La Jefatura Superior de Policía de Catalunya. Memoria contra la impunidad y la tortura
La memoria democrática tiene un protagonismo creciente, hoy día, gracias a la vinculación de dos variables significativas: la coyuntura política y el relevo generacional, que provoca que las nuevas generaciones exijan superar el olvido y la falta de políticas públicas en el tema de la memoria.
Uno de los objetivos de esa memoria democrática es el interés por dignificar la memoria de los espacios vinculados a la represión durante la dictadura. Algunos ejemplos serían el proceso de resignificación del espacio de la Modelo, la prisión de mujeres de Les Corts, o el Castillo de Montjuic. También es el caso de la resignificación pendiente de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana de Barcelona. Se trata de un espacio de impunidad en el que tuvieron una actuación destacada los miembros de la VI Brigada Regional de Información Social (conocida como la brigada político-social), la auténtica policía política del franquismo. Y se trata del lugar en el que se produjeron los principales actos violentos contra miles de militantes antifranquistas.
Símbolo de la represión y la tortura
En 1929, el edificio de la Vía Layetana 43 fue transformado en la Prefectura Superior de Policía, dependiente del Ministerio de Gobernación. En 1931, con la proclamación de la Segunda República, el edificio fue traspasado a la Generalitat de Catalunya, para instalar la Comisaría de Orden Público.
Tras el final de la Guerra Civil, el régimen franquista incrementó su represión hacia los vencidos, y para ello creó, en 1941, la Brigada de Investigación Social, con la “Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía”, y la “Ley de Vigilancia y Seguridad”. Ante la consolidación de la oposición al régimen franquista, en 1946 se creó la Brigada Político Social y Servicios Especiales, bajo la dirección del subjefe de la Brigada Político-Social Pedro Polo Borreguero. La principal función de esta unidad era dar apoyo a la persecución y eliminación de los grupos de oposición antifranquista. Para realizar sus tareas, no dudaron en utilizar diversas técnicas de tortura y ejecuciones.
En 1955, Pedro Polo fue sustituido al frente de la unidad por los hermanos Antonio Juan y Vicente Juan Creix, que desmantelaron la guerrilla del PSUC en 1947, y que se habían especializado en la persecución de las diferentes ramas de la oposición antifranquista. El escritor Manuel Vázquez Montalbán definió a ambos hermanos como “profesionales de la humillación”. Antonio Juan Creix fue el escogido para ocupar el cargo de comisario responsable.
La comisaría estaba estructurada en grupos especializados: asuntos laborales, actividades catalano-separatistas, actividades comunistas, actividades anarquistas, trotskistas y sociales, y servicio universitario. Según los datos disponibles, en 1972-1974 la Brigada Político-Social tenía 120 funcionarios en plantilla, y el departamento de orden público adscrito tenía 79 más.
Durante la Transición no se llevó a cabo ningún tipo de investigación legal o depuración de las actividades de los miembros de la Brigada Político-Social, y la mayoría de sus funcionarios continuaron con sus carreras en la policía española “democrática”.
En 1978, la Brigada de Investigación Social, principal beneficiaria de la Ley de Amnistía 46/1977, fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información. Desde entonces, su principal tarea fue la lucha antiterrorista y la represión del independentismo. Sin embargo, su desaparición oficial no se formalizó hasta la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobada durante el primer gobierno socialista de Felipe González.
La reivindicación de un espacio de impunidad
La reivindicación de la Jefatura Superior de la Vía Layetana por parte de las asociaciones memorialistas, especialmente la Asociación de Expresos Políticos del franquismo, viene de hace tiempo. A partir de 2013 comenzaron los intentos de colocar una placa simbólica de memoria en ese lugar. Y en 2017 se aprobó en el Congreso una propuesta no de ley para convertir la Jefatura de Policía en un centro memorial, únicamente con el voto en contra del Partido Popular. Se trata de difundir el conocimiento y la memoria sobre la tortura policial practicada durante la dictadura.
La resolución aprobada por el Congreso establecía diferentes medidas que debían aplicarse en este contexto:
- El traslado de la actual dotación policial a otro centro, más moderno y adecuado.
- El traslado de una copia de los archivos históricos de la policía al Archivo Histórico Nacional de Catalunya, donde deben integrarse las fichas, atestados, declaraciones, órdenes, reglamentos internos, la correspondencia, etc.
- La transformación del edificio en un centro de denuncia de la impunidad y la tortura durante el franquismo.
- El inicio de las actuaciones necesarias para garantizar la conservación patrimonial del edificio, y su transferencia a la Generalitat de Catalunya y/o el Ayuntamiento de Barcelona.
- La elaboración de un proyecto de museiación para el edificio.
- La construcción de un monumento contra la tortura policial, aprovechando la prevista remodelación de la Vía Layetana.
Según algunos autores, actualmente en los archivos del Ministerio del Interior se conservan unas 100.000 fichas políticas redactadas en la época franquista. Otros archivos importantes de ese período, como los que identificaban a los miembros de la policía secreta que controlaban a los miembros de la oposición, lo más probable es que no se conserven y hayan sido destruidos.
La transformación de la comisaría en un espacio de memoria tiene como objetivo reproducir el funcionamiento de la prefectura durante aquellos años, en los que la tortura y la represión fueron su principal objetivo. Pero también tiene como objetivo rehabilitar a las víctimas y difundir los valores democráticos entre sus visitantes.
Este edificio tiene una gran relevancia como patrimonio material pero, sobre todo, desde el punto de vista del patrimonio memorial sobre las vivencias de los que sufrieron la represión. Gran parte de la historia de la resistencia antifranquista escribió sus páginas más sangrientas en los calabozos de la Vía Layetana. Por eso es importante recordar esa memoria. Aunque aquella policía franquista fuese amnistiada. Aunque sus herederos no toleren ni siquiera la presencia de un panel informativo, a la puerta del edificio, que explique su tenebrosa historia.
Si la memoria es, también, un acto de resistencia, el objetivo del proyecto de la Jefatura Superior debe ser el diálogo y el debate sobre un pasado de impunidad y violación de los derechos humanos, que se ha mantenido en la memoria privada, cuando no ha sido completamente silenciada.
Es necesaria la memoria contra la impunidad y la tortura.
Más de dos años después de la aprobación de la moción en el Congreso no se ha conseguido nada, más allá de la colocación de una placa que explica el funcionamiento y significado del edificio, y que ha sido repetidamente vandalizada desde su colocación.
La actual correlación de fuerzas en el Congreso hace que sea el momento más adecuado para dar un impulso definitivo a una reclamación de las asociaciones memorialistas y de la ciudadanía que aún no ha podido completarse.
