La jueza Daniella Camacho dictó auto de llamamiento a juicio contra el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa; el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero; y dos exagentes policiales por el supuesto delito de plagio en contra del delincuente común Fernando Balda.
Según la magistrada, se encontraron suficientes elementos de convicción por el delito de plagio que se habría registrado en Colombia, suceso que fue ya juzgado en ese país suramericano. La Fiscalía había pedido que se procese a Rafael Correa (residente en Bélgica desde julio de 2017) por la figura de asociación ilícita, pero la jueza no encontró la concurrencia de ambos delitos.
El proceso judicial contra Correa y Romero queda en suspenso, pues según las leyes ecuatorianas no se puede juzgar el delito por el que se los imputa en ausencia. El juicio contra ambos se reactivará cuando sean capturados o cuando se entreguen de manera voluntaria.
Caupolicán Ochoa, abogado de la defensa del exmandatario, dijo a la prensa que la resolución fue construida para llamar a juicio “sin ningún signo de actuar de manera imparcial”.
Más temprano, Rafael Correa dijo a la cadena TeleSur que no esperaba nada de la justicia ecuatoriana. “Yo mismo me sorprendo de lo profundamente en paz y sereno que estoy conmigo mismo. La lucha continuará a nivel internacional, en Ecuador la justicia está quedando en ridículo”, sostuvo.
El exjefe de Estado mencionó que incluso la INTERPOL (la Policía Internacional a la que Ecuador solicitó se emita orden de difusión roja contra Rafael Correa), no les hace el menor caso, y reconoció que el proceso judicial (uno de los tantos en los que se lo ha vinculado luego de dejar la presidencia) es político.
La resolución de la jueza Daniella Camacho se da en medio de una transición política en un país con la mayoría de sus autoridades con encargos temporales, y con la amenaza del Consejo de la Judicatura (también transitorio) de “evaluar” a los 21 jueces que integran la Corte Nacional de Justicia, lo que los hace susceptibles de los juegos y cálculos políticos.
En este ambiente politizado, los medios “públicos”, bajo manejo del gobierno de Lenín Moreno, han jugado su parte difundiendo información sesgada hacia la parte acusadora con programas y publicaciones especiales. Un hecho anecdótico es que dos horas antes de que se emita la resolución, se filtró la portada del diario El Telégrafo en el que ya se anunciaba lo que la magistrada decidió posteriormente.
Fernando Balda fue retenido por dos horas en Bogotá, en 2012. El fugitivo, que fungía de legislador alterno (aunque nunca asumió tal función) se encontraba prófugo en Colombia para evadir una condena por calumnias.
