La ausencia de democracia en Ecuador destroza la voluntad popular de las urnas que eligieron al CPCCS
Desde que el 24 de mayo de 2017 Lenín Moreno fuera elegido Presidente de la República del Ecuador con su binomio Jorge Glas Espinel, la realidad no puede ser más clara: Ecuador, que como estado tiene cinco funciones principales, ha violentado las cinco.
Siendo a todas luces un golpe de Estado auspiciado desde el propio Estado. Hagamos un pequeño recorrido por las cinco funciones para llegar al motivo de este este escrito, que no es otro que el explicar la actual situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La función ejecutiva, quizás la más emblemática, fue violentada tras la condena a Jorge Glas vicepresidente constitucional del Ecuador, que fue juzgado sin debido proceso y con un código penal derogado en la actualidad. Cuando pasa un poco más de dos años del mandato de Lenín Moreno ya ha habido tres vicepresidentes en su gobierno, lo cual demuestra una alarmante falta de legitimidad política.
La función legislativa repite el patrón anterior; en poco de más de dos años ya se han visto desfilar tres presidentes de la Asamblea Nacional, que observa como muchos de sus asambleístas no obedecen los posicionamientos ideológicos que le dieron el acta institucional. En especial algunos de Alianza País que siguen al lado de Moreno a pesar de que haya traicionado a la Revolución Ciudadana.
La función Judicial fue totalmente un diseño creado por el desaparecido Julio César Trujillo, quién al mando del Consejo Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó jueces, fiscales, contralor, y un sinfín de cargos que debían ser sometidos a concurso respetando los debidos reglamentos, y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio nunca cumplió. Así pues hoy día la independencia del sistema judicial ecuatoriana está mucho más que en entredicho, incluso el hermano del presidente Lenín Moreno fue nombrado fiscal.
La función electoral se ha convertido en el primer filtro para evitar que en Ecuador haya democracia, pues ha impedido por cuatro veces la inscripción de un movimiento que diera voz a más de un 30% del electorado ecuatoriano, que contra todas las barreras que se le han puesto, ha seguido fiel a la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. El expresidente ha visto cómo se le negaba la inscripción de su partido en cuatro ocasiones.
Hasta el momento he comentado cuatro funciones con ejemplos de cómo se ha violentado el Estado de Derecho en Ecuador. Podría haber sido mucho más extenso pero desgraciadamente deberemos seguir hablando de la desinstucionalizacion del Ecuador más adelante.
Ahora vamos a centrarnos en la última función: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo, pero sobre todo, por qué es el próximo objetivo del Gobierno de Moreno, después de haberlo utilizado a su antojo sin viso de legalidad, por el llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio?
Sin duda alguna, cuando Lenín Moreno promovió la consulta de 4 de febrero de 2018 (carente de constitucionalidad), descuidó quitarle al pueblo la posibilidad de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Solo así se entienden las arremetidas que ha habido para deslegitimarlo incluso hacerlo desaparecer.
La cuestión es que se vieron en la obligación de convocar elecciones al Consejo, y allí también aparecieron las violaciones constitucionales: en los requisitos para los candidatos se atentaba al derecho de participación, de igualdad y de no discriminación.
Semanas antes de los comicios los mismos que promovían las elecciones empezaron a boicotear y a desprestigiar a los candidatos porque no eran de su complacencia, algunos habían manifestado la necesidad de revisar todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Trataron, a través de la Corte Constitucional, de que no se realizaran las votaciones porque los candidatos “eran poco conocidos“. También a través de la Asamblea inventaron una reforma parcial de la Constitución para quitar las funciones al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que resultó electo. Incluso dos días antes de las elecciones notificaron a los candidatos que se habían manifestado a favor de revisar lo actuado por el transitorio, que podían ser descalificados.
A los candidatos se les prohibió que se promocionaran y hacer propaganda. Hubo un llamado, por parte de determinados sectores interesados en la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al voto nulo y el servilista Consejo Nacional Electoral resolvió que cada voto nulo debería ser contado como tres, así aumentarían la posibilidad de anular las votaciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente el Consejo Nacional Electoral, por presión popular cedió en esa intención y envió una consulta al Tribunal Contencioso Electoral el cual se inhibió.
>>Hacer valer un voto nulo por tres, magia democrática en Ecuador<<
Realizadas las elecciones, los siete candidatos electos vieron cómo pasaban las semanas sin que se dieran los resultados definitivos. Un mes después de las elecciones y tras de varios intentos de descalificar a candidatos electos, se publicaron los resultados definitivos.
En estos días se realizó un blindaje al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio por la Corte Constitucional, los miembros de la cual provenían de las acciones espurias del Transitorio, es decir, se prohíbe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo revisar al Transitorio, lógicamente si la Corte Constitucional permitía esa evaluación, estaría prestándose a que la elección de sus miembros también sería ilegitima.
También se decidió por unanimidad del Transitorio nombrar a Pablo Celi como Contralor General subrogante hasta el año 2022, fecha en la que culminaba su mandato el anterior contralor Carlos Pólit. No se realizó concurso alguno porque quien debía ganar era Pablo Celi, y no reunía los requisitos para postular. Hoy día este Contralor debería ser de lo primero que se evaluase por parte del nuevo CPCCS.
Con tal panorama descrito, finalmente los consejeros tomaron su acta en la Asamblea y, si bien hasta ahora no han hecho mucho más que darse baños de masas, ya han empezado a ser atacados desde la Asamblea Nacional y los medios de comunicación.
Se da la singularidad que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es José Tuárez quién fue elegido presidente con el voto de cuatro consejeros a favor y tres en contra, lo que nos está dando una orientación de que los consejeros partidarios de revisar lo actuado por el Transitorio ganan por 4-3.
Por este motivo se han iniciado todo tipo de ataques contra el cura José Tuárez y también contra los consejeros Walter Gómez y Rosa Chala con la intención de lograr que queden excluidos al menos dos de ellos, y se puedan revertir las intenciones de evaluar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
No obstante en el día de ayer el CPCCS aprobó revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional, que fue realizada por el consejo Transitorio así como anunció la intención de convocar las diferentes plazas que fueron adjudicadas por el Transitorio. Parece que el CPCCS elegido por el pueblo empieza a actuar.
