El régimen autoritario que ha impuesto Lenín Moreno en apenas un año de gestión presidencial, tiene como objetivo la desaparición de Rafael Correa de la política de Ecuador. En un primer momento, el presidente Moreno y sus nuevos aliados de la derecha, pensaron que colando una pregunta en el referéndum para terminar con la reelección indefinida, se quitarían de encima la posibilidad de que la Revolución Ciudadana volviera al poder de la mano de Rafael Correa.
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Sin embargo minusvaloraron dos cuestiones que han obligado a la oligarquía ecuatoriana a intensificar su persecución a Correa. Por un lado el pueblo estaba más politizado de lo que pensaron en un primer momento, cometiendo un absurdo error, puesto que la apuesta por el socialismo trascendió a Correa cuando Moreno venció en las elecciones como representante de la Revolución Ciudadana.
En segundo lugar consideraron que Rafael Correa volvería a Bélgica con su familia tras perder el referéndum, entiendo como derrota conseguir menos votos. Volvieron a errar. Pese a perder oficialmente el referéndum y la consulta popular, Rafael Correa se hizo con la hegemonía de la izquierda, en disputa con Moreno tras la traición del actual presidente. En solo tres semanas Correa articuló un nuevo movimiento -la justicia regaló las siglas del partido Alianza País (AP) a Moreno– y lo estableció como la primera fuerza política del país.
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Al final un referéndum y una consulta popular que iban a servir para desterrar políticamente a Correa, sirvieron para hacer público su apoyo en el país, superior al de Lenín Moreno y a cualquier otro líder de la derecha. De nada valió saltarse los cauces constitucionales para celebrar la consulta antes con el objetivo de impedir una campaña en igualdad de oportunidades, Correa llegó y arrasó.
Desde entonces Lenín Moreno ha ido perdiendo apoyo y credibilidad. En apenas un año de gestión ya son más los ecuatorianos que se le oponen que los que le apoyan, pese a que su popularidad durante su llegada al gobierno superaba el 80% gracias al aval político de Rafael Correa.
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El miedo de los grandes empresarios y banqueros al regreso de Rafael Correa ha provocado que Moreno incremente la persecución contra el líder bolivariano. Tras fracasar varios procesos judiciales en su contra, el régimen de Ecuador ha tomado ejemplo de las dictaduras de Honduras y Brasil sobre el uso político de la justicia.
Sabiendo que Correa reside en Bélgica, el fiscal ha impuesto unas medidas cautelares -innecesarias porque Rafael Correa ha cumplido con lo exigido por la justicia en las persecuciones anteriores- que la jueza del caso ha endurecido pese a que no tiene competencias para ello. En principio cada 15 días el expresidente debía presentarse en el Consulado de Ecuador en Bélgica, pero ahora debía presentarse cada 15 días en la Corte de Justicia de Ecuador, estando su residencia en el país europeo.
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La defensa del expresidente recurrió la decisión, y mientras el trámite se resolvía, el fiscal saltándose los plazos resolvió aceptar las nuevas medidas cautelares. Por lo que cuando Correa se presentó en el consultado y no en Ecuador, la justicia pidió su ingreso en prisión.
Se le acusa del secuestro del ciudadano ecuatoriano Fernando Balda, quién estuvo retenido durante 60 minutos por dos policías ecuatorianos que ingresaron en Colombia para atraparlo, ya que la justicia de Ecuador lo perseguía (tiene 20 causas abiertas). Que el presidente de una nación se comunique con dos policías rasos por un delincuente menor, no resulta creíble.
Más aún cuando el exjefe de inteligencia de Ecuador ha hecho declaraciones que hoy son públicas sobornando a los policías con trabajo, dinero y propiedades si inculpaban a Correa. Uno de los policías que accedió a declarar contra el líder de la Revolución Ciudadana sostiene que el expresidente lo llamó, pero ya no tiene el télefono con el que recibió la llamada ni tampoco se acuerda desde qué número se hizo.
La pren$a no podrá invisibilizar la indignación de millones de ecuatorianos con este gobierno nefasto, vendido y traidor. No nos callará @Lenin o su #Trujicorte. Este es sólo el comienzo. #IndígnateEcuador pic.twitter.com/uYqxGCd1ty
— Mateo Izquierdo (@mateoizquierd0) 5 de julio de 2018
El proceso judicial se ha hecho tras una purga de Lenín Moreno a la justicia ecuatoriana. El Consejo de Judicatura fue fulminado para después nombrar a dedo a sus nuevos integrantes pese a que la jurisprudencia del país establece concursos. Tanto el contralor como el fiscal que persiguen a Rafael Correa fueron nombrados a dedo, saltándose de nuevo los cauces que establece la Constitución.
Ayer el Movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana (MANA-RC) salió a las calles para mostrar el masivo rechazo de la ciudadanía a la persecución contra Rafael Correa, su posición contraria al regreso del neoliberalismo rechazado en las urnas, y a la nueva posición de apoyo al imperialismo estadounidense del ejecutivo de Lenín Moreno.
¡La Patria no se vende, la Patria se defiende!
Se metieron con los sueños de nuestra gente más sencilla, empeñaron nuestros derechos, jugaron con el dolor de las familias ecuatorianas y están pulverizando al Ecuador, por eso y más #IndígnateEcuador. pic.twitter.com/JCjn7301i3— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) 6 de julio de 2018
La convocatoria supone la primera gran movilización de la Revolución Ciudadana contra la traición del presidente, que ganó las elecciones prometiendo mantener la política de Rafael Correa. La nueva organización del expresidente, MANA-RC, mantendrá una intensa agenda de movilizaciones como antesala de la recuperación del poder en las próximas elecciones.
