El campo conservador español no lleva nada bien el tema de la II República. “Es parte del pasado” suelen expresar ante quién saca el tema. No es de extrañar, la conversación llevaría irremediablemente a Franco, el dictador que ellos apoyan en sus casas y sedes, pero que no está bien airear más que cuando hay que votar alguna iniciativa en los congresos y parlamentos para proteger su memoria y legado.
Por otro lado la II República supone a día de hoy un ejemplo para la mayoría social que es preciso ocultar para evitar una III República que renueve y profundice los valores de su predecesora.
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El ejemplo de 1931 y 1936 es tan poderoso que no les ha importado usar las muertes por coronavirus para cargar mediante el uso de bulos contra el Gobierno en el que está Unidas Podemos, por si acaso alguna de las iniciativas tomadas en el periodo republicano llega al actual escenario político.
De hecho, la rabia con la que se han despachado contra el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de consumo Alberto Garzón, por sus muestras de apoyo a la república, no ha tenido medida, llegando a los insultos e incluso amenazas.
En un primer momento, el principal valor de la II República es la democracia. Poder elegir a las máximas autoridades del Estado, incluido el jefe del Estado que es hoy el hijo del que designó el dictador Francisco Franco. Negando de facto la igualdad ante la ley de todos los españoles.
Tras verse revelada la corrupción de la monarquía y la de sus miembros, la justicia española demostró de manera pública y notoria que a la familia real se le daba un trato tan especial, que por delitos graves no pagaron nada.
Es un segundo instante, el principal valor de la II República sigue siendo la democracia, porque los derechos que reconocía en su Constitución de 1931, los garantizaba. Cuestión que hoy no sucede atendiendo a la cantidad de ciudadanos que no tienen trabajo, -no digamos ya uno digno, ni vivienda por ser desahuciados.
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En un tercer momento llegan las ideas de respeto (estado laico), solidaridad internacional (renuncia a la guerra como instrumento de política internacional), posibilidad de la creación de Regiones Autónomas con casi las mismas competencias que el Estado (recuerdos al admirable Lluís Companys), poner en el centro a los trabajadores (mayoría social) en vez de al capital de los poderosos, el feminismo, aumentar el poder del Estado con nacionalizaciones de los sectores estratégicos…
Pero lo que más importa a día de hoy es el valor de la justicia social que se desprende de la memoria histórica, el hilo más importante que conecta social y políticamente a la II República con el presente y el futuro de España de manera firme.
Sin el golpe de estado fracasado y el posterior ataque a la democracia republicana, defendida por el pueblo, que sufrió un genocidio perpetrado por los golpistas, las nuevas generaciones nunca habrían reclamado justicia y reparación para los que salieron a defender la victoria en las urnas del Frente Popular.
Esta exigencia se ha configurado a día de hoy como un importante actor social, conocido como memorialista. Actualmente es el movimiento que mantiene el discurso y la disputa social contra el Régimen del 78, al considerarlo heredero de la dictadura por sostener en la impunidad los crímenes del franquismo, y no reparar la memoria de los que murieron defendiendo la democracia frente al fascismo.
La justicia social de la II República ha impregnado al movimiento memorialista, que al pedir la justicia y reparación para las víctimas, incluye la investigación de la obtención de las riquezas de los franquistas, que en muchas ocasiones se consiguieron mediante el robo de propiedades y bienes a los republicanos.
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Esto implica el cuestionamiento de todo el sistema español, que tiene en la dirección a las principales familias franquistas, ya que La Transición que lo configuró a finales de los 70 no supuso una ruptura con la dictadura, permitiendo que los principales políticos, empresarios y banqueros franquistas pudieran legar a sus familias, mediante herencia, el expolio a los republicanos.
Investigar estos hechos supondría la caída del Régimen del 78 y el auténtico final de la dictadura.
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