácil y eficaz para deshacerse de las plantillas, que vamos a pagar entre todos, a beneficio, sobre todo, de las grandes empresas.

Deben establecerse los mecanismos necesarios para que sólo hagan un ERTE o un ERE aquellas empresas que, realmente, lo necesiten. Por ejemplo, deberían establecerse controles relacionados con el hecho de que se beneficien aquellas empresas que, posteriormente, no despedirán a las plantillas o que no lo necesiten.

Los ERTE deben hacerse con responsabilidad y no deben servir para blanquear despidos aprovechando la crisis: deben justificarse de forma estricta.

Moratoria en el pago de la hipoteca para las personas que hayan visto reducidos sus ingresos por la crisis sanitaria. ¿Y los alquileres? Teniendo en cuenta que una gran parte de los desahucios se producen entre personas que viven de alquiler, y que estas constituyen un sector especialmente precario y de escasos recursos, no debería olvidarse a ese colectivo. También hay que ir más allá de los alquileres personales.

Muchas empresas tienen sus locales alquilados y tienen que hacer frente a este gasto fijo. Alquileres que, en muchos casos, están en manos de grandes corporaciones y “fondos buitre”. Deben buscarse soluciones también para los colectivos especialmente vulnerables.

Todos los trabajadores tienen derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral para el cuidado familiar. Favorecer el teletrabajo. Los constantes llamamientos al confinamiento de la población quedan cojos si se sigue sin regular que los trabajadores dejen de acudir a aquellos puestos de trabajo que no sean absolutamente esenciales.

Si el confinamiento es la mejor medida para combatir la crisis sanitaria, ¿por qué no se ha fomentado el confinamiento real de la población trabajadora? ¿Por qué siguen funcionando los transportes públicos en las grandes ciudades, si es el principal medio de transmisión del virus?

“Favorecer el teletrabajo” es sólo una frase vacía, igual que “los trabajadores tienen derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral”, si no van acompañadas de sanciones a las empresas que no permitan que se apliquen esas medidas. Es necesario el cierre total de todas aquellas empresas que no sean de sectores estratégicos para hacer frente al coronavirus.

Prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad haya quedado suspendida o sufra caída de facturación. A pesar de las medidas aprobadas, el plan del gobierno prácticamente no ofrece ayudas al sector de autónomos, PYMEs, cooperativas, etc.

Las medidas adoptadas para estos sectores son del todo insuficientes. Son, a la hora de la verdad, una parte esencial del motor económico español, pero también son los grandes olvidados. Es necesario aplicar medidas directas para rescatar a estos sectores: suspensión del pago de cuotas sociales y de autónomos.

Suministro garantizado de agua, gas y luz: las empresas no podrán suspender el suministro. Esta medida es una reivindicación de las organizaciones sociales desde hace tiempo, y que debería aplicarse a todos los hogares vulnerables, más allá de la actual crisis. Se trata de una medida que siempre ha sido esquivada por las grandes empresas suministradoras y que, ahora, parece que las obliga.

Flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit en servicios sociales y dependencia. Es necesario ir más allá y romper las reglas de gasto y déficit, porque todo lo que no paremos ahora será mucho más complicado una vez pase la crisis.

A pesar de las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2020, en el ámbito laboral hace falta introducir más medidas de protección de los trabajadores.

• Reforzar las medidas sanitarias preventivas y de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo y reforzar la vigilancia en el cumplimiento de esas medidas preventivas.
• Prohibir despidos motivados por la crisis sanitaria, y reorientar las medidas, buscando mecanismos de flexibilidad interna y teletrabajo.
• Garantizar los complementos salariales a las prestaciones de desocupación, por parte de las empresas, en los ERTE.
• En el ámbito de los autónomos, supresión de los términos de pago de las cuotas; garantía de una indemnización de hasta el valor del SMI; ayudas para pagar las cuotas de hipotecas, alquiler de locales y créditos de consumo, mediante un préstamo personal.
• Garantizar la continuidad de las prestaciones sociales y contributivas que se agoten durante la situación extraordinaria que está afectando al mercado de trabajo, al menos hasta el final del estado de alarma.
• Prestación extraordinaria para trabajadores con contrato de obra y servicio, ETT, empresas multiservicio, etc., que puedan perder el trabajo.
• Asegurar una garantía de renta mínima, para personas en situación de desocupación y sin ingresos.
• Agilizar la tramitación de las ayudas sociales.
• Asegurar los canales para que el crédito previsto llegue a las empresas, a las PYMEs y a los sectores más vulnerables.

Estas medidas destinan muchos recursos a las personas, a los sectores más vulnerables. Pero también es cierto que destinan mucho más dinero para salvaguardar el bienestar de las grandes empresas, dejando de lado a otros sectores mucho más sensibles.

El gobierno debería tener la altura de miras necesaria para prever y poner soluciones a la catástrofe económica que se percibe en el horizonte. Muchos (autónomos, PYMEs, cooperativas, etc.) van a quedarse por el camino, porque no podrán asumir las consecuencias de las medidas destinadas a superar la crisis del coronavirus.

La cruda realidad es que serán estos sectores los que deberán asumir los principales costes de la caída de la actividad económica. Todo esto, además, tendrá enormes repercusiones en sus negocios y plantillas, una vez que la crisis sanitaria pase.

En el decreto faltan medidas relacionadas con la Seguridad Social, para dar cobertura a los autónomos y a personas que reducen sus jornadas laborales para poder quedarse en casa y poder cuidar a los suyos, y que no tienen contraprestaciones salariales. Es necesaria una prestación directa compensatoria para aquellas personas que ven reducidos o desaparecidos sus ingresos.

Que muchas de las medidas del gobierno están destinadas a los de siempre se demuestra en el hecho de que, tras el anuncio de las mismas, el IBEX35 disparó su cotización un 6,41%, o que el exministro Josep Piqué salga diciendo que ve “suficientemente contundentes” las medidas del gobierno.

Y es que gran parte del dinero propuesto está destinado, esencialmente, a mejorar y garantizar la liquidez de las empresas y generar confianza suficiente. No está mal, siempre que esa confianza se refleje también entre las personas trabajadoras y las familias españolas. Pero no siempre ha sido así.

Para conseguir que nadie quede atrás, como dice el gobierno, lo principal es buscar la corresponsabilidad de todos los sectores económicos y sociales, y no mirar exclusivamente al gobierno: hay que mirar también a las empresas y al sector financiero y bancario. Hay excedentes de beneficios en estos sectores que deben también ponerse al servicio de la contención de la crisis.

Si todo queda a expensas de lo que pueda hacer el Estado, no tendremos capacidad de reacción suficiente para hacer frente a la recesión que se avecina, y que se llevará por delante toda la ocupación, no sólo la que ya es precaria, sino también la estable y estructural.

Efraín Campos considera que SÍ

Desde el principio se están aprobando medidas extraordinarias para proteger a las familias trabajadoras y a las empresas. Se incluyen la moratoria de hipotecas o el suministro garantizado a las personas vulnerables, prestaciones para ERTEs y garantía de que esa prestación llegue a todas las personas afectadas independientemente de su cotización previa, prohibición de despidos y más gasto social.

La declaración del estado de alarma el 14 de marzo no fue una medida fácil. En estos días se le está pidiendo un esfuerzo tremendo a la población de nuestro país.

Limitación de la circulación a los desplazamientos estrictamente necesarios, reestructuración en los trabajos y restricción de todas las actividades no esenciales.

Y esto conlleva un alto coste emocional si le sumamos el más que lógico miedo al contagio de la enfermedad y un miedo, en muchas familias, mayor aún si cabe: la pérdida de empleos y la vulnerabilidad económica en estos días y a futuro.

Estos días, también, asistimos a multitud de críticas y a eso que las redes han dado en llamar “el capitán a posteriori”. ¿Podría haberse actuado antes? Desde luego.

Aunque resulta curioso que quienes más beligerantemente atacan al Gobierno por la tardanza en las medidas, sean precisamente quienes en una primera fase no sólo no querían el establecimiento del estado de alarma sino que, en un alarde de originalidad e insensatez, proponían por ejemplo impulsar el sector turístico.

Es relativamente fácil apoyar un confinamiento obligatorio cuando la sociedad ya ha sido suficientemente alertada de los riesgos y los peligros. Lo difícil, lo probablemente incomprendido, habría sido hacerlo antes de esa asunción social.

También hay que destacar que la inmensa mayoría de países actuaron de manera similar al nuestro. Las propias características de la propagación del virus, COVID-19, hacen que sea notoria y extensa casi de manera sorpresiva, ya que ocurre mientras apenas hay síntomas o son muy leves.

¿Podríamos haber tenido material de protección suficiente con antelación? ¿Garantía de recursos sanitarios suficientes, incluyendo personal? Desde luego.  Probablemente no para enfrentar una pandemia de dimensiones globales, eso sería algo descabellado, pero sí para tener un sistema sanitario más fuerte y con capacidad de resistir mucho más.

Aquí también resulta curioso que quienes se han dedicado durante años a desviar recursos públicos para fortalecer la sanidad privada (capítulo aparte merece en todo esto el papel de la sanidad privada; la historia la juzgará y no saldrá absuelta precisamente) o quienes aplauden leyes que garantizar el pago de la deuda antes que las necesidades sociales sean quienes estén exigiendo al Gobierno aquello que liquidaron.

Por parte del Gobierno se han puesto en marcha medidas para garantizar el abastecimiento y, dado que no somos un país precisamente industrializado, reconvertir de manera exprés algunas de las producciones y dedicarlas a abastecer las necesidades de material sanitario y de protección.

Se han realizado compras en el mercado internacional y, especialmente, en el mercado chino, además de las donaciones que dicho país ha realizado.

Se está trabajando especialmente en garantizar que exista personal, y que esté en las condiciones de seguridad necesarias para evitar que siga siendo uno de los colectivos más expuestos y con mayor tasa de contagio. De nada vale un hospital de campaña si no puede nutrirse de personal que atienda a quienes llegan.

Y si algo preocupa incluso más que la propia crisis sanitaria es el impacto laboral y económico. Aún resuenan los ecos de la crisis del 2008. Y de cómo esa crisis la sufrimos las capas populares y la clase trabajadora. Esto no puede volver a ocurrir.

Desde el principio se están aprobando medidas extraordinarias para proteger a las familias trabajadoras y a las empresas. Se incluyen la moratoria de hipotecas o el suministro garantizado a las personas vulnerables, prestaciones para ERTEs y garantía de que esa prestación llegue a todas las personas afectadas independientemente de su cotización previa, prohibición de despidos y más gasto social.

Hay muchas más medidas, ya aprobadas o en avanzado estudio, para seguir acercándonos al doble objetivo: acabar con la crisis sanitaria y luchar contra la cara más amarga de la previsible crisis económica.

¿Serán estas medidas suficientes? Desde luego que no. Aún debemos dar cobertura y respuesta a muchos sectores. Por ello se empiezan a adoptar medidas para las trabajadoras del hogar en situaciones de alta precariedad, a las personas migrantes con situaciones complejas, a los barrios en situación de exclusión donde ni siquiera el agua está garantizada. Y más y más casos.

Por otra parte, se ha revelado en todo su esplendor la nefasta política de desindustrialización llevada a cabo en nuestro país. Una economía basada en el sector servicios es mucho más vulnerable y precaria, además de dejar en situación de desventaja respecto a quien tiene capacidad productiva.

Esta crisis sanitaria también es un aviso a navegantes que recuerda que sin tejido industrial la capacidad de responder se torna mucho más compleja.

Para una resolución satisfactoria deberíamos tener otro sistema económico que no se basara en el libre mercado y que tuviera en el centro las necesidades de las personas más vulnerables, para garantizar su protección. En definitiva, si tuviéramos una economía al servicio de la sociedad y no a la inversa.

En definitiva, bajo mi punto de vista sí se está actuando bien dentro del marco de partida. Con dificultades, pero poniendo los mecanismos para acabar con la crisis sanitaria y garantizar que nadie quede atrás.