Ecuador: Caso “Caterva” destapa millonarios cobros no autorizados de la banca

La historia empieza así…

Semanas atrás, el periodista ecuatoriano Mauricio Ayora, que maneja un estilo muy peculiar de comunicación, y es más conocido por el seudónimo de “Caterva”,  destapó un mecanismo de cobros no autorizados a través del sistema bancario, que se venía dando desde meses atrás, y hasta entonces había pasado desapercibido. Se trata de los denominados cobros fantasmas, un millonario negocio mediante el cual se descontaba a ciudadanos montos en un rango de entre 4 a 11 dólares aproximadamente.

El mecanismo consistía en llamadas telefónicas por parte de empresas privadas que a través, al parecer, de engaños, daban por aceptada el contrato de seguros de asistencia. Se daba por aceptado el descuento solo con mencionar la palabra “sí”, sin importar la pregunta que se planteara.

En el programa matinal “El Noticiero”, Mauricio Ayora denunció el débito no autorizado de cinco dólares de su cuenta bancaria desde el mes de mayo hasta septiembre. Relató, indignado, que cuando llamó a pedir explicaciones de los descuentos le decían que no podían devolver ese rubro pues se trataba de un seguro de asistencia. ¿Quién le firmó el contrato, o cuándo me han llamado a mí a decirme que me van a debitar de mi cuenta?, cuestionó el popular “Caterva”.

El vídeo del reclamo del periodista, quien inició su carrera como productor audiovisual y luego en la radio, se hizo viral en redes sociales y generó una ola imprevista de denuncias, a través de Twitter, que daban cuenta de casos similares. Asimismo, causó indignación que TC Televisión, estación bajo administración del secretario de Comunicación, Andrés Michelena, suspendió al periodista alegando que estaba “defendiendo intereses particulares” y que “había violentado procesos y protocolos” periodísticos.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

Las superintendencias de Bancos y la de Compañías, organismos que, se supone, deben regular a los bancos y a las compañías, tardaron en reaccionar, ya cuando la cresta de la ola de la indignación ciudadana estaba llegando a niveles que desbordaban las redes, atinaron a dar explicaciones contradictorias: la una responsabilizó a la otra y viceversa, y luego ambas se declararon incompetentes en el control, alegando que la ley de comercio electrónico permite que se autoricen cobros vía telefónica, entre otras alegaciones que terminaron por causar más confusión e indignación en los afectados.

Tarde y lento como ha sido habitual en su gestión, el presidente Lenín Moreno dispuso (el 16 de octubre, una semana después del escándalo) que se devuelva los cobros bancarios indebidos e instó a la población a denunciar esos procedimientos en una línea telefónica habilitada para el caso. Tarde y lento también reaccionaron los medios de prensa, siempre ágiles en otros eventos.

El dedo apunta a Carondelet

Ya para entonces era vox populi que un alto funcionario del gobierno, Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia de la República, del círculo cercano de Lenín Moreno, era accionista de la empresa GEA Asistencia, a través del holding Consolidos. La compañía brinda servicios de asistencia médica de emergencia, odontólogicos, de viaje, exequiales, mecánicos, entre otros. El mismo funcionario lo admitió en una entrevista televisiva.

“Yo fundé esa compañía. Yo los invité a venir al Ecuador en una época en la que creí en el Ecuador, como sigo creyendo (…) Todos estos servicios se prestan de acuerdo con una normativa legal. El reglamento de la ley del Código Orgánico Monetario, desde el 2014, establece como aceptación expresa la confirmación telefónica, escrita, tráves de la computadora, del correo electrónico“, explicó Eduardo Jurado en un suigéneris desdoblamiento en donde es muy difícil establecer la línea que separa al funcionario público (con responsabilidades para con los ciudadanos) y el empresario privado.

Pese a los señalamientos, el empresario Eduardo Jurado se aferró al cargo, y hasta la fecha se mantiene en él, arropado por el blindaje del presidente Lenín Moreno que, paradójicamente, pregona una lucha implacable (con tintes quirúrgicos y al parecer selectiva) contra la corrupción.

 La culpa es de Correa

El 24 de octubre, el gobierno resolvió contratacar y (sí, adivinó) responsabilizando al expresidente Rafael Correa de estar detrás de una conspiración para golpear al régimen, conjuro al que se habría prestado el periodista “Caterva”.

“Correa tiene mucho dinero que ha corrompido a varios periodistas, Caterva uno de ellos, salió a hacer todo un show mediático. El señor arma un relajo porque acepta que le descuenten dos dólares cincuenta, previa aceptación telefónica de él”, dijo en una entrevista radial Santiago Cuesta, el pintoresco asesor del presidente Moreno.

En dicha entrevista, Cuesta anunció, sin ruborizarse, que pediría visto bueno (procedimiento previo al despido) para el periodista pues, coincidiendo con el comunicado del canal TC, había usado el espacio del noticiero para hablar de un tema personal. Extrañamente, dicha amenaza no produjo la solidaridad de la prensa ecuatoriana, muy hipersensible en otras épocas a cualquier comentario o acción que atente contra el gremio.

Lo cierto es que el “tema personal”, denunciado por “Caterva” se transformó en un asunto de todos pues a raíz de su denuncia miles de ciudadanos empezaron a revisar sus estados de cuenta y descubrieron que también habían sido víctimas de los descuentos, que si bien pueden parecer poco onerosos, sumados por los millones de cuentas dan una cifra muy alta.

En el año 2017, las asistencias y seguros generaron ingresos para los bancos por un monto de 550 millones de dólares. Mientras que, hasta septiembre de 2018, por ese rubro se reportaron 450 millones de dólares de ingresos.

Tan “personal” era el tema que para el 24 de octubre los bancos habían devuelto 1 millón 186 mil 627 dólares por cobro de servicios no autorizados durante el año 2018, producto de 51.218 reclamos entre enero a septiembre de 2018.

El pasado 30 de octubre, casi un mes después desde que estalló el escándalo, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera determinó que los cobros que se hayan realizado de manera indebida desde las instituciones financieras deben ser retornados con intereses.

La resolución 463, con vigencia a partir del 26 de octubre de 2018, establece que las entidades tienen un plazo de 30 días para presentar los documentos de autorización de los débitos o, en caso contrario, proceder a “las devoluciones sobre el monto del reclamo, más los intereses causados, calculados desde la fecha en la que ocurrieron los débitos o cargos objeto del reclamo hasta la fecha de devolución total, a la tasa de interés legal publicada por el Banco Central del Ecuador y vigente a la fecha de pago“.

Además, el reglamento expresa que el cargo debe realizarse luego de que el cliente reciba una explicación clara del servicio ofrecido, incluyendo su precio, periodicidad y forma de pago. “Debe existir la confirmación de que el cliente entendió y está de acuerdo con el servicio ofrecido“, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.