El Lawfare traducido al castellano como Guerra Jurídica es un neologismo utilizado en el marco de la estrategia militar estadounidense en los 90, y que se introduce en la jerga de analistas políticos, para dar una mirada a la actual situación de la región, y que es vital para entender el marco de la política exterior estadounidense que amenaza con aplastar los proyectos progresistas de América Latina.
A pesar de su uso reciente para analizar muchos sucesos en América Latina, autores de distintas nacionalidades coinciden en que el primero en usar el término fue Charles Dunlap Jr en su libro titulado “Lawfare” en el que afirma “La ley es un elemento central de los conflictos del siglo veintiuno”, el militar de carrera define el Lawfare como “el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional (…) Sin embargo, con mucha frecuencia solo formará parte de una estrategia más amplia que probablemente implicará capacidades militares tradicionales y cinéticas (letales)”, lo que denota uso de las leyes como herramientas de guerra asimétrica que permita el logro de sus objetivos.
EEUU desarrolla la estrategia de Lawfare proyectándose como un país democrático que utiliza su sistema judicial para combatir terroristas, gobiernos violadores de DD.HH. y dictaduras. como respuesta imperial el Lawfare, que no es más que una tergiversación de las leyes y el aparato judicial para fomentar la persecución política en contra de sus adversarios, en esta oleada neoliberal sirve de mecanismo para profundizar el modelo del Estado mínimo y las privatizaciones masivas.
El Lawfare es una herramienta para la persecución política de forma subyacente, en el marco de la guerra sucia y que busca acabar con los adversarios políticos. Se pueden definir varias formas de Lawfare (que pueden ser combinadas) según su eje de acción:
- El que responde a un escenario nacional, ya sea perpetrado desde el ejecutivo o desde el parlamento.
- El que se expresa en organismos internacionales como la CPI o la ONU.
- El financiero que utiliza instrumentos jurídicos para dificultar o negar los recursos que un país necesita.
Este método se ha venido perfeccionando, Eli Cohen analista político refiere que el Medio Oriente ha sido por excelencia un campo de pruebas para el uso del Lawfare, citando casos como el conflicto entre israelíes y palestinos.
Para darse una idea de cómo EEUU ha venido utilizando la táctica del Lawfare, Charles Dunlap cita un caso específico como lo fueron las sanciones impuestas a Irak, afirmando que “hay más medios legales que pueden impactar las capacidades militares de forma directa. Por ejemplo, sanciones incapacitaron la fuerza aérea iraquí de tal manera que solo un tercio de sus aeronaves estaban operativas cuando la coalición invadió en 2003. El impacto operativo fue obvio: los aviones iraquíes en tierra fueron tan efectivos como los aviones derribados”.
Es necesario, el abordaje de la gobernabilidad para poder entender el fenómeno del Lawfare, en este punto se debe señalar que puede utilizarse para abrir espacio a una ola de conflictos entre actores estratégicos o puede utilizarse como estocada final luego de buena parte de boicots a la actividad económica, política y social que generen la pérdida de credibilidad y legitimidad en el gobierno que es atacado.
Teniendo en cuenta estos elementos, se puede analizar el Lawfare ejecutado por la derecha nacional e internacional contra el gobierno venezolano, en tres frentes: los actos de violencias, los intentos por derrocar al presidente por medio de acusaciones y la acciones jurídicas financieras.
El primer frente se proyecta en el año 2013 después de las elecciones presidenciales que la derecha convocó a desconocer, 2014 con el nombre de “La Salida” el grupo radical de la oposición llama al derrocamiento del gobierno y se da en cadena de acciones terroristas, y en el año 2017 que se retoman las marchas y concentraciones que buscan boicotear el sistema económico y político, convocatorias que dieron como resultado un cantidad elevada de asesinatos, con la que se busca deslegitimar la autoridad del gobierno.
El segundo frente está relacionado con la victoria de la derecha que logra obtener la mayoría en las elecciones parlamentarias del 2015, desde la cual han venido ejecutando distintas acciones como la declaración de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, el enjuiciamiento político del mismo, leyes que violan el marco constitucional y la negación del presupuesto a las instituciones públicas son algunas de las tácticas de la derecha para debilitar la gobernabilidad. Mientras que en el escenario internacional se le unen mandatarios de distintos países, se conforman bloques regionales para continuar los ataques y se abren procesos ilegalmente para generar acusaciones desde organismos internacionales.
En este plano, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela que no es más que una oportunidad para EEUU, y Gobiernos títeres de desconocer a Nicolás Maduro como presidente, la aprobación de ayuda humanitaria a Venezuela que solo sirvió para llenar los bolsillos de la oposición y el robo de activos de la nación con miras a empeorar la situación interna del país.
Por último y no menos importante el frente financiero, que tiene como objetivo la imposición de sanciones por medio de las cuales se intensifican la situación económica y se generan las condiciones para una deficiencia de la atención a las demandas sociales lo que produce un descontento en el pueblo, al tiempo que dificulta el desarrollo económico.
Desde el año 2014, EEUU viene oficializando el bloqueo contra Venezuela, al aprobar vía congreso la “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, lo que sembró las condiciones para emitir la Ley 13692 mejor conocida como Decreto Obama en el que no solo se denomina a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU”, sino que bloquea todos los bienes y participaciones en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos o estén en manos de estadounidenses no podrán ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni negociados de otro modo.
Actualmente se cuentan 72 sanciones contra Venezuela en el siguiente orden EEUU (62), los gobiernos de Canadá (2), Reino Unido (2), Suiza (1), Panamá (1) y la Unión Europea (4). Las que por cierto no deberían reconocerse como sanciones, sino como Medidas Coercitivas Unilaterales, ya que no están respaldadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, el único organismo que puede aplicar sanciones contra un Estado en el marco del derecho internacional, lo que demuestra que la acciones estadounidense son una clara estrategia de Lawfare para debilitar las empresas estatales neurálgicas, obstaculizar el cumplimiento de los compromisos financieros, sabotear la importación de medicamentos y alimentos con el objetivo de desestabilizar Venezuela.
