A vueltas con la memoria histórica. Andalucía, VOX y la ley de “concordia”

La memoria histórica es una de las grandes “marías” de los legisladores y gobernantes españoles. Todos los partidos políticos se llenan la boca con este tema, pero, llegado el momento de poner en práctica esos planteamientos, todos ellos encuentran algún impedimento que paraliza sus brillantes iniciativas.

Además, como ha quedado demostrado en Andalucía, también sirve como moneda de cambio para asegurarse la llegada a la poltrona, sin que importen las reclamaciones de las víctimas, de las familias o, incluso, de organismos internacionales que han sacado los colores a España por este tema ya demasiadas veces. Las víctimas, los familiares y la sociedad tenemos derecho a lo que se reclama desde siempre: verdad, justicia y reparación.

Ese derecho a la memoria es, asimismo, un derecho ciudadano, un espacio de convivencia donde se interrelacionen los derechos humanos, la educación, la cultura, el feminismo y, sobre todo, la reparación de las víctimas. Por tanto, la memoria debe ser una apuesta transversal que debería quedar fuera del ámbito del debate político partidista. La memoria hace más fuerte la democracia, pero debe centrarse en las víctimas.

Porque ningún estado que se considere democrático se puede permitir tener más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes. Se trata de una anomalía democrática que debería ser una prioridad, pero que no se ha resuelto porque aún prevalece el discurso de los vencedores.

La reparación y la dignificación de las víctimas debería ser un elemento esencial de este proceso, y debería ser asumido por todos los partidos. Pero seguimos acomplejados por el peso del pasado sin resolver, por una derecha que mantiene unos discursos que sólo sirven para usar políticamente sus desvaríos.

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Andalucía y la memoria histórica

Andalucía encabezó el triste ranquin de las cifras de represión durante la Guerra Civil y el franquismo, encabezado por el verdugo Gonzalo Queipo de Llano. En sus más de 700 fosas se encuentran los cuerpos de más de un tercio de los desaparecidos forzados del franquismo en España. Una comunidad que tiene sus campos llenos de ignominia, de familias rotas, pero también de memoria. Pero la enormidad de la represión también ha hecho que sea una tierra en la que la “conciencia” memorialística haya estado siempre unida a la represión sufrida, aunque quede mucho trabajo por hacer.

Las cifras de la barbarie demuestran que en los campos andaluces quedaron más de 45.000 víctimas, como se reconoce oficialmente en el mapa de fosas regional, aunque se supone que pueden ser bastantes más, según algunas investigaciones históricas. Esto supone que, sólo en Andalucía, existan más desaparecidos que los que sufrió Argentina durante la dictadura cívico-militar de Videla; otra comparativa macabra: Sevilla, Granada, Málaga o Córdoba suman, cada una, más víctimas que las causadas por el régimen de Augusto Pinochet en Chile.

Durante décadas ha sido la comunidad que más ha trabajado para recuperar los datos y los cuerpos de los desaparecidos forzados por la dictadura. Pero ahora, el principal reto al que se enfrenta, es conseguir continuar avanzando en ese camino, en medio de todas las incertezas y dificultades que se están planteando.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada, el 28 de marzo de 2017, sin ningún voto en contra, con el apoyo de PSOE, Podemos e IU, y la abstención de PP y Ciudadanos. Se trata de un texto que supera al estatal y que ha servido para otras comunidades autónomas que han querido tener su propio marco normativo. No ha sido desarrollada normativamente en toda su extensión: sólo se ha creado el Consejo de Memoria Histórica (octubre de 2018), un órgano consultivo integrado por historiadores y representantes de asociaciones e instituciones, cuya principal función es facilitar la reparación de las víctimas.

Aún falta por aprobar el decreto sobre símbolos y actos contrarios a la memoria histórica y democrática, la creación del registro de entidades de memoria histórica en Andalucía, el censo de víctimas, el de recuperación de víctimas en fosas comunes o la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía. Actualmente, el Consejo de Memoria Histórica está pendiente de la reestructuración y reducción de la “administración paralela” de la Junta, una de las primeras medidas que impondrá el gobierno bipartito. ¡Aunque parece ser que sólo se trata de aquellas administraciones que molestan!

La última legislatura socialista ha sido la más productiva en uno de los elementos centrales de estas actividades, como es la exhumación de fosas comunes: aproximadamente 500 víctimas en 35 intervenciones.

Además, estaba previsto un incremento presupuestario para los próximos ejercicios. Hasta ahora, se han recuperado casi cuatro mil cuerpos, en casi un centenar de fosas ilegales, entre ellas la mayor fosa abierta en el cementerio de San Rafael, en Málaga, donde fueron recuperados casi tres mil cuerpos.

También se aprobó el Plan Andaluz de Memoria Democrática, que debía destinar más de nueve millones de euros a este tipo de actuaciones, y casi multiplicaba el presupuesto para abrir fosas hasta más de cinco millones de euros para el período 2019-2022. El Plan tiene como objetivo central garantizar el reconocimiento de las víctimas bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Gran parte de su presupuesto está destinado a intervenciones en fosas comunes e identificación genética con un banco de ADN.

Además, sus tres objetivos fundamentales serían: impulsar la cooperación y coordinación entre administraciones, entidades memorialistas y ciudadanía; articular el reconocimiento institucional y la reparación de las víctimas, y mejorar el conocimiento y difusión científica de los hechos, asegurando la preservación de los documentos y favoreciendo la investigación.

Durante las negociaciones para conseguir formar un gobierno en Andalucía, tras las últimas elecciones autonómicas, VOX impuso algunas de sus “líneas rojas” al binomio PPC’s, entre las cuales estaba la derogación de la ley de memoria histórica andaluza, una de las más avanzadas de España. En su lugar, la formación liderada por Santiago Abascal proponía la aprobación de una Ley de Concordia (porque la actual ley “impone de forma autoritaria una visión sesgada de la historia andaluza entre 1931 y 1982) y la eliminación de las subvenciones destinadas a la memoria histórica. Esto no es extraño en una formación en que su número 2, Javier Ortega Smith, se dedica a hacer loas abiertas a José Antonio Primo de Rivera. Y es que el verdadero fascismo sigue más vivo que nunca, a través de los herederos del régimen franquista.

Aunque las asociaciones memorialísticas daban ya por hecho que la actitud del nuevo gobierno andaluz pasaría de la colaboración a la obstaculización, parecía que, con el transcurso de los días, esas medidas podrían ser sorteadas por el gobierno de la Junta. La principal incógnita es que pasará con las 27 nuevas intervenciones aprobadas por la Junta para este nuevo ejercicio.

Una primera pista de lo que podía suceder llegó cuando se pasaron las competencias de este tema desde la Vicepresidencia de la Junta a la Consejería de Cultura, la última en el orden de importancia del gobierno, y se cambió el nombre a la Dirección General de Memoria Histórica por el de Comisionado para la Concordia. Además, en el ámbito parlamentario, se nombró como presidenta de la Comisión de Memoria Histórica en Andalucía a una parlamentaria de VOX, Ana Gil Román, con una participación muy activa en las redes sociales. Uno de sus primeros actos tras el nombramiento fue eliminar de su historial de twitter todos los mensajes de homenaje a Franco y Primo de Rivera.

Pero ha llegado el momento de derribar el primero de los puntales de la recuperación de esa memoria: el proyecto “Todos los nombres”.

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Todos los Nombres

Se trata de un proyecto con 13 años de vida ya, que trata de responder a cientos de peticiones de familiares al año que buscan información sobre sus familiares, represaliados durante la Guerra Civil, el franquismo e, incluso, los primeros años de la Transición. Se trata de una labor que están llevando a cabo ante la falta de respuestas a estas peticiones por parte de las administraciones, que han demostrado, una vez más, la dejadez de sus funciones en este tema. Un trabajo que debería hacer la administración del Estado, que debería hacerse en toda España, pero que está haciendo la sociedad civil.

El proyecto ha conseguido rescatar del olvido 97.615 nombres, dando indicios de las localizaciones de sus cuerpos en las más de 700 fosas comunes que están repartidas por toda Andalucía, Extremadura y el norte de África. De este modo han conseguido poner nombre y apellido a los desaparecidos, poner sus fotos y sus datos, porque esa es la mejor forma de recuperar su memoria. No se trata sólo de los nombres y biografías de los fusilados o asesinados, sino también de otras personas que fueron víctimas de la represalia, de una forma o de otra: mujeres rapadas, maestros expulsados, trabajadores forzosos, etc. Para ello han conseguido crear una sección con más de 800 biografías, gracias al trabajo de los investigadores y a los testimonios de los familiares.

También es posible acceder a los más de 1.400 documentos, investigaciones y artículos sobre la represión franquista y sus víctimas que se han gestado en el proyecto. Esta organización cuenta con un consejo asesor, compuesto de historiadores de prestigio como Paul Preston, así como un consejo general, formado por antropólogos, archiveros y geógrafos.

Este proyecto fue uno de los puntales fundamentales para el proceso que inició el exjuez Baltasar Garzón sobre los crímenes franquistas. Durante ese procedimiento se documentó la cifra de 114.226 desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, en todo el Estado. Una cifra que, con el tiempo, se ha demostrado que no llegaba a la realidad.

Los trabajos de esta organización se han financiado con aportaciones privadas, especialmente de la ciudadanía y algunas otras organizaciones civiles, y con algunos fondos públicos que se han recibido de forma intermitente.

Ahora, pocos meses después de la formación del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, con un binomio PPCiudadanos, y el apoyo insoslayable de VOX, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (del PP), ha comunicado la decisión de retirar la subvención anual de 10.000 euros que recibía el proyecto, desde 2016, argumentando que “supone un trato de favor al eludir la concurrencia competitiva”. Sin embargo, esa subvención directa había sido aprobada por el Parlamento en unos presupuestos que contaban con todas las garantías de publicidad.

Este movimiento rastrero recuerda a la utilizada por Mariano Rajoy para acabar con las competencias de la Ley de Memoria Histórica estatal: no destinar dinero para su mantenimiento, con el objetivo de dejarla sin efecto. Además, el proyecto se ha mantenido gracias, principalmente, a la colaboración y al trabajo de un equipo de historiadores y familiares de las víctimas, por lo que el argumento de que el proyecto sirve para mantener privilegios es falso. Se trata de una torticera maniobra para echar a perder el trabajo que se ha logrado en los últimos años. Pero lo peor es que, como en el caso del Estado, ningún gobierno se haya preocupado por garantizar su pervivencia, a través de asegurar su viabilidad financiera en los presupuestos.

Con este anuncio parece que resurgen los temores de muchos: la memoria histórica vuelve a ser la primera víctima de la ultraderecha. Y parece que se trata de una consecuencia anunciada, después de que VOX avisase que no apoyaría unos presupuestos que contemplasen recursos para financiar las leyes de memoria histórica o luchar contra la violencia de género, porque, a su juicio, ambas fomentan la “desigualdad”.

A pesar de todo, la organización mantiene que seguirá su trabajo, con mayores dificultades, pero que no cejará en su empeño de ayudar a las familias y asociaciones para seguir rescatando los nombres y los cuerpos de los desaparecidos. Con ese fin, se ha iniciado una campaña de financiación dirigida a particulares y se ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía para recabar su apoyo.

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Escenarios de futuro

Este tipo de iniciativas, que ahora están en peligro, son una forma más de defensa de las víctimas de la dictadura franquista: el conocimiento de la verdad y la defensa de los derechos humanos deben ser una prioridad frente a quienes defienden que se hable sólo de cifras, y no de personas, individuos sin rostro ni historia.

Los movimientos memorialísticos están haciendo el trabajo que no han hecho, en cuarenta años de democracia las administraciones públicas, y su trabajo debe formar parte de las instituciones de una democracia que ha sucedido a una dictadura, y no ser objeto de los ataques de instituciones supuestamente democráticas.

Todo esto ha llevado a que las víctimas del franquismo, las organizaciones memorialísticas, las familias, etc., se mantengan en un limbo de incertidumbre. ¿Podrán seguir con sus actividades o continuarán los recortes y las trabas burocráticas?

Lo que la derecha española debe tener claro es que las víctimas, los familiares y las asociaciones no van a cejar en su empeño de búsqueda de verdad, justicia y reparación. El reto, no sólo en Andalucía sino en todo el Estado, es seguir abriendo fosas y recuperando desaparecidos. El reto sigue siendo cerrar el paso al revisionismo de la extrema derecha española. El reto es que las familias sigan luchando por su derecho a saber, a enterrar de forma digna a sus muertos. El reto sigue siendo recordar, aprender, enseñar como garantía de que no vuelva a suceder el pasado más trágico de nuestra historia.

Pero en el otro bando están los nostálgicos, hijos y nietos del régimen franquista, que buscan la derogación de las medidas para acabar con la memoria histórica. El programa electoral de VOX exige la eliminación de la ley, acabar con la memoria histórica, uno de los pilares básicos de la “reconquista” que pretende llevar a cabo la extrema derecha española, para acabar con la “dictadura ideológica” de la izquierda. En sus propuestas se señala que “ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. (…) No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España”.

Cuando la formación de extrema derecha plantea una ley de “concordia”, se le olvida que para que haya esa pretendida concordia es necesario que se haya llegado a un proceso de verdad, justicia y reparación que, en la actualidad, aún no existe. Si, finalmente, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fuera transformada en una ley de concordia “descafeinada”, la ultraderecha estaría consiguiendo un gran logro a nivel ideológico. Pero no por ello supondría que las organizaciones memorialistas o las familias dejarían la lucha.

VOX considera un grave error regular por ley la historia porque se corre el riesgo de utilizarla al servicio de la propaganda ideológica. Y lo saben bien, porque es lo que están haciendo con el debate sobre la memoria histórica.

La derecha española no ha conseguido desvincularse del franquismo. Y no porque no hayan sabido hacerlo, a pesar de las continuidades desde la dictadura a la democracia, sino porque no han querido hacerlo. Pero la memoria histórica no es una cuestión de “bandos”, sino de defender los valores democráticos. Es necesario superar el silencio de la Transición y comenzar a buscar la auténtica reparación de los crímenes, de las víctimas y de sus familiares.

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea, especializado en nazismo. Intento mantener viva la memoria de los que desaparecieron.
Redactor de El Estado.

Miquel de Toro

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea, especializado en nazismo. Intento mantener viva la memoria de los que desaparecieron. Redactor de El Estado.

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