Bajo el título 110 compromisos con la España que quieres se nos presenta el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) con 110 propuestas para intentar convencer a los indecisos y a los votantes, que viendo promesas y no resultados, han ido perdiendo su confianza en el partido. En este artículo analizaremos y desarticularemos parte de esas propuestas.
Educación y Formación Profesional
En esta primera sección de su Programa, encontramos propuestas dirigidas, según su propio título, a una educación de calidad y sin exclusiones. Y ¿qué propone para ello?
Propuesta 1: “La educación va a ser una gran prioridad” nos dicen. Para ello, proponen impulsar un “gran Pacto de Estado por la Educación” el cual tenga como base la educación pública. Consiguiendo llegar al 5% del PIB -en 2025- la inversión en educación y becas. Con esta propuesta pretenden corregir las carencias que tiene el sistema educativo.
Esta misma propuesta la presentaron en el Programa Electoral de 2015 como objetivo para dos legislaturas, con la diferencia que por aquel entonces eran más optimistas, “con la aspiración de alcanzar el 7% a medio plazo”. Realmente, no resulta especialmente creíble, si usamos nuestra memoria, podemos recordar perfectamente, la pelea que el bipartidismo –PP/PSOE– ha tenido siempre en este ámbito. Cambiando las leyes en educación – desde la LOGSE en 1990 hasta la LOMCE desde el 2013- cada vez que regresan al poder.
En el año 2012 podíamos oír a la entonces ministra de educación, Isabel Celaá, prometer que las medidas de Rajoy no tendrán ningún efecto en Euskadi. No lo cumplió, también presentó un proyecto educativo de enseñanza trilingüe que quiso aplicar cuando el euskera no estaba normalizado en las ikastolas. Ahora nos prometen centrarse en una educación pública de calidad con los recortes activos, algo imposible.
Propuesta 5: promover la gratuitidad de las escuelas infantiles -alumnos de 0 a 3 años- dando prioridad a las familias más vulnerables. Con el objetivo de que en 2025 el 50% de los menores de 3 años estén escolarizados. ¿Es creíble fijar objetivos fuera de fechas? Bueno, para que esto sea viable, el PSOE debería invertir dinero, ese dinero que se dejó de invertir con los recortes. Esos recortes en educación, los sufrió Euskadi de la mano de Patxi López. Se redujeron las sustituciones, se “castigaron” las bajas, se quitó personal de educación especial y un largo etcétera.
¿Está dispuesto el PSOE a invertir dinero en Educación? Lo pregunto porque es la única manera de cumplir esa promesa.
El PSOE ya experimentó con esta propuesta en 2017, en Andalucía. Sacó un Decreto Ley que fue apoyado únicamente con los votos de C’s para favorescer la escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Los partidos que no aprobaron esta propuesta, le achacaron que fuera un “recortazo“, que atacaba a los más débiles de la sociedad, apostando por la mercantilización de la educación. Medida que afectaría a las familias con menos recursos y a las mujeres trabajadoras.
También prometía lo mismo en las elecciones generales de 2016, junto a equiparar de forma progresiva los permisos de maternidad y paternidad, algo que debería haberse aplicado desde 2013 y no se ha hecho.
Investigación y Universidad
Propuesta 9: quieren aprobar una Ley de Universidades – la actual ley vigente es desde 2007 (LOMLOU)- que asegure la formación integral de los estudiantes. Algo que ya propuso en 2018, cuando saltó el escándalo de los Masters. Vendiendo una Universidad que fuera el centro de debates, ideas y soluciones, un espacio crítico. Queriendo convertir la Universidad en el motor del cambio económico “que necesita este país“. Algo ambiguo, viendo que las medidas económicas solo han beneficiado al IBEX35.
Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, contó, en una entrevista al medio Europa Press, que el gobierno preparaba un decálogo que presentaría en enero de 2019. A día de hoy todavía no han presentado nada. Han elaborado el reglamento de la cotización obligatoria de las prácticas, pero no lo aplicarán hasta el próximo curso académico. Gracias a las críticas de la comunidad universitaria.
A su vez, en 2018 el presidente de la Cámara de España José Luís Bonet se sumó a la Comunicación sobre la nueva Ley de Universidades. Elaborada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y presentada en el Congreso de los Diputados. Entre los firmantes del Comunicado se encuentra también, Juan Borrel, presidente de la CEOE, Antonio Garamendi -presidente de la Confederación Española de la PYME– Maribel Loranca – UGT – y Francisco García de FE-CCOO.
El PSOE junto con el PP, ha sido el promotor y ejecutor del Proceso de Bolonia, por el que se ha ido privatizando la universidad de manera paulatina desde el inicio de la crisis, lo que ha provocado que, desde ese momento, decenas de miles de estudiantes no se hayan podido costear sus estudios. En el programa no viene recogida ninguna referencia a revertir ese proceso para ofrecer una educación universitaria gratuita y de calidad.
Propuesta 10: prometen trabajar para conseguir implantar un sistema que garantice la gratuidad de las primeras matrículas en las universidades públicas. Esto, también lo prometió anteriormente.
Como he dicho antes, hay un reglamento elaborado -el reglamento de la cotización obligatoria de las prácticas– que no aplicarán hasta el próximo curso, 2019 – 2020, por las críticas de la comunidad universitaria. Critican que sean las universidades quienes tengan que pagar las cotizaciones de los becarios. El presidente de los rectores Roberto Fernández CRUE estima que el coste de la cotización obligatoria de las prácticas sobrepasará los 100 millones. La patronal también critica esta medida.
En enero de este año, el Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acordaban que la cotización de las prácticas serían obligatorias el próximo curso académico 2019-2020. A día de hoy, los alumnos que realizan prácticas curriculares y remuneradas deben estar dados de alta en la Seguridad Social. El coste de contratar a un becario y darlo de alta corre a cuenta de la empresa. Aunque después el Estado le otorga una bonificación del 100%. Lo que se pretende con el decreto es que todos los becarios que hagan prácticas coticen. Se elimina la bonificación, encareciendo el coste.
El decreto no debe pasar ningún trámite parlamentario. Tampoco concreta quién correrá con los costes. Los alumnos critican que esta medida solo cubre el seguro médico, no asegura un salario. La Fundación Universidad – Empresas (FUE) también se muestra crítica con esta medida, alegando que ni las universidades ni empresas tienen los suficientes recursos económicos para hacer frente a esta propuesta.
Ciencia e Innovación
Propuesta 12: revertir los recortes con el objetivo de posicionar a España en la media Europea de inversión en I + D + I. Fomentando la investigación y la innovación de las empresas, transfiriendo el conocimiento de estas a las universidades.
Y volvemos al pasado. En 2015, Pedro Sánchez, se comprometió a acabar con los recortes en ciencia, duplicando la inversión pública en I+D+I, hasta llegar al 2,5 % del PIB, y poniendo en marcha la Agencia Estatal de Investigación. Con esta propuesta se presentó a las elecciones del 20 de diciembre de ese mismo año.
En 2018 podíamos ver como el 45% de la subida prometida en I+D+I eran préstamos que no se usaban en investigación pública. Ha usado la misma estrategia que usó el PP -algo que el propio PSOE criticaba cuando estaba en la oposición-, para inflar la inversión en ciencia.
El acuerdo presupuestario del que hablamos acordado entre el Gobierno y Unidos Podemos, marca un aumento de la inversión en I+D+I del 6,7% para 2019 respecto al año anterior. Hablamos de 273 millones de euros más que servirán para financiar nuevos proyectos de investigación y contratos para investigadores jóvenes. El 45% de esta inversión -123 millones de euros- son préstamos y el resto -150 millones de euros- subvenciones.
¿Es serio anunciar un incremento presupuestario del 6,7% cuando casi la mitad se invertirá en préstamos? En 2017 el Gobierno gastó tres de cada diez euros presupuestados. Los 3.259 millones de euros que no se gastaron eran créditos que no se dieron y no salieron de las arcas del Estado.
En 2017 -estando en la oposición- criticó el maquillaje que había usado el gobierno respecto a esta inversión, echándole en cara el aumento de la partida referida a los préstamos, algo que “suele quedarse sin ejecutar“. Meses después comprobamos como el PSOE actúa igual, en lo referente a estas ayudas, que el PP.
El PSOE, estando en la oposición, pedía una inversión en I+D+I del 2,5%, aunque en su Presupuesto sólo recogía una inversión del 1,8%. Lleva prometiendo esta medida desde 2015, a su propuesta le falta información respecto del uso específico que se le va a dar a ese presupuesto -inversión o préstamos- y cómo se va a orquestar. Tampoco propone medidas adicionales de carácter no presupuestario que simplifiquen los procesos administrativos y faciliten la obtención de cualquier incentivo al I+D.
Como podemos ver, las propuestas aquí analizadas no son nuevas. Son las mismas medidas que lleva años ofreciendo, sin llegar a ponerlas en práctica y en muchas ocasiones, haciendo exactamente lo mismo que criticaban a otros partidos políticos cuando estaban en la oposición.