Lenín Moreno ha sido capaz no solo de mantenerse en el poder, sino que lo ha hecho desactivando la protesta social que lo había puesto en jaque durante cerca de dos semanas, en las que la represión hizo acto de presencia de manera inconstitucional, ya que se aplicó en un marco de suspensión de libertades, mediante el estado de excepción que no cumplía los requisitos de la Carta Magna para ser decretado.
Para ello se ha reunido con uno de los principales aliados de su gobierno, la Confederación de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador (CONAIE), que se le puso enfrente durante las protestas, sufriendo el asesinato de varios de sus militantes, para frenar la última medida tomada por el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, en el diálogo sostenido por ambas partes no se han tratado la gestión presidencial de los últimos dos años en los que ha habido persecución contra la izquierda, la vulneración de la constitución y el aumento de la pobreza.
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Los manifestantes habían pasado de una protesta inicial en la que se pedía la derogación del Decreto 883, a exigir la renuncia de Lenín Moreno, la suspensión de sus políticas neoliberales y la investigación de los delitos perpetrados por su gobierno. La CONAIE se ha erigido como interlocutora de las protestas, obteniendo el reconocimiento inmediato del gobierno de Lenín Moreno, que buscaba pactar la sustitución del actual decreto por otro nuevo, para desactivar la protesta social y las nuevas reivindicaciones que iban asumiendo los manifestantes. El acuerdo con la entidad indígena ha servido para que el presidente haya conseguido ese objetivo.
La redacción del acuerdo entre ambas partes es por ahora abstracta, ya que no se ha revelado ninguna medida concreta que permita saber cuáles serán los límites del nuevo decreto, por lo que abre la puerta al gobierno imponer las mismas medidas con un lenguaje distinto, al menos en cuanto a lo que tiene que ver con el combustible, ya que la CONAIE no se ha referido en ningún momento al plano laboral del paquetazo del gobierno de Lenín Moreno, que no solo arrebataba la mitad de las vacaciones a los trabajadores del sector público, sino que establecía que los empresarios podían despedir para contratar después un 20% más barato, a la vez que obligaba a los trabajadores a renunciar a un día de trabajo al mes.
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Pese a ello, la organización representante del movimiento indígena ha llamado a la desmovilización de la protesta social aunque todavía no ha empezado la redacción del decreto que sustituirá al 883, -sabiendo que una vez desmovilizado, levantar el movimiento surgido en los últimos días será imposible en el corto plazo-, lo que supone un balón de oxígeno para Lenín Moreno, que ha visto cómo la CONAIE no le ha impuesto condiciones difíciles de asumir para actuar en su favor, terminando con las manifestaciones.
La persecución política contra los líderes de la Revolución Ciudadana sigue después del acuerdo, una situación que tampoco ha sido abordada por la CONAIE, que ha abandonado en las negociaciones a los representantes de los que han compartido con ellos lucha en la calle durante los últimos días.
A causa al diálogo con la organización indígena, Lenín Moreno no solo no tendrá que hacer frente al juicio por la corrupción de INA INVESTMENT, sino que desarticula el incipiente movimiento social que se estaba creando en su contra sin verse obligado a dar marcha atrás a la mayoría de las medidas tomadas en los últimos dos años.
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Entre las que están el montaje contra el vicepresidente constitucional Jorge Glas, el aumento de la pobreza en medio millón de personas, los 200 000 estudiantes que han quedado fuera del sistema público de salud, el desmantelamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) electo por los ecuatorianos, el cierre de medios, la persecución contra Rafael Correa, la degradación de la institucionalidad con la purga en la justicia, permitir el robo de los bancos mediante el cobro de servicios no pedidos, y la persecución política contra dirigentes de izquierda entre otras cuestiones.
