La fiscal Diana Salazar, (según su currículum académico estudio parte de su carrera en España), a juicio de este cronista está prevaricando. Es decir, permite actuaciones a sabiendas de que son contrarias a derecho.
Es el peor delito que puede cometer un jurista funcionario público. Claro está que lo que no sé es si tiene conocimiento de este delito, dada la poca capacidad que demostró en la prueba evaluadora de su acceso a la Fiscalía General de Ecuador.
>>Ecuador: damnatio memoriae<<
Sin duda alguna el uso que hace de la prisión preventiva llevaría a su destitución inmediata en cualquier país que sea garantista hacia sus ciudadanos. Pasará a ser, sin duda alguna, parte activa de las múltiples denuncias internacionales que se acumulan y acumularán contra el gobierno del Ecuador.
Forma parte del golpe de Estado al estado auspiciado por Lenín Moreno a través de Julio César Trujillo (fallecido), Santiago Cuesta, Pablo Félix y el apoyo de la derecha tradicional ecuatoriana y otros actores principalmente económicos.
Sobre el pronunciamiento de la CIDH por el que se solicitan medidas cautelares de protección para los perseguidos políticos Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, la Fiscalía General debería revisar todas las acciones en estos asuntos que muestran claramente persecución política, y empezar a permitir que los encausados puedan continuar con sus derechos políticos intactos.
>>Ecuador: atraco en Pichincha<<
Los argumentos de la CIDH son ciertamente de peso. El gobierno de Moreno tiene ahora la oportunidad de empezar una vuelta hacia la legalidad o continuar profundizando en la persecución política, que sin duda alguna pretende que Paola Pabón no continúe al frente de la Prefectura de Pichincha.
Sea como sea todas las piezas que forman este ajedrez están nerviosas porque saben que el rey (Moreno) está en posición de jaque sin posibilidad de enrocarse, y por tanto, la cuestión es: ¿quién ejecutará el jaque mate? ¿El traidor será traicionado?
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