Durante los últimos días Nicaragua ha saltado a las portadas de los medios de comunicación, según las primeras informaciones, a causa de las protestas iniciadas en rechazo a una reforma de las pensiones llevada a cabo por el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS).

La reforma del INSS

Los medios de comunicación que han ido cubriendo la información, han difundido que son los jóvenes del país, los empresarios y la Conferencia Episcopal, las organizaciones que llevan adelante las protestas. Sin embargo no han ahondado en lo que supone esa reforma en las pensiones que ha llevado a cabo el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social.

El pasado 16 de abril Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, anunció la reforma que había estado en desarrollo durante meses. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Central de Nicaragua colaboraron en la configuración de los cambios.

La reforma mantenía la edad de jubilación en 60 años y tampoco cambiaba las 750 semanas necesarias para recibir la pensión. Sin embargo aumentaba la paga mensual, otorgaba una mejor cobertura médica pública, mantenía el mínimo para quienes no hubieran trabajado las 750 semanas, y aumentaba las cotizaciones al INSS: los empresarios pasaban de pagar el 19% al 22% y los trabajadores del 6,25% al 7%.

Apoyo a la reforma del INSS

En las noticias que tratan de la situación nicaragüense, se observa que la mayoría de la población del país centroamericano se ha posicionado contra los cambios impulsados por el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social, hablando de los estudiantes como motor principal de las protestas.

Pese a ello, la mayoría de las organizaciones de estudiantes, jubilados y trabajadores se han posicionado a favor de la reforma llevada a cabo por el Estado de Nicaragua, al considerar que es una reforma necesaria para sostener a largo plazo el sistema de pensiones, y opinar que mantiene los mejores aspectos de la normativa anterior.

El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), una de las principales centrales sindicales del país expresó tras conocer la reforma que nos corresponde velar por nuestros derechos consignados como son los 60 años para tener la jubilación y el mínimo de 750 semanas cotizadas para optar a la pensión. Apoyamos su sostenimiento, somos los llamados a su sostenimiento financiero, por ello somos los llamados a aportar lo que nos corresponda, se debe de eliminar el techo para cotizar, es la única manera para mantener el INSS, el principio debe de ser, el que gane más, pague más.

En similares términos se han expresado otros sindicatos como la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), la Central de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), la Asamblea Nacional del Transporte (ANT), el Consejo Nacional de Universidades (CNU), la Unión Nacional de Empleados (UNE), la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).

La UNEN supone la mayor organización de la juventud de Nicaragua, y ésta ha mostrado su apoyo a las reformas del INSS, lo que contradice las informaciones que señalan a los jóvenes del país como motor de las movilizaciones contra el gobierno liderado por el sandinista Daniel Ortega.

Movilizaciones

Los medios hablan de la represión de las manifestaciones por parte del ejecutivo de Daniel Ortega. Unas manifestaciones masivas de las que no hay imágenes. Se informa sobre que el detonante ha sido la reforma del INSS, pero que la mayoría de la población está harta del gobierno sandinista desde hace casi una década y no ha podido aguantar más la opresión.

Lo cierto es que las elecciones generales de Nicaragua se celebraron hace menos de dos años, momento en el que, según los medios de comunicación de masas, el pueblo nicaragüense ya estaba harto de la gestión de la izquierda. Sin embargo, con una participación que rozó el 70%, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) arrasó.

Su candidato a la presidencia, Daniel Ortega, obtuvo el 72,44% de los votos y su partido consiguió 71 de los 92 escaños del poder legislativo. Los expertos electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) avalaron las elecciones, sin detectar ningún indicio de un posible fraude.

Las elecciones municipales nicaragüenses, que se celebraron hace medio año (noviembre de 2017) también señalaron un claro apoyo de la ciudadanía al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En base a esos hechos, es extraño que en apenas unas semanas, y por una reforma de la Seguridad Social que afecta en un mayor grado a los empresarios, los nicaragüenses hayan salido a las calles de una manera tan violenta.

Las manifestaciones en favor de la reforma efectuada por el INSS han recorrido todo el país. En un primer momento llamando a mantener la reforma, y al pasar los días elevando la voz por la paz, debido a que la derecha desató la violencia, con pequeños grupos asaltando edificios oficiales, saqueando negocios y asesinando. Una actuación que recuerda a las guarimbas que la oposición venezolana desató durante 2014 y después en 2017.

Las organizaciones que apoyaron la reforma salieron a las calles diariamente de las ciudades más importantes de país. Managua, Boaco, León, Jalapa, Caribe Norte (Bilwi, Waspam, Prinzapolka), Ocotal, Segovia, Nandaime, Nueva Ginea, Masaya y Ometepe albergaron en sus calles marchas en favor de la reforma del INSS y de la paz. Los grupos vinculados a la derecha nicaragüense atacaron con morteros, lanzaron palos y piedras y amenazaron a los manifestantes en la mayoría de ciudades.

Vandalismo

Las manifestaciones de los sectores que adversan la reforma del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Conferencia Episcopal aún no se han producido. Su apuesta ha sido armar a grupos de delincuentes encapuchados para sembrar el caos en el país.

Estas pandillas violentas no tienen reparos a la hora de amenazar de muerte a las fuerzas del orden frente a las cámaras, una advertencia que cumplieron al matar al policía Hilton Rafael Manzanares tras tomar por la fuerza la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), una prueba más de que no son los estudiantes los que lideran las protestas. Desde su posición en la Upoli, los ultraderechistas también acabaron con la vida de Darwin Urbina.

A lo largo de todo el país se han producido ataques con cócteles molotov, que en León provocaron la muerte de un estudiante que se encontraba en el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) en el momento en el que las pandillas de la derecha nicaragüense lo estaban asediando. Los saqueos en comercios de electrónica y otros establecimientos de lujo también se han producido a lo largo de todo el país. Actos que se sitúan lejos de una manifestación por la derogación de una reforma de la Seguridad Social.

Los grupos violentos también ha atacado hospitales, colegios, edificios públicos e incluso ayuntamientos como el de Estelí, donde provocaron heridas graves a un suboficial de la policía tras explotarle un mortero en la cara. En Sandino se efectuaron disparos al Ayuntamiento sin causar bajas. Una estrategia para crear desestabilización en el país que también se ha llevado la vida del periodista Ángel Eduardo Gahona, asesinado por lo que los medios de comunicación llaman manifestantes reprimidos. Otros periodistas nicaragüenses como Eduardo González y Suyen Cortez y líderes sociales como el Presidente de la UNAM Porfirio García han sido amenazados de muerte por estas bandas.

Diálogo

Para terminar con la violencia desencadenada por la derecha, el 20 de abril el presidente Daniel Ortega hace un llamado a los empresarios y a la iglesia para iniciar un diálogo sobre la reforma del INSS. Una opción que es rechazada de plano por las élites económicas de Nicaragua que prefieren mantener la violencia en las calles.

Ortega vuelve a ofrecer dos días después, el 22 de abril, una nueva propuesta de diálogo, esta vez derogando la reforma del INSS en señal de la voluntad de su gobierno para alcanzar un acuerdo entre todas las partes del conflicto. Nuevamente los empresarios y la iglesia se vuelven a negar, exigiendo ahora el cese de la represión de las manifestaciones como condición previa para el diálogo.

Algo que Daniel Ortega no puede permitirse ya que las manifestaciones a las que se refiere la derecha son pequeños grupos de pandilleros violentos, que desatan el caos por donde pasan. Asesinan, saquean a los pequeños comerciantes además de mantener a los ciudadanos aterrorizados, una situación que el gobierno de Nicaragua no puede permitir.

Contexto latinoamericano

La derecha de América Latina esta efectuando una contraofensiva a los gobiernos de izquierda que resisten en el continente. Tras el avance de las posiciones progresistas en la primera década del presente siglo, lo que devino en la pérdida de la influencia de Estados Unidos en la región, cuyos grandes empresarios perdieron la explotación de los recursos hidrocarburos y naturales, y de la gestión de los servicios de primera necesidad, en 2009 se efectuó un golpe de estado en Honduras como una prueba que determinaría el camino a seguir en los siguientes años.

La Comunidad Internacional admitió sin muchos problemas el derrocamiento de Manuel Zelaya, por lo que Paraguay y Brasil sufrieron golpes similares que terminaron con sus gobiernos de izquierda. El fraude electoral ha sido otra manera de evitar la llegada de la izquierda al poder ejecutivo, como en México y en Honduras.

La violencia desatada en Venezuela y las sanciones que asfixian su economía han servido de ejemplo para que la izquierda que ha conseguido llegar al poder, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, haya moderado sus posturas lo suficiente para mantener el neoliberalismo con algunas pequeñas reformas, para no sufrir el mismo castigo. Los candidatos progresistas con posibilidades de ganar las elecciones también han moderado sus propuestas para evitar la manipulación mediática que evite su victoria.

Por lo que aunque lleguen a ganar, no participarán en la idea de la Patria Grande que impulsaron mandatarios como Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Fidel Castro y Lula, quienes crearon foros internacionales con competencias para garantizar la unidad y la democracia en el continente, sin la tutela de Estados Unidos ni Canadá.

Uno de esos foros, la Unión de Naciones del Sur (Unasur) ha sido dinamitado por los gobiernos de derecha de Colombia, Paraguay, Brasil, Chile y Perú. La Unasur tomaba las decisiones por consenso, algo que obligaba a las partes a alcanzar acuerdos, vinculaba los ejércitos de los países miembros al respeto de la democracia y evitaba las injerencias, resolviendo las crisis mediante el diálogo.

La derecha nicaragüense se ha visto incapaz de articular una propuesta programática que convenza a los ciudadanos en las urnas, por lo que ha tomado el ejemplo del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL). Una estrategia golpista que ha comenzado con la violencia en las calles, y que ha continuado con la negación del diálogo pese a que el gobierno de Daniel Ortega les ha dado lo que pedían.