Primero fue el expresidente del gobierno Felipe González quién apareció en el escenario político español para censurar el preacuerdo alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), abogando por una Gran Coalición entre los de Pedro Sánchez y el Partido Popular (PP).
Después le siguió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, para expresar lo contrario, que él deseaba que se produjera ese acuerdo, avalando así el posible gobierno progresista que tomaría posesión antes de que finalice el año.
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Esta cuestión fue aprovechada por el PSOE para comenzar la fagocitación de Unidas Podemos, intentando erigirse como una organización de izquierdas que no necesita de socios para ser progresista, una estrategia que le ha funcionado en otras ocasiones cuando pactó con Izquierda Unida (IU, hoy parte de UP).
Frente a Felipe González, el PSOE mediante sus dirigentes y militantes expresó en las redes sociales una primera idea-fuerza con la que liderar el relato que desea imponer, Zapatero “el presidente progresista“, avala el acuerdo, consiguiendo traspasar esa imagen de progreso a Pedro Sánchez, que además se ha atrevido a pactar con la izquierda rechazada por el poder económico.
De esta forma el Partido Socialista volvería a ser percibido como enemigo de la derecha -posición que terminó de perder cuando durante 2014 el recién nacido Podemos lo calificaba como “casta” junto al PP-, y por tanto ser ubicado en la orilla en la que están las fuerzas progresistas que se enfrentan al neoliberalismo del Régimen del 78.
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Una cuestión que, de ser asumida por el conjunto de la sociedad española, supondría el regreso, con intensidad, del voto útil en favor de los de Pedro Sánchez, quién expresaría que los logros del gobierno que él liderará pertenecen a su organización, marginando a UP como agente dinamizador de las políticas de izquierdas, posicionándose como la máxima garantía de las políticas de progreso.
Sin embargo, durante el último gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE ha mantenido las políticas implementadas por el predecesor Mariano Rajoy (PP, derecha) tales como la Ley Mordaza y la segunda Reforma Laboral.
Además, el actual presidente en funciones fue uno de los redactores del cambio del artículo 135 de la Constitución durante el año 2011. Un acuerdo entre Zapatero y Rajoy por el que se establecía como prioridad el pago de la deuda privada antes que el gasto social, lo que supone a día de hoy recortes sostenidos en la educación, la sanidad y la Ley de dependencia entre otras cuestiones que suponen una imposibilidad de que los ciudadanos accedan a los derechos que les otorga la Carta Magna de manera formal.
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Durante el gobierno de Zapatero se aprobó el “pensionazo“, la primera reforma laboral que ha supuesto la base para la precarización laboral que la de Rajoy profundizó en algunos puntos, se reconoció como legal la justicia franquista, se mantuvo el Concordato con la Iglesia, se profundizó en la política fiscal regresiva de José María Aznar, existió una alianza con el PP para proteger la monarquía y se rescató a la banca privada con dinero público.
En el terreno internacional se apoyaron las invasiones militares de Estados Unidos como la de Afganistán, la impunidad de los militares estadounidenses que asesinaron al periodista Couso, se mantuvieron las bases militares de EEUU en territorio español, desde las que el ejército norteamericano llegó a cargar bombas que mataron a población civil, se apoyaron los golpes electorales contra López Obrador y al golpismo hondureño.
Unidas Podemos -dirigentes, cuadros, militantes, simpatizantes y votantes- debe tener en cuenta este pasado reciente de su probable socio gubernamental, no para impedir el acuerdo, sino para adelantarse a los actos políticos que son esperables por parte del PSOE, para evitar ser fagocitada como lo fueron sus anteriores socios.
