Análisis de las medidas contra el coronavirus anunciadas por Pedro Sánchez

Hace unas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salía en televisión para anunciar un paquete de medidas económicas que toma el Gobierno desde que empezara la crisis del Covid-19. Anunciaba que el Gobierno destinará 200.000 millones de euros para intentar contrarrestar las consecuencias sociales y económicas que ha traído el Covid-19. Lo que equivale aproximadamente a un 20% del PIB del país.

Cara y cruz de una misma moneda

Aunque haya sido Pedro Sánchez quien ha dado la noticia, estas medidas han sido tomadas y debatidas en el Consejo de Ministros, compuesto por los diferentes socios de Gobierno. Algo a tener en cuenta a la hora de analizar las iniciativas que hoy han anunciado. Todas las medidas que se expondrán a continuación están recogidas en un real decreto de cuarenta y cinco páginas.

El Gobierno invertirá 200.000 millones de euros para paliar el impacto económico y social de la situación actual, a raíz de la crisis mundial creada por el Covid-19. Esta inversión viene acompañada por un paquete de medidas que desgrana y explica cómo serán gestionadas esas ayudas.

  • Avales y liquidez para empresas. En un principio se prevé una inversión de 100.000 millones de euros. Aunque es una medida que permitirá movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones de euros. Esto se daría sumando la colaboración del sector privado. Está pensada para evitar que las empresas se vean empujadas al cierre por falta de liquidez.
  • Moratoria de hipotecas. Quiere garantizar el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Podrán acceder a ella los deudores hipotecarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que vean reducidos sus ingresos por el contexto actual. Una medida para la vivienda habitual de los trabajadores y autónomos en situación de vulnerabilidad económica. Para los trabajadores que pierdan su empleo por la crisis actual. También podrán acceder a ella los autónomos que sufran una caída drástica de sus ingresos. La duración de la moratoria sería de uno a tres meses. El Consejo de Ministros ha debatido la posibilidad de ampliar la moratoria a los alquileres, de momento no han llegado a un acuerdo.
  • Agilizar ERTEs y derecho a paro. Consiste en flexibilizar los expedientes de regulación de empleos temporales (ERTE) -esta medida ha sido demandada por los empresarios-, que posibilite el cobro de la prestación por desempleo, aunque no se cumplan los requisitos y no gastará los derechos de prestación hasta ahora acumulados -medida exigida por los sindicatos-.
  • 600 millones a prestaciones sociales. El Gobierno dará una partida de prestaciones básicas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Con una especial atención a la asistencia sanitaria de personas mayores, colectivos vulnerables y personas dependientes. Trescientos millones serán destinados a la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos usen su superávit en partidas de atención social.
  • Blindar empresas ante compras extrajeras. El Gobierno ha adaptado la normativa sobre las inversiones extranjeras con el objetivo de que empresas de fuera de la Unión Europea, aprovechando su caída en bolsa, no se hagan con el control de las empresas españolas.
  • Garantizar los servicios esenciales. Este decreto incluye la prohibición de cortar los suministros básicos como lo son el agua, la luz, el gas…
  • Prestación a autónomos por cese de actividad. Se trata de una prestación extraordinaria a la que pueden acceder todos los autónomos con grandes pérdidas generadas por el cese de actividad. Quedarán exonerados de pagar la cuota de la Seguridad Social. Tendría una duración de un mes, con posibilidad de prórroga. Se calcula con el 70% de la base reguladora o con el mismo porcentaje de la base mínima. También podrán acceder a ella los autónomos cuya facturación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación a la facturación del semestre anterior.
  • Reducción por el cuidado y el teletrabajo. Esto permitirá a los trabajadores la adaptación de su jornada laboral, cuando su presencia sea necesaria para atender a otra persona, ya sea por razones de edad como por razones de enfermedad o discapacidad. Se exige acreditarlo. El derecho es individual en cada progenitor. Con esto, se pretende configurar un conjunto de garantías para evitar la aplicación de sanciones por falta de asistencia ante la necesidad de atender a personas que por una u otra razón dependen de ellos. No establece la figura de una prestación de la SS que compense esta reducción.
  • Investigación de la vacuna Covid-19. El Ejecutivo destinará treinta millones de euros a la investigación de una vacuna para curar el Covid-19. Lo recibirán los laboratorios españoles que investigan la vacuna. Irá destinado a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III de Madrid (ISCIII).
Evaluación del paquete de medidas

El ejecutivo está formado por varios partidos, aunque los socios principales sean el PSOE y Unidas Podemos (UP). Algo que se refleja en el paquete hoy presentado. Este paquete de medidas recoge medidas favorables para los trabajadores y medidas favorables para los empresarios. Algunas de las medidas antes explicadas están en el programa de Unidas Podemos. Otras son las que se esperan de un partido con propuestas neoliberales, como lo es el mayoritario en el gobierno.

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En el Consejo de Ministros del sábado pasado, Pablo Iglesias le hacía algunas exigencias a Pedro Sánchez; le pedía un plan ambicioso que no dudara a la hora de aplicar los estímulos con una gran dotación económica para enfrentarse a las consecuencias económicas y laborales derivadas de esta crisis. Este paquete de medidas recoge las dos caras de la moneda, o mejor dicho, la cara y la cruz.

Por un lado tenemos medidas que ayudan a las pymes, a las cuales exonera del 100% de las cotizaciones, siempre y cuando mantengan el empleo. O el 75% para el resto de las empresas que mantengan sus plantillas.

También contempla medidas para las cuotas de los autónomos si estos sufren una caída de su cifra de negocio. Intentan aliviar los costes laborales de los pequeños negocios. Se han reformulado las condiciones de despido, permitiendo aplicar reducciones de jornada.

A su vez, posibilita los trámites de ajuste de plantilla rápidos en cinco días y será el Estado el que se encargue de los gastos del desempleo. Se garantiza la prestación por cese de actividad a raíz del coronavirus, el paro de los autónomos (lo que es una obligación legal en situaciones que se dan causas de fuerza mayor).

Respecto a los plazos retributivos, el Ministerio de Hacienda relaja los plazos de los procedimientos tributarios, mientras dure el estado de alarma. Con las medidas aprobadas hasta ahora el Gobierno calcula que inyectará 75.000 millones de liquidez.

Las líneas de liquidez estarán a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas con condiciones muy ventajosas. El dinero invertido está en estudio y la cifra irá adaptándose a la gravedad económica y a las necesidades empresariales. Se empezará con 20.000 millones que se podrán ampliar a 50.000 millones de euros. Este dinero lo aportan los bancos privados y el Estado lo avala a través de ICO.

Suspenso

El paquete para hacer frente a la crisis del Covid-19 es insuficiente. La mitad del dinero será usado para ayudar a las empresas. Otra parte, se invertirá en los ERTEs. Si se compara con las medidas que se tomaron en la crisis de hace ya más de una década, son algo mejores para la mayoría social. Se notan diferencias de aquellas medidas tomadas por el dúo PP-PSOE, donde la sociedad acabó pagando la deuda y las que se han tomado con el Gobierno de PSOE y UP. Aún así, resultan insuficientes y se han tomado tarde.

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En otros países han acabado tomando medidas más eficaces, en cuanto a la situación laboral de la parte de la sociedad afectada por el coronavirus. Como por ejemplo en Italia, donde el Gobierno ha prohibido los despidos durante dos meses con el fin de que las empresas no manden al paro a sus trabajadores. Lo que viene sucediendo desde que el Gobierno, tanto los de las diversas Comunidades Autónomas como el central, decidiera cerrar los centros educativos. Uno de los primeros sectores que fue afectado es el de los comedores de los centros educativos.

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