Honduras: análisis de la estrategia de LIBRE (I). Golpe y código penal

La situación actual de Honduras es difícil de subsumir en una conceptualización jurídico-política. En la brevedad de este texto resumiré algunos hechos importantes para comprender el momento histórico.

Después del golpe de estado del 28 de junio de 2009, según la doctrina constitucionalista a la que Honduras se adhiere, la ruptura del orden constitucional consecuentemente conlleva a la redacción de una nueva constitución que reinicie el Estado de Derecho interrumpido.

Elecciones en Honduras y Estado de Derecho

Eso no sucedió, el pacto social no fue renovado, por lo que Honduras continúo funcionando como una democracia ya que los Estados Unidos (EEUU), la OEA, la ONU y la Unión Europea reconocieron y tutelaron los procesos electorales post golpe en 2009, 2013, y 2017.

Pero el Estado de Derecho presupone la vigencia de los principios de independencia de poderes, garantías constitucionales, respeto a los derechos humanos, y lo que nos ocupa hoy, la libertad de elegir y ser elegido.

La independencia de poderes en Honduras es igual a una ficción jurídica. Se encuentra escrita en la Carta Magna, pero a modo de recordatorio de que el poder lo ejerce la dictadura.

En 2011 se creó la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un supra-órgano integrado por los presidentes de los tres poderes del estado, los secretarios de defensa y seguridad, y presidido omnímodamente por Juan Orlando Hernández (JOH), quien eligió a cada uno de sus integrantes, todos miembros de su círculo político, con el contubernio de la oligarquía que representa.

El Consejo Nacional de Seguridad toma todas las decisiones ejecutivas, legislativas, jurisdiccionales, políticas y, en tiempos del COVID-19, hasta los protocolos sanitarios.

Por los hechos que lo definen, Honduras es un Estado fallido: refugio del crimen organizado, incapaz de gestionar las funciones de un gobierno con normalidad como lo demuestran el desastre humanitario generado por el COVID-19, el éxodo masivo de hondureños; la condena por narcotráfico y por tráfico de armas de guerra en favor de organizaciones delictivas imputada a Juan Antonio Hernández, hermano, socio y confidente de JOH.

La definición Estado fallido es un término acuñado por el Departamento de Estado norteamericano, aplicable cuando deciden invadir una nación que no se adhiere a su modelo de explotación, como el ejemplo de Libia.

Honduras tiene un gobierno subordinado, anclado a las pautas del fantasma de los Documentos de Santa Fe, por lo que la aspiración de algunos sectores de que la narco-dictadura sea expulsada por cascos azules de la ONU, tras una declaración de Estado fallido, no parece que vaya a ocurrir.

El nuevo Código Penal

¿Cómo afecta una ley penal al proceso electoral? El nuevo Código Penal, redactado a la medida del cártel gobernante, penaliza el derecho a la libre expresión. Contempla penas para la calumnia, injurias y difamación; delitos que se le imputan directamente al periodista que da la noticia, aunque libera de responsabilidad penal a los directores y dueños de medios de comunicación.

El periodista David Romero cumple una sentencia de diez años por el delito de difamación contra la esposa del fiscal adjunto. Al momento de la sentencia, Romero era el director de Radio Globo TV, y propietario del medio digital confidencial.hn, por lo que la sentencia se considera que es de índole política, emanada del Consejo Nacional de Seguridad.

Así mismo, el nuevo Código Penal criminaliza la protesta, en abierta contradicción a la Constitución de la República que garantiza el derecho a la insurrección en su Artículo 3. El nuevo Código Penal es considerado inconstitucional pues una Ley por principio de jerarquía, no puede derogar en parte o en todo a la Constitución de la República. Actualmente ese código, por su impopularidad, ha entrado en un segundo periodo de Vacatio Legis, previendo su entrada en vigencia el 25 de junio de 2020.

Al denunciante de un acto de corrupción le tocará la cárcel y al corrupto denunciado la obligación de devolver lo robado sin sanción penal.

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