Honduras: represión y presos políticos

La continuación de la dictadura en Honduras lleva a cabo una represión política contra quienes se le oponen por medios pacíficos.

Una madrugada del 2009 sorprendió a Honduras con un golpe de Estado por el que Manuel “Mel” Zelaya fue sacado de su residencia violentamente y obligado a salir del país. Este suceso marca el inicio de una etapa de represión y persecución política promovida desde el poder hondureño.

En los periodos presidenciales que sucedieron al Golpe de 2009, y a la dictadura de Roberto Micheletti, los dirigentes políticos que se han organizado para denunciar las arbitrariedades y atentados contra el bienestar del pueblo han sido perseguidos, privados de libertad u obligados al exilio.

Los 8 de Guapinol

Daniel Márquez, Kelvin Romero, Arnol Aleman, Ewer Cedillo, Abelino Cedillo, Porfirio Sorto, Orbin Hernández, Jeremías Martínez, conforman un grupo de defensores del río Guapinol, una curso de agua afectado por la actividad minera en el departamento de Colón en Honduras.

Desde el 2019 los defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras se encuentran detenidos en prisión preventiva, luego de que una jueza les dictara auto de formal procesamiento por los delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad.

Estos luchadores sociales fueron recluidos en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, y posteriormente trasladados a un centro penal más cercano a su caserío, hasta el momento no hay avances en el proceso penal y les han sido rechazadas las solicitudes de medidas menos infamantes.

Luchadores contra la privatización

En el 2019, la Plataforma para la defensa de la educación y la salud de Honduras organizó protestas contra los decretos presidenciales que privatizaban el acceso a estos Derechos Humanos.

En el marco de estas protestas se produjo el incendio de neumáticos relativamente cerca de la Embajada Norteamericana en Tegucigalpa, por este hecho, calificado como un “intento de agresión a una sede diplomática” ocurrió la detención del estudiante universitario Rommel Herrera Portillo.

De acuerdo a lo informado por el Comité de Familiares de detenidos y desaparecidos de Honduras (COFADEH), no existen pruebas suficientes que impliquen a Herrera Portillo con la agresión a la sede diplomática de EEUU, e igualmente señalan como sospechoso el escaso resguardo de ese recinto en el momento de los hechos.

Finalmente, Herrera Portillo es condenado por incendio agravado, y se encuentra esperando sentencia en una cárcel de alta seguridad de Honduras.

Persecución post fraude electoral

La convergencia contra el Continuismo y el Comité Pro liberación de los presos políticos en Honduras son organizaciones populares que denuncian la criminalización de las protestas, y denuncian graves violaciones al debido proceso contra un grupo importante de líderes sociales desde que se produjera el fraude electoral de 2017.

Cinthia Aguilar, integrante de estos movimientos, señala que la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales instruye 178 procesos penales contra líderes sociales sin que la ley le otorgue competencias para conocer de casos por razones de ideas, de igual forma, las audiencias a ese grupo de procesados son llevadas en instalaciones militares como si se tratara de grupos de crimen organizado.

En la actualidad, los comités pro liberación de presos políticos exigen la libertad no solo de quienes de alguna forma se manifestaron contra el fraude de 2017, también exigen la liberación de otros presos políticos asociados a la lucha por derechos estudiantiles y por los derechos a la tierra y el territorio.

Entre los presos políticos que estos comités exigen sean excarcelados, están Víctor Joseth Castillo quien se encuentra preso en la Cárcel de Choluteca, así como Víctor Vásquez y Noel Vigíl, detenidos en la ciudad de Marcala.

Estos presos políticos además de no tener garantías procesales, están siendo sometidos a toda clase de tratos inhumanos y degradantes.

En el exilio

Edwin Urbina Ayala, es un estudiante de historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que integraba el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), tuvo que salir de su país a finales del 2017.

Urbina Ayala, había sido previamente perseguido, detenido por interrogatorios, sometido al escarnio público y amenazado por las fuerzas represivas del orden público hondureño, este estudiante solicitó asilo en Costa Rica, donde aún se encuentra exiliado.

Después de su salida del país, las autoridades de Honduras han promovido sin éxito su extradición.