El abuso de la prisión preventiva
El pasado miércoles 12 de junio, el juicio contra los líderes independentistas quedó visto para sentencia en el Tribunal Supremo. Durante la jornada, los doce acusados pudieron hacer uso de una última palabra, ocasión que Jordi Sánchez, exlíder de la ANC y parlamentario en el Congreso de los Diputados, aprovechó para hacer un alegato sobre la prisión preventiva.
Al igual que Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, Sánchez entró en prisión el 16 de octubre de 2017, con lo que ambos llevan más de 600 días en prisión preventiva. En España, la prisión provisional o preventiva aparece en el artículo 17.4 de la Constitución, y está reglada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 502 y siguientes.
En los últimos años se ha hablado mucho de la prisión provisional, especialmente en el caso de personas conocidas o de sucesos destacados. Desde 2016 hay tres jóvenes de Alsasua que se encuentran en la cárcel, acusados de terrorismo por una pelea en un bar de la población navarra. Otro caso destacado fue el de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, que pasó casi dos años en prisión antes de ser absuelto de todos los cargos.
Jordi Sánchez, en su alegato, no obstante, se refirió a aquellas personas que no aparecen en los periódicos. Personas anónimas, que en muchos casos se encuentran en la periferia de la sociedad, y que, como consecuencia de su paso por la cárcel, ha podido conocer de primera mano.
Según expresó el expresidente de la ANC, muchos fiscales hacen uso de la prisión preventiva cuando sus acusaciones son pobres o no se sostienen. Después de que el reo pase uno o dos años en la cárcel, y ante la amenaza de una condena más larga, los fiscales pueden pactar con el prisionero para que acepte declararse culpable, reduciendo así su condena -y sin tener en cuenta si es culpable o no-.
Esta jugada, que los fiscales utilizan para “ganar” el juicio, juega con las esperanzas y los miedos de los prisioneros. A pesar de lo que se ha publicado en algunos periódicos a raíz de la entrada en prisión de los presos políticos catalanes, la cárcel no es un lugar agradable, y la sola pérdida de libertad puede generar problemas psíquicos y físicos en los internos.
La prisión preventiva, en algunos casos, es necesaria. La Ley y la Constitución la consideran para evitar la huida de personas que las pruebas consideran culpables o para que no puedan eliminar dichas pruebas. No obstante, el uso indiscriminado de esta medida debería ser investigada por parte de la justicia, ya que la privación de libertad es la medida más dura que se puede aplicar a una persona.
