La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente los fallecimientos que se produjeron en las protestas del pasado mes de octubre en Ecuador.
Dichas muertes se produjeron bajo un uso excesivo y arbitrario de la fuerza a través de la acción de los Cuerpos de Seguridad del Estado ecuatoriano. El informe de la CIDH afirma además que dichas víctimas no suponían un peligro inminente para las fuerzas de seguridad.
El informe es demoledor para un gobierno que se considera democrático. El mismo denuncia un uso desproporcionado de la fuerza, abusos policiales, detenciones arbitrarias, ocultaciones de la información, estigmatización de la oposición y posibles ejecuciones extrajudiciales. Gravísimo.
Todo lo expuesto anteriormente sin duda alguna debería dar lugar a la dimisión inmediata de la ministra de interior, del ministro de defensa y, si tuviera algo de dignidad, del presidente del Ecuador Lenín Moreno.
Me atrevo a decir también que por inacción debería dimitir el presidente de la Asamblea, quién debió convocar a la misma para que, mediante mecanismos constitucionales, impedir la grave situación del país (muerte cruzada). Es la tercera vez que la CIDH en 30 días alerta sobre acciones efectuadas por el Estado ecuatoriano.
La primera sobre el otorgamiento de medidas cautelares sobre Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González. Tuvo que ser una jueza quien hiciera caso de la CIDH, denunciando al sector judicial por la injerencia de la fiscal general para perseguir a dicha jueza.
En segundo lugar las medidas cautelares que se otorgaron en favor del vicepresidente del Ecuador Jorge Glas Espinel, el plazo otorgado para esas medidas cautelares finaliza hoy día 15, y el Estado ecuatoriano juega al escondite.
Por último el informe emitido ayer sobre las protestas del mes de octubre que, como he expuesto, deben dar lugar a divisiones y convocatoria de elecciones.
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