Ecuador: La destitución de la asambleísta Sofía Espín se lleva a cabo ilegalmente

La Asamblea Nacional de Ecuador destituyó el martes a la legisladora del bloque Revolución Ciudadana, Sofía Espín, en el epílogo de una serie de irregularidades que profundizan la crisis institucional por la que atraviesa el país andino.

La Legislatura y su principal autoridad, Elizabeth Cabezas, pasan por una caída en su credibilidad (22,8% y 28%, respectivamente), y hallaron en la asambleísta guayaquileña la oportunidad para tratar de recuperar el apoyo ciudadano, pero en el camino no han reparado en llevarse por delante la propia norma legislativa, el debido proceso y la legalidad.

A Sofía Espín se la acusa de “incompatibilidad de funciones” por haber visitado semanas atrás a una exagente policial (Diana Falcón), detenida por el presunto secuestro en Colombia de un delincuente común, suceso por el que fue llamado a juicio el expresidente Rafael Correa, y supuestamente presionarla para que cambie su versión.

A partir de la alerta del abogado de la procesada, la Asamblea conformó una comisión de investigación que, en los días que llevó a cabo su tarea, omitió elementales acciones que deben contemplar un proceso justo.

  • El legislador Esteban Bernal (del derechista movimiento Creando Oportunidades) no entregó una declaración juramentada y no motivó (como establece la Ley de la Función Legislativa) su denuncia.
  • La Comisión Administrativa de la Legislatura (CAL) aceptó una denuncia incompleta y, teniendo cinco días para resolver, lo hizo en dos horas con un informe verbal del coordinador jurídico.
  • Uno de los tres miembros de la comisión multipartidista (Fernando Callejas, también de derecha) fue recusado por adelantar criterio (dijo a la prensa que Espín era culpable), y dicha recusación no fue aceptada.
  • La comisión no llamó a los testigos solicitados por Sofía Espín, es decir, solo basó su informe en el que recomendaba la destitución en las declaraciones de la parte acusadora.
  • La comisión tampoco solicitó los documentos que la asambleísta Espín había pedido como pruebas de descargo.

Pero la destitución también estuvo contaminada por presiones políticas. A pocas horas de la votación, el presidente Lenín Moreno –quien se dice respetuoso de la independencia de las funciones- publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que conminó a los asambleístas a “ser consecuentes con el sentir de los ecuatorianos en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Otro aspecto curioso es que algunos legisladores no asistieron a la sesión de la Asamblea y optaron por enviar a sus alternos.

Pero el hecho más extraño es que en la sesión de la semana pasada, con 86 votos, los parlamentarios resolvieron que el mecanismo para destituir a un asambleísta era a través de mayoría calificada (91 votos), pero el martes (cuando se retomó la sesión suspendida) torcieron su propia decisión y, a través de una moción, decidieron que se lo haga por mayoría absoluta (71 votos).

La Legislatura ecuatoriana está integrada por 137 parlamentarios.

Lo más suigeneris del tema es que, en ambos casos, la moción fue presentada por el mismo asambleísta, Fernando Flores (del movimiento Creando Oportunidades). En este caso, al parecer, pesaron la presión mediática y política que ha generado una corriente de opinión en la cual se asocia a todo “correista” como culpable aunque no haya pruebas y se atropelle la legalidad, el debido proceso, y el estado de derecho.

Sofía Espín anunció que emprenderá acciones en instancias internacionales contra quienes promovieron su destitución. Además deploró que, pese a que supuestamente hay un afán de luchar contra la corrupción, sigan como asambleístas personas denunciados por delitos de concusión, cobros ilegales y hasta violación.

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