Como respuesta al clamor popular de las manifestaciones en Chile, que lleva más de tres meses, el Gobierno de Sebastián Piñera ha violado sistemáticamente los derechos humanos por medio de la represión generalizada de los carabineros; una lógica de control que se expresa en la criminalización de la protesta y en detenciones desmedidas, ignorando el carácter político de la coyuntura y buscando silenciar las voces de quienes hacen parte de este momento histórico.
Cientos de esas voces se encuentran en las cárceles de Chile. Las condiciones precarias, las torturas, los abusos sexuales, la corrupción institucional y los tratos denigrantes como la violencia física y psicológica y el hacinamiento, son lógicas permanentes de estos centros penitenciarios, a los cuales se enfrentan hoy quienes en un acto político decidieron sacar la voz aquella primavera con la que Chile despertó.
Nicolás Toro, abogado de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre, habla sobre la gravedad de los casos respecto a los menores de edad detenidos a punto de cumplir 18 años, la premura del Estado por la criminalización de la protesta, además del carácter político que el Estado le ha negado a los prisioneros.
Toro estima que, desde el 18 de octubre, se han reconocido como presos políticos cerca de mil personas detenidas. La cifra del total de personas que han pasado por cárceles y centros de detención ilegales se considera puede llegar a los dos mil quinientos, sin embargo esta cifra no es exacta, “ya que la poca información entregada por organismos del Estado ha sido insuficiente y poco coherente, lo cual dificulta llevar un catastro adecuado de los casos”, expone el abogado.
La situación de los prisioneros políticos menores de edad es una de las mayores preocupaciones: “a nivel legal, el estatuto que se le aplica a los menores de edad se llama responsabilidad penal adolescente” expuso Toro. Esto implica un trato menos severo que el dado a un mayor de edad y se basa en criterios diferentes para determinar las cautelares. Lo alarmante es que existen casos en los cuales hay menores de edad que están por cumplir 18 años, lo cual generará un agravamiento de la judicialización.
A lo anterior se le suman los menores que fueron llevados al Servicio Nacional de Menores (SENAME) el cual ha sido denunciado varias veces por la crueldad de las condiciones a las que son expuestos las y los niños. “Las condiciones en el SENAME son terribles, ya se ha reconocido como una fuente estructural de violación a los derechos humanos”, planteó Toro.
Fueron los estudiantes secundarios los que lograron sacudir el camino que ya se venía arando, para que Chile despertara, manteniendo hasta el día de hoy el espíritu y la resistencia en su accionar.
En ese sentido no es casual que hace pocos días el Gobierno haya presentado varias querellas por ley de seguridad del Estado contra menores de edad, siendo inminente la persecución política. “Este caso se podría presentar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esto podría llevar al Estado ante una responsabilidad política internacional” aseguró Nicolás Toro.
Otro de los objetivos que busca alcanzar la Coordinadora es reivindicar el estatus de prisionero político. El Estado históricamente ha negado la existencia de presos políticos a pesar de que haya una Fiscalía especializada para ello y se apliquen normas con carácter absolutamente político. Incluso, la cárcel de máxima seguridad se creó para los presos políticos que lucharon en armas en los años 90’. Así, mientras por un lado se niegan los beneficios a los detenidos, por otro se aplican herramientas que confirman el carácter político de los prisioneros, una contradicción al servicio del gobierno. Según explicó el abogado.
En esta línea, Nicolás se refirió al ahínco con que todas las semanas son detenidas personas, siendo los viernes el escenario de mayor conflicto; sin embargo, durante diferentes actividades, hay detenciones que los medios de comunicación no registran. Así sucedió hace algunas semanas en Pudahuel, donde hubo una movilización en contra del Sistema de Ingreso Universitario y fueron detenidas más personas en calidad de prisioneros políticos.
Sumado a lo anterior Nicolás Toro expone que los tribunales se están viendo presionados por parte del Gobierno, en una clara decisión política por el contexto, aplicando la agravante de conmoción pública para dejar a los y las prisioneras políticas en la cárcel, cosa que antes del 18 de octubre no pasaba. “Esto refleja la falta de voluntad por generar la liberación de los prisioneros políticos” expresó.
Según explica Nicolás Toro, hay dos acciones concretas para trabajar por los prisioneros políticos: las acciones legales y la visibilización de los casos acompañada de la movilización ciudadana. “El camino para no olvidar a quienes han puesto el cuerpo y han sido privados de su libertad, es la movilización más allá de las acciones legales, porque en este momento el gobierno tiene las puertas cerradas” manifestó.
Cabe destacar que en el centro de Santiago se visibilizan más las represiones que en la periferia de la ciudad, donde la violencia de las represiones por parte de los carabineros pueda es más brutal, ya que la visibilidad de lo que ocurre en estas zonas es casi nula.
Lo anterior responde a un proceso de acumulación de fuerza muy grande que se gestó en diferentes periodos históricos de Chile, a la vulnerabilidad de estas zonas y a la lucha de clases que responde al obsoleto modelo capitalista chileno. Son los sectores empobrecidos, los estudiantes, el pueblo Mapuche y las poblaciones en las que el panorama de violencia estatal siempre ha prevalecido, son estos los actores que durante años han sacudido el campo de disputa en la historia de Chile para que hoy el grito sea colectivo. “Es la tensión del levantamiento popular” afirmó Nicolás.
La revuelta pone sobre la mesa la importancia de la movilización, de salir a las calles a exigir y a encontrarse, a hacer historia. “Lo que busca el Gobierno es responder con populismo penal, criminalizando la protesta con leyes como la ley Anticapucha, leyes que penalicen más las barricadas y distintas acciones que buscan asociar la capucha con un tema negativo”, explicó Nicolás Toro
“Esto tiene un carácter político muy fuerte, porque la capucha hoy en día es validada por el pueblo y el movimiento social, porque se valora la idea del combatiente que sale a luchar por los derechos de todos y todas y refleja la defensa concreta de la movilización y eso demuestra el aprendizaje rápido de la rebelión” agregó el abogado Nicolás Toro.
La movilización es el único camino para cambiar la historia; para la disputa de los derechos derechos cuando las vías institucionales se acaban; para que estén los que ya no están, Mauricio Fredes, Jorge Mora, Ariel moreno, todas y todos los caídos, los desaparecidos, los torturados y los prisioneros políticos que esperan no ser olvidados; para que la lucha y la resistencia por la dignidad continúe, para no abandonarlos en esta batalla diaria del encarcelamiento político y social.
La pertinencia del trabajo de la Coordinadora
En ese contexto se crea la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre, la cual surge de una necesidad concreta que es la masividad de la prisión política. La Coordinadora tiene como objetivos la liberación inmediata de los prisioneros y la denuncia del carácter político del encarcelamiento.
La Coordinadora está conformada por comisiones, una comisión jurídico y familiar que presta asesoría jurídica a las familias, una comisión de salud mental, una comisión de catastro que trabaja en la recopilación de la información de los prisioneros políticos, justamente por la falta de información presentada por el Estado, una comisión de acopio, para saber qué insumos se pueden ingresar para los presos políticos, y una comisión de finanzas.
Esta coordinadora agrupa distintas individualidades, colectivos, familiares; todos activan en pos de los prisioneros políticos. Realiza diferentes actividades, foros y acciones sobre el tema. En esa misma línea, la Coordinadora se ocupa de generar un espacio de contención jurídica y de acompañamiento con los familiares en el proceso de comprensión del carácter político del encarcelamiento.
