Nicolás Maduro garantizó a los venezolanos durante la pasada campaña electoral que si ganaba las elecciones presidenciales, acabaría con los problemas económicos del país, provocados en gran parte por las sanciones económicas promovidas por la oposición, según expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El presidente venezolano señaló como acciones fundamentales la diversificación de la economía para evitar que una caída del precio del petróleo arrastre a la economía venezolana, el fin de las mafias que especulan con los precios de los productos de primera necesidad, y la persecución de la corrupción.
De esas tres promesas, la lucha contra la corrupción es la que más avanzada se encuentra, gracias a la designación por el poder legislativo de Tarek William Saab como fiscal general de la república, quién ha acabado con varios grupos de dirigentes chavistas corruptos que se beneficiaron de la complicidad de Luisa Ortega.
Ahora, Nicolás Maduro ha lanzado el Plan 50, que culminará este viernes. Esta iniciativa consiste en anclar los principales 50 productos de consumo a un precio estable para terminar con la inflación inducida por las mafias económicas. Desde mañana y hasta el viernes, el gobierno de Venezuela se reunirá con los empresarios, cooperativistas, comunas y empresas públicas para decidir cuál es el precio justo de cada producto.
Lo que el presidente Maduro quiere evitar son las situaciones que llegan cada vez que aumenta los salarios de los venezolanos, en las que las mafias responden con un aumento desmedido de los precios, que no responden a nada más que a un intento desestabilizador, ya que no ha habido un encarecimiento de la cadena de producción que lo justifique, ni se han aplicado aranceles por parte de otros países.
Si los 50 principales productos (alimentos, productos de limpieza e higiene personal) se mantienen en un precio estable, las subidas de salario decretadas por Nicolás Maduro sí representarían un enorme aumento de poder adquisitivo para los venezolanos, lo que llevaría a una bajada de la inflación, y a la estabilización de la economía de Venezuela.
El presidente ha advertido que no impondrá nada a los empresarios, pero que cuando se decida el precio justo de los 50 productos entre todos, habrá que respetarlo, y quién lo aumente unilateralmente y sin justificación afectando a la economía de los venezolanos será juzgado en base a la legalidad venezolana.
