Los movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) desde el mes de enero del año 2018, han denunciado los asesinatos ocurridos en Catatumbo, según informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) han asesinado a más de diez líderes sociales y defensores de derechos humanos mientras que el Gobierno Nacional no se pronuncia.
La organización de Derechos Humanos no comprende cómo a pesar de que se ha firmado un acuerdo de paz con el Estado Colombiano, y no con un Gobierno de turno, se han venido dando tantos asesinatos tanto en Catatumbo como en otras regiones de Colombia. Es por eso que los movimientos sociales y de DDHH no se explican por qué el Gobierno Nacional no realiza una sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, en vez de llevar de manera forzosa a que los campesinos salgan a protestar.
Los trabajadores del campo han pedido una mesa de concertación con el Gobierno Nacional, que solo han dado como repuesta la represión por parte de los antimotines y militares, agregando a eso la presencia de el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el cuartel de Xinaloa, quienes han hecho acto de presencia en estos territorios mientras el Estado colombiano sigue sin brindar protección a la sociedad civil.
Los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, aseguran que la persecución en Colombia se agudiza bajo el Gobierno de Iván Duque, ya que la policía captura al azar a los estudiantes, como evidencia la captura de los treinta estudiantes que fueron procesados, dejando a veintinueve de ellos en libertad por no haber pruebas de vandalismo que justificasen las detenciones.
Es evidente que el Gobierno está actuando de manera inquisidora en contra de las movilizaciones estudiantiles, que mantienen paradas la universidades públicas a pesar de que el gobierno colombiano ha presionado para comenzar las conversaciones con los jóvenes.
Las represiones ejercidas por la policía en las manifestaciones son discutidas en el congreso de la República, mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) guarda silencio total ante las represiones que se han llevado a cabo en el país sudamericano.
En estos momentos Luis Almagro, Secretario General de la OEA, se enfoca en Nicaragua, nación donde la violencia no es aplicada por el gobierno como ha sido sucedido en Colombia, sino por parte de grupúsculos fascistas financiados por Estados Unidos, dirigidos por la Iglesia Católica y apoyados por la patronal y la oposición de derechas. Luis Almagro ha sido expulsado recientemente del Frente Amplio (FA) de Uruguay, organización política en la militaba, debido a su apoyo a la intervención militar estadounidense en Venezuela, de la que Colombia es punta de lanza.
Se sigue en espera de que Luis Almagro se pronuncie ante las muertes de los líderes de los movimientos sociales y Derechos Humanos en Colombia. El diplomático no ha hecho mención alguna de la situación, ya que al parecer la OEA se enfoca en los países que no siguen las directrices de la administración del presidente Donald Trump, por lo que toda la atención del ente internacional está puesta en los países con gobiernos de izquierdas.
